• Rosendo Sánchez Solís, contaba con 45 años de edad y era estibador. Martín Rocha, contaba con 16 años de edad, y también era estibador en el Mercado de Abastos. No tienen parentesco.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.- Los cuerpos de los ejecutados el viernes en las inmediaciones de la clínica 50 del IMSS fueron identificados por sus familiares, se trata de estibadores que laboraban en el Centro de Abastos, los parientes que llevaron a cabo el reconocimiento, se mostraron muy herméticos en cuanto su lugar de procedencia.

Ayer por la mañana, al Servicio Médico Legista se presentaron los familiares de los dos hombres ejecutados e indicaron que uno de ellos llevó en vida el nombre de Rosendo Sánchez Solís, contaba con 45 años de edad y era estibador, y como se mencionó con anterioridad, falleció de un balazo en la cabeza.

El otro llevó en vida el nombre de Martín Rocha, contaba con 16 años de edad, también estibador en el mercado de Abastos; no había parentesco entre los dos ejecutados.

Los familiares de las víctimas se mostraron muy herméticos y optaron por no proporcionar más información sobre las actividades que realizaban los dos individuos, así como si tenían algún enemigo que pretendiera ultimarlos.

Dejaron entrever que no son de ésta ciudad y que serían trasladados a bordo de un vehículo de carga a su ciudad natal, pero se negaron a proporcionar mayores datos.

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia en el Estado no ha proporcionado ningún avance en las investigaciones, por lo que se desconoce el móvil y la identidad de quienes ejecutaron a Rosendo Sánchez Solís y Martín Rocha.

CNDH: CASI 9 MIL MUERTOS SIN IDENTIFICAR.

• La edad de los occisos oscila entre los 20 y los 60 años y la mayoría eran originarios de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Durango, estados donde hay elevados índices de violencia.
• A esa cifra se suman cinco mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas y/o ausentes.

CIUDAD DE MÉXICO. D. F.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró de 2006 a la fecha, ocho mil 898 personas muertas que no han sido identificadas por las autoridades de procuración de justicia ni por los diversos servicios médicos forenses.

A esa cifra se suman cinco mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas y/o ausentes.

El organismo informó en que los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tratan de reunir toda la información disponible para conocer el paradero de las personas extraviadas y/o ausentes e, incluso, en muchos casos cruzan los datos con los reportes de personas fallecidas no identificadas.

Información proporcionada por el programa de presuntos desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a EL UNIVERSAL, revela que 80% de las personas fallecidas no identificadas, perecieron en hechos violentos o en accidentes y no fue posible conocer su identidad debido a las deficiencias que existen en materia forense en algunas entidades o zonas.

Tomás Serrano, director del programa de presuntos desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, especificó que del total de personas muertas que no han sido identificadas, 663 son mujeres y siete mil 211 son hombres; el resto de los casos, mil 24 cuerpos, están reportados con sexo indeterminado.

Informó que la edad de esas personas oscila entre los 20 y los 60 años y la mayoría eran originarios de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Durango, estados donde hay elevados índices de violencia.

POCAS PRUEBAS DE ADN.

Serrano atribuyó la falta de identificación de estos cadáveres, a que sólo en la mitad de las procuradurías generales de justicia de los estados realizan las correspondientes pruebas de ADN, pese a que este procedimiento es de aplicación obligatoria en todo el país.

El funcionario dijo que tampoco se ha podido elaborar un registro nacional de personas extraviadas y fallecidas no identificadas, debido a que 15% de las procuradurías generales de justicia de las entidades se niegan a dar información sobre los cadáveres que se encuentran en sus jurisdicciones u ofrecen datos incompletos, además de que, en los casos relacionados con la violencia, el crimen organizado deja los cuerpos irreconocibles o ni siquiera deja los restos.

ONU EXIGE BASE DE DATOS.

“El problema es que las procuradurías no dan, en el mayor de los casos, la información que se les pide, no aportan la averiguación previa ni nada que nos permita vaciar un indicador. En el mejor de los casos, nos mandan el acta de defunción y de ahí no se pueden obtener muchos datos. Algunas instituciones argumentan que no cuentan con el soporte científico para vaciar los datos de identificación. Otros nos dicen que por su situación económica no pueden tener una base de datos”, explicó el especialista Tomás Serrano.

Al respecto, el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas recomendó al Estado mexicano que elabore un protocolo de búsqueda inmediata de las personas reportadas como extraviadas o víctimas de desaparición forzada, a fin de que se haga un plan de localización inmediata y se cuente con personal especializado en la exhumación e identificación de restos mortales.

NO HAY REGLAS CLARAS.

Los expertos sugirieron elaborar una base de datos con información sobre las personas desaparecidas, incluyendo los datos sobre el ADN y muestras de tejidos para ayudar a su pronta identificación.

Luego de su visita realizada a México del 18 al 31 de marzo pasado, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encontraron que en el país “no existen reglas claras para realizar procesos de exhumación e identificación de restos mortales, así como tampoco para su almacenamiento”, señalaron en su informe preliminar.