¡ENCUBRIDOR!

• ES NECESARIO QUE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA SOLICITE AL CONGRESO DEL ESTADO EL CESE INMEDIATO DEL AUDITOR HÉCTOR MAYORGA, POR SU FALTA DE PROBIDAD Y ÉTICA AL HABER FALSEADO EL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA DEL 2009 QUE LE PRACTICÓ A ESA DEPENDENCIA ESTATAL, Y EN EL QUE DICTAMINÓ QUE SALIÓ LIMPIA Y SIN OBSERVACIONES DE IMPORTANCIA QUE SOLVENTAR.

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE. Octubre 23, 2011.

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- Para que las pruebas de los delitos que se le cargan a una de los operadores políticos más eficientes e intrigosos del gobierno de Marcelo de los Santos sean contundentes en el proceso penal que se le instruye; para que los señalamientos de peculado, uso indebido de la función pública y asociación delictuosa que se le fincan a la ex coordinadora de Comunicación Social del gobierno panista, María Luisa Paulín Hernández, tengan validez; para que por lo menos a su defensa se le dificulte acreditar su inocencia; es necesario que el Procurador General de Justicia solicite al Congreso del Estado el cese inmediato del auditor Héctor Mayorga, por su falta de probidad y ética al haber falseado el informe final de la auditoría correspondiente a la cuenta pública del 2009 que le practicó a esa dependencia estatal, y en el que dictaminó que salió limpia y sin observaciones de importancia que solventar; pues sin este requisito pesará más en el ánimo de los juzgadores - en el momento de definir su situación jurídica - el resultado oficial de la auditoría de Mayorga que el de la auditoría externa que contrató el Gobierno del Estado con un despacho de contadores de gran prestigio de la ciudad de México, que sirvió de base para integrar la averiguación previa y en la que se concluye que la ex vocera es responsable de malos manejos.

La denuncia penal no puede proceder si no se resuelve antes que el informe de Héctor Mayorga es falso.

Esta es la oportunidad para deshacernos de un auditor que tanto daño le ha hecho a la credibilidad del organismo fiscalizador, y es también el momento para reglamentar la compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación.

El caso de la periodista pasa a segundo término ante la gravedad de las actuaciones del funcionario, y ante la necesidad de establecer un código de conducta con la prensa potosina; aunque no hay que perder de vista que el expediente judicial de la ex compañera del gabinete en el que laboró Toranzo está impregnado de un tufo de represión política por las opiniones y críticas que vierte en su página electrónica, y también de oportunismo electoral porque con este golpe se pretende eliminar de la contienda a su ex jefe que aspira a una curul en el senado, pues sólo así se explica que hasta después de dos años de que concluyó su encargo como directora de la oficina responsable de difundir la información gubernamental, se active el aparato de justicia y se ejerza acción penal en su contra; independientemente de que Marcelo de los Santos consentía los ilícitos que se cometen en esa oficina para promover la imagen del gobernante y opacar las críticas de los opositores.

El encarcelamiento de María Luisa Paulín nos obliga a revisar el gasto que se ejerció en el 2010 en difundir la imagen del gobierno del doctor Fernando Toranzo.

Los números nos sirven de punto de referencia para comparar ese gasto con el de su antecesor, y si éste cumplió su compromiso de austeridad.

En el informe final de la auditoría consta que se aplicaron 59 millones 527 mil pesos en ese objetivo; casi la misma cantidad que se destinó en el 2009 en el gobierno de Marcelo de los Santos, el del “culto a la personalidad”, pues reporta un gasto de 62 millones 486 mil pesos.

En las conclusiones de la auditoría externa que dio a conocer el contralor Alfonso Anaya hace más de un año, no precisó el monto de las observaciones que le correspondían a la también ex jefa de prensa del Partido Revolucionario Institucional, pero nos hizo ver que los auditores contradecían el dictamen absolutorio de Mayorga, y anunció en esa fecha la apertura de los procedimientos administrativos y penales para determinar su responsabilidad y aplicar las sanciones que correspondían.

Reveló que Sifra, el despacho contratado, detectó más de 100 millones de pesos de presuntas irregularidades derivadas de desvío de recursos, omisiones administrativas y adjudicaciones que debieron ser licitadas, en las que estaban involucradas principalmente la Junta Estatal de Caminos, la SEDUVOP y la Coordinación de Comunicación Social.

En el informe de auditoría de Mayorga señala que la Coordinación de Comunicación Social en el 2009 no llevaba contabilidad porque el registro de todas sus operaciones las realizaba de manera directa la Secretaría de Finanzas, como actualmente ocurre, y que sólo manejaba un fondo revolvente de 80 mil pesos que se destinaba para viáticos del personal que colaboraba en las giras de trabajo; por eso no cuadra que ahora a la señora Paulín se le adjudique un hurto de caudales del estado por 33 millones de pesos, más de la mitad del presupuesto ejercido; a menos que haya tomado recursos de otras dependencias y en este caso los responsables serían los titulares de esas áreas.

Todos los pagos a los medios de comunicación se efectuaron a través de Finanzas.

El personal que se componía de 44 personas también cobraba en Finanzas.

El informe reporta que los gastos de propaganda ascendieron a 26 millones 399 mil pesos y los de ceremonial a 5 millones 22 mil pesos, que en su gran mayoría corresponden a los de transición del Poder Ejecutivo; más 1 millón 589 mil pesos de gastos de representación. También nos participa que en el sexto y último informe del gobernador panista se gastaron 3 millones 246 mil pesos.

En el informe oficial de la cuenta pública del 2010, ya con el doctor Toranzo, el mismo auditor dictaminó que en gastos de propaganda se erogó la suma de 33 millones 978 mil pesos; y en su primer informe de gobierno se aplicaron 3 millones 666 mil pesos.

El fondo revolvente del nuevo titular, Juan Antonio Hernández Varela, se incrementó a 120 mil pesos y el número de trabajadores se redujo a 42 empleados, dos menos que el gobierno anterior.

Sin embargo, los gastos de ceremonial cayeron a 600 pesos y los de representación a 680 mil 134 pesos.

En el proceso de desahogo quedaron pendientes de solventar 4 observaciones intrascendentes, una más que María Luisa Paulín; por lo que podemos concluir que gracias a los buenos oficios de Mayorga, las cuentas del gobierno de Marcelo en el 2009, como las de Toranzo en el 2010 son ejemplares e inmaculadas.