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●   Obsequian el Juzgado Sexto del Ramo Penal, una orden de aprehensión en contra de la ex Presidenta Municipal de la Ciudad Capital, Victoria Labastida Aguirre

●   Los otros cuatro funcionarios involucrados son el tesorero de esa administración, Agustín Soberón Álvarez; el secretario del ayuntamiento, Emigdio Ilizaliturri Guzmán; Luis Miguel Ávalos Oyarvides, regidor y alcalde interino y la contralora interna municipal, Glafira Ruiz Leura.

●   Tras investigar las irregularidades registradas en la administración 2009-2012, la Auditoría Superior del Estado detectó irregulares atribuidas a los cinco funcionarios por 464.8 millones de pesos, por lo que inició en abril de 2014 el proceso administrativo de responsabilidad ASE-AEL-PAR-29/12, a partir del cual, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios involucrados.

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 El Juzgado Sexto del ramo Penal, obsequió órdenes de aprehensión en contra de la ex alcaldesa capitalina Victoria Labastida Aguirre, y otros cuatro funcionarios de primer nivel.

Un portavoz del gobierno de San Luis Potosí, confirmó la información.

Los otros cuatro funcionarios involucrados son el tesorero de esa administración, Agustín Soberón Álvarez; el secretario del ayuntamiento, Emigdio Ilizaliturri Guzmán; Luis Miguel Ávalos Oyarvides, regidor y alcalde interino y la contralora interna municipal, Glafira Ruiz Leura.

La información de la que se dispone indica que los delitos por los cuales se emitieron las órdenes de aprehensión son peculado y uso indebido de la función pública, entre otros.

Tras investigar las irregularidades registradas en la administración 2009-2012, la Auditoría Superior del Estado detectó irregulares atribuidas a los cinco funcionarios por 464.8 millones de pesos, por lo que inició en abril de 2014 el proceso administrativo de responsabilidad ASE-AEL-PAR-29/12, a partir del cual, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios involucrados.

El caso casi no avanzó durante el recién finalizado gobierno de Fernando Toranzo Fernández, y no fue hasta que, ya iniciada la nueva administración estatal, la PGJE obtuvo del Poder Judicial del Estado las órdenes de aprehensión. Actualmente, elementos de la Policía Ministerial buscan a los funcionarios para cumplimentarlas.