●Acuden funcionarios que forman o formaron
parte de las dependencias estatales que aún tienen pendientes, así como de
municipios. Los presuntos responsables, aportarán elementos de defensa.
●Una vez valoradas las pruebas, la ASE
emitirá resolución determinando la existencia o no de responsabilidad.
●Paralelamente, las contralorías internas
deben proceder por observaciones que no causan daño a la hacienda pública.
San Luis Potosí, México. 25 │
09 │ 2019 │ ● A la
par del avance que la Auditoría Superior del Estado lleva en la revisión de las
Cuentas Públicas 2018, en estos momentos los auditores se encuentran además
dando seguimiento a las observaciones financieras que causan daño a la hacienda
pública, relacionadas con los resultados de las Cuentas Públicas 2016. Lo
anterior con base en lo dispuesto por la Ley de Auditoría Superior del Estado;
normativa que aplica en la fiscalización del mencionado ejercicio.
Como parte del procedimiento,
los presuntos responsables, que pueden formar parte de las diferentes
dependencias estatales o de los municipios, acuden a las audiencias previstas
por la Ley de Auditoría, para que opongan defensas, ofrezcan pruebas y realicen
los alegatos que a su derecho convengan, relativos a las observaciones
notificadas. Una vez valoradas estas manifestaciones y pruebas ofrecidas por
los presuntos responsables, la ASE estará en posibilidades de emitir la
resolución correspondiente, determinando la existencia o no de responsabilidad,
para en su caso, proceder al fincamiento de las sanciones respectivas.
Paralelo a estos
procedimientos que la ASE lleva a cabo, los órganos internos de control
adscritos a cada ente auditable, están obligados a atender conforme a ley, las
observaciones administrativas que no causan daño a la hacienda pública.
Las labores que la ASE efectúa
en relación con el fincamiento de responsabilidades derivadas de la revisión al
ejercicio 2016, ocurre una vez que el Congreso del Estado aprobó los informes
finales de auditoría correspondientes a los tres poderes del Estado, 57
municipios, 11 sistemas municipales DIF, 23 organismos descentralizados
municipales de agua, tres institutos municipales de vivienda y cinco organismos
autónomos.
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