●Dip. Martha Barajas García, presentó una
iniciativa que propone modificaciones al código penal del estado de San Luis
Potosí.
San Luis Potosí, México. 21 │
09 │ 2019 │ ● Con
el propósito de sancionar a quien obligue
a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que
impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le impongan obligaciones a
éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en
una empresa o institución pública o privada, la diputada Martha Barajas García,
presentó una iniciativa que propone adicionar la fracción V al artículo 258 del
Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
Explicó que su iniciativa,
busca establecer que esta práctica se configure como un delito que se sancionará con una pena de uno a cinco años
de prisión y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la
unidad de medida y actualización.
Señaló que hacer firmar en
blanco a un trabajador es muy recurrente de los patrones al momento de
contratar trabajadores, que se les obligue a firmar su renuncia, sin fecha o
algún documento en blanco, que posteriormente llena el patrón al momento de
despedirlos, lo cual implica renuncia de sus derechos como trabajadores. “Esta
práctica vejatoria que utilizan los patrones es con el objeto de condicionar al
trabajador el acceso a un empleo, haciendo que el operario renuncie a sus
derechos más elementales”.
Por lo anterior, la
legisladora, recordó que la propuesta de adición al artículo 258 del Código
Penal del Estado, de San Luis Potosí, establecería que comete el delito de uso
de objeto o documento falso o alterado, quien, dolosamente hace uso de un objeto
o documento falso o alterado y pretende que produzca efectos legales. Además,
se considera que para eximirse de un servicio o de una obligación impuesta por
la ley, aduce una enfermedad o impedimento que no tiene y para ello se vale de
una certificación que resulta falsa.
La presidenta de la Comisión
del Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura, diputada Martha Barajas
García, advirtió que este tipo de prácticas en muchos casos la justifican los
empleadores como una forma de proteger a la empresa u organización; con lo que
el patrón podría ahorrarse el pago de derechos al trabajador, como lo es una
liquidación justa. Sin embargo, “se debe considerar que esta práctica es
abusiva y rapaz, por lo que debe erradicarse pues genera inseguridad laboral, y
un estado de indefensión para el trabajador que pierde su forma de sustento y,
por lo tanto, su estabilidad económica. Estos hechos solo confirman que las y
los trabajadores son un grupo en situación de vulnerabilidad que, por su
dependencia económica, su situación de subordinación y su necesidad económica,
es constantemente abusado por los patrones o superiores jerárquicos”.
Por último, destacó que
también se plantea sancionar a quien conociendo su falsedad (documento), haga
uso de los sellos o de los objetos para engañar a un trabajador. Además, a
quien emplee sellos verdaderos en objetos falsificados para hacerlos pasar como
legítimos. Puntualizó que se igual forma se sancionaría a quien obligue a los
trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que
impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le impongan obligaciones a
éste, con el fin menoscabarlos o anularlos.
La iniciativa fue turnada a
comisiones para su análisis y posible aprobación para posteriormente turnarla
al pleno del Congreso del Estado para su discusión.
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