EL EMPRESARIO ESPAÑOL, ABELARDO URIEL RODRIGUEZ, APLASTA LA LIBERTAD SINDICAL DE 120 OBRERO DE PROYCAL
Escribe | Érika Herrera
EL EMPRESARIO ESPAÑOL, ABELARDO URIEL RODRIGUEZ, APLASTA LA LIBERTAD SINDICAL DE 120 OBRERO DE PROYCAL. Escribe | Érika Herrera. San Luis Potosí, México.- Aquí, ser obrero y pedir mínimas condiciones al patrón de trabajo, es un delito y debe castigarse. Las demandas de libertad sindical, condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, salario justo: son letra muerta para el Tribunal laboral potosino, que interpreta la Ley Federal del Trabajo a su manera para someter a los obreros a un esclavismo moderno.
San Luis Potosí, México.- Aquí, ser obrero y pedir mínimas condiciones al patrón de trabajo, es un delito y debe castigarse.
Las demandas de libertad sindical, condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, salario justo: son letra muerta para el Tribunal laboral potosino, que interpreta la Ley Federal del Trabajo a su manera para someter a los obreros a un esclavismo moderno.
La clase obrera potosina vive sus peores momentos, como quizá hace más de 200 años, cuando trabajadores rebeldes –los mineros de Cerro de San Pedro- en la época de la colonia eran perseguidos, encarcelados y otros, ajusticiados en la Plaza de Armas con castigo de latigazos o desmembramiento de sus extremidades con tiro de bestias, por el único delito de pedir pan, por órdenes del sanguinario visitador José de Gálvez en mayo de 1767. De esa época a la actual, tal parece que poco ha cambiado, emplearse en la zona fabril de la capital potosina es como contratarse con el propio diablo para entrar a su infierno y someterse a la explotación más descarnada y cruel, sin posibilidad de que algún día mejore su situación laboral.
“Nada más cinco minutos aguanto y me salgo; descanso una hora, porque soldar en los hornos es como trabajar en el infierno. Nos comenta un joven obrero de Proyectos y Caldererías (Proycal) que junto con sus compañeros trabajadores cumple un mes en plantón frente a Palacio de Gobierno en esta ciudad, exigiendo libertad sindical porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, que dirige Miguel Cardoza Mora, impide mediante chicanas y maniobras su libertad sindical.
“Trabajar en esta empresa es muy duro y cruel, sufrimos mucho, yo soy soldador especializado de Proycal, me mandan trabajar a otras empresas de la zona industrial, donde existen muchos riesgos y accidentes de trabajo, por ejemplo me mandan a soldar en los hornos de la Fábrica de Envases de Vidrio, FEVISA, donde hay mucho calor en su interior, con temperaturas de más de 1000° C y es un infierno, no se soporta el calor; adentro las suelas de los zapatos se hacen chicle, yo solo aguanto 5 minutos soldando ahí y me salgo, y descanso una hora para recuperarme, cuando estás adentro no piensas mucho, solo quieres salir de ahí; te sofocas, el calor en el cuerpo y en los ojos es insoportable”. Nos describe el trabajador.
Justo Hernández, que tiene laborando 17 años en este lugar, con problemas de audición provocado por la exposición a los fuertes ruidos que se generan en ésta empresa por la colisión de los marros y cizallas gigantes para cortar o triturar placas metálicas de diversos calibres y la manipulación de la esmeriladoras y otras herramientas, nos comenta. “En Proycal existen muchos accidentes y riesgos de trabajo, hay muchos compañeros que tienen enfermedades en los pulmones y hasta cáncer, por estar expuestos a respirar sin protección alguna, gases tóxicos como lo es, bióxido de carbono, el argón; arenas sílicas, o los solventes que se utilizan en la pintura; hay momentos, en que la nave donde trabajamos ya no se puede ver, por la densa nube de gases dañinos que recorre toda la planta, por ésta situación algunos compañeros tienen dañados sus pulmones, y por las noches en su casa tienen que conectarse a un tanque de oxígeno para ir a trabajar el día siguiente.
Todo esto existe en Proycal y más, porque la empresa no tiene interés de dar adecuadas condiciones de seguridad a los compañeros, y pretende que ya de viejos y enfermos mejor renuncien forzadamente para no pagar indemnización o incapacitarlos por invalidez”. Denuncia don Justo, que éstas anomalías e inseguridad que padecen los obreros se debe a que funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la STPS, cuando visitan a Proycal no revisan ni inspeccionan las condiciones inhumanas en que laboran, “cuando van los del Seguro o los de la STPS, se ponen de acuerdo con el patrón y ese día no trabajamos, solo nos ponen hacer limpieza y nos hacemos güeyes, para que reporten que no hay ruido, ni solventes venenosos; ni riesgo de trabajo alguno y que estamos “muy contentos”, pero nada más se van y sigue el infierno”.
UNA SALIDA…
Explica Justo Hernández, que por las condiciones de inseguridad y riesgos de trabajo en que laboran, por los bajos salarios, y que no les pagan sus utilidades, decidieron formar su organización sindical para resolver sus demandas ante el patrón, pero que han batallado mucho desde hace más de una década, “recuerdo que por la dura situación en que nos ocupamos en Proycal, hace como diez años, algunos compañeros buscaron asesoría con unos abogados para formar un sindicato y poder defendernos, nos pidieron dinero para apoyarnos y todo fue un fracaso, porque esos canijos sólo se llevaron la lana, y nos denunciaron con el patrón, para que corrieran a los que querían sindicato, y así duramos muchos años, “aparentemente”, sin sindicato, y sumando atropellos a nuestros derechos laborales por parte de los dueños de la empresa, la “gota que derramó el vaso”, fue en mayo del 2012, que corrieron a dos de nuestros compañeros, solo por pedir, el reparto de utilidades que por ley nos corresponden, fue en ese momento que decidimos luchar por tener nuestra organización sindical y buscamos la asesoría del Sindicato Nacional Industrial de Trabajadores de Fundiciones de Metales, Fabricación de Tubos, Estructuras Metálicas, Talleres Mecánicos, Similares y Conexos y a la fecha, nos han puesto muchas trampas los de Secretaría del Trabajo, los charros y el patrón, para negarnos nuestro sindicato”. Se despliega un sinfín de obstáculos y chicanas legales aberrantes que han dejado en el desamparo a los trabajadores, siendo objeto de amenazas y despidos sólo por el delito de pedir libertad sindical.
Francisco Rodríguez Caballero, asesor de los trabajadores, nos cuenta la historia sin fin de atascos y artimañas que ha llevado a cabo la STPS y las centrales charras para impedir que los obreros tengan su sindicato. “El pasado 26 de junio de 2012, los trabajadores organizados en el Sindicato Nacional Industrial de Trabajadores de Fundiciones de Metales, Fabricación de Tubos, Estructuras Metálicas, Talleres Mecánicos, Similares y Conexos, promovieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), una demanda por la titularidad y administración del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) contra el Sindicato de Trabajadores de las Industrias en General, Comercio, Autotransporte, Similares del Estado de San Luis Potosí, Agustín Serna Servín CROC, en la empresa PROYECTOS Y CALDERERÍA S.A. de C.V.
“Después de enfrentar un sinnúmero de trampas y obstáculos que durante año y medio provocaron diferir hasta por 17 ocasiones la realización de la primera audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, finalmente se logró que el pasado 14 de noviembre de 2013 se realizara dicha audiencia en donde la Junta admitió la prueba del recuento de trabajadores programando su realización para el pasado 27 de noviembre en las instalaciones de la empresa. Los trabajadores de PROYCAL tendrían por fin, la oportunidad de elegir libremente al sindicato que habría de representarlos. No obstante, el esperado recuento no se realizó. Una nueva maniobra de las autoridades laborales violentó el legítimo derecho de los obreros: el día del recuento, el propio presidente de la JLCA les informó de manera verbal al Secretario General del sindicato actor que, días antes, se había presentado el administrador único de la demandada PROYCAL y el Secretario General del sindicato demandado, quienes, por mutuo consentimiento, daban por terminado el CCT (del que se demanda la titularidad), que la Junta había resuelto entonces archivar el expediente y que, por tanto, no existía ya razón alguna para realizarse el recuento. ¡Insólito! Estando la demanda de titularidad en juicio, sub judice, la Junta decide archivar el expediente.
“La JLCA cometió un inaceptable fraude procesal. La ley establece que, durante el proceso de cualquier juicio, ninguna de las partes puede disponer del derecho o el bien que está en juicio hasta que se emita una resolución definitiva. En este caso, el procedimiento consistía en dirimir cuál de los sindicatos tenía el derecho de administrar el CCT firmado con la empresa, es decir, la materia de la litis en la demanda de titularidad del CCT. Por tanto, si la Junta fuera imparcial, debió haber desechado de plano la pretendida terminación del CCT entre la empresa y el sindicato demandado o bien darle vista al sindicato actor, con la solicitud de los demandados, a efecto de no violentar las garantías de audiencia ni del debido proceso, ya que existía un juicio pendiente por resolver.
“La Junta violó el Derecho Humano de los trabajadores a elegir libremente su sindicato, es decir sin injerencia alguna del patrón, tal como lo expresa el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo y el principio general del debido proceso establecidos en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna al anular de facto, sin fundamentarse en ningún artículo de la LFT, la prueba de recuento ofrecida por los trabajadores y acordada con anterioridad por ella misma. Además, el actuar de la Junta constituye el delito de abuso de autoridad porque canceló el juicio de titularidad y acordó archivar el expediente de manera unilateral con los codemandados y a espaldas del sindicato actor, mismo que se dio a conocer a los trabajadores como pretexto para suspender el recuento, por lo cual resulta evidente que el presidente de la Junta se condujo con oscuridad en favor de la empresa y el sindicato de la CROC, negándose a actuar conforme a derecho y como autoridad encargada de hacer valer la Ley Federal del Trabajo, conforme al principio de igualdad de las partes o paridad procesal.
“A los trabajadores de PROYCAL les violaron sus derechos constitucionales y convencionales de libre asociación para la mejora de nuestras condiciones de trabajo. Esto con base en el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, el 5° de nuestra Constitución y el 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como pacto de San José de Costa Rica al que México se adhirió el 24 de marzo de 1981) que establecen la libertad que tiene toda persona de asociarse con fines laborales sin imposiciones ni intromisiones de ningún tipo, Derecho Humano que está siendo violentado con el actuar de la Junta al haber ordenado archivar el expediente donde se demandaba la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en las condiciones ya descritas”.
CHARROS DESTAPAN LA CLOACA EN LA STPS
El 11 de diciembre, en varios medios de comunicación aparece un comunicado del licenciado Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, dirigente estatal de la CTM, quien denuncia que mediante engaños el líder charro, Javier Cervantes Vázquez, dirigente de un sindicato adherido a la CTM y representante obrero ante la autoridad laboral intervino en el asunto de PROYCAL, “pero lo hizo a título personal, no a nombre de nuestra central obrera, tanto así que nuestra organización desconoce cualquier trato, arreglo o negociación que pretenda realizar porque no tiene la autorización, ni el apoyo de la CTM”.
Emilio de Jesús, expuso además que Javier Cervantes Vázquez ha actuado como juez y parte, porque por un lado es representante obrero y por el otro presentó una demanda de titularidad del contrato colectivo de la empresa PROYCAL, pero con el único objetivo de prolongar la solución del conflicto, todo lo cual es efectivamente una porquería.
LO ÚLTIMO AMENAZAS Y ACCIONES DELICTIVAS CONTRA LOS OBREROS
“El pasado 9 de diciembre los trabajadores realizaron una manifestación multitudinaria en compañía de sus familiares y ciudadanos que se sumaron a su causa, y como respuesta las autoridades les lanzaron el señuelo de que ya “había solución” y que “se programaría una cita”, pero los obreros pidieron garantías. Dos días después -11 de diciembre- por la madrugada, el sindicato charro, en contubernio con la empresa y Miguel Cardoza Mora, introdujo a Proycal un grupo de trabajadores de la localidad de Acajete, Puebla; trasladados y engañados para inmiscuirlos en una supuesta votación para provocar un enfrentamiento violento. Las mafiosas autoridades, al verse descubiertas, no otorgaron las garantías que habían solicitado y cancelaron la cita” Denuncia Rodríguez Caballero.
“A este repugnante hecho, que puso en riesgo la estabilidad y la paz laboral de Proycal, se agrega ahora el delito de amenazas por parte del sindicato charro cetemista y los patrones, quienes obligaron a nuestros compañeros a firmar un documento del cual desconocen su contenido, pero que se sabe, va dirigido a alguna autoridad, obtenido con prácticas que encuadran en la delincuencia organizada, pues la empresa es usada como casa de seguridad para luego someter a los trabajadores con engaños y bajo la amenaza de despido, esta situación no puede tolerarse, porque significa un flagrante delito, una trasgresión a la Ley Laboral y a los derechos humanos de los trabajadores”. Concluye el asesor.
