LA TENTACIÓN DEL PERIODISMO IMPERIAL: EL FRENTE CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN, ES LA MARIONETA POLÍTICA, QUE USA PABLO VALLADARES, PARA ELIMINAR A SUS ENEMIGOS
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. JUEVES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018 ● El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), es la marioneta política, que usa Pablo Valladares, para eliminar a sus enemigos.
Su padre Miguel Valladares García fue presidente municipal (1979 – 1982). Cuando murió don Miguel Valladares, su hijo Juan Carlos, tomó las riendas de la empresa familiar Aceros San Luis, y la hizo crecer potencialmente. Es un hombre inteligente, audaz y muy sensato para los negocios.
Sus hermanos Miguel Valladares y Pablo Valladares decidieron hacer carrera política, el primero intentó ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí en 2003, pero terminó por declinar; y Pablo fue diputado local. En esa época (1999) Pablo Valladares enfrentó una demanda penal por parte de una dama, que lo acusó de una presunta violación sexual. Pero lo salvó del escándalo, y del proceso penal, Juan José Rodríguez Medina, en ese momento, también diputado local y Presidente de la Gran Comisión del Congreso de San Luis Potosí.
Miguel Valladares García tomó la presidencia de la empresa productora Zinkia, que creó al personaje animado infantil Pocoyó.
La familia Valladares también es dueña de Editora MIVAL, que tira periódicos como Pulso y San Luis hoy; aunque a Juan Carlos no le interesó tanto el negocio periodístico, se inclinó más a las otras empresas.
CRÓNICA DE LAS DENUNCIAS PENALES ANUNCIADAS:
El 28 de febrero del año 2017, según una publicación del Portal de Noticia http://www.codigosanluis.com/ La Auditoría Superior del Estado está convertida, de nuevo, en el centro de una disputa política y económica ente los diputados integrantes de la LXI Legislatura y el dirigente de la organización fantasma adherente al PRI, Vía Alterna, el empresario Pablo Valladares García.
Ante la situación, el titular del órgano fiscalizador, José de Jesús Martínez Loredo, es blanco de constantes amenazas, advertencias y emplazamientos por parte del empresario, propietario de los diarios Pulso y San Luis Hoy, quien envía emisarios con el fin de presionarlo para que deje el cargo, pero hasta el momento el auditor ha soportado todas las presiones.
El 6 de abril del año 2017, según una publicación del Portal de Noticia http://www.codigosanluis.com/ Un negocio de 1500 millones de pesos, orquestado en la administración de Mario García Valdez para instalar lámparas LED en la capital potosina, es pretexto hoy para desnudar una encarnizada lucha por el poder político y económico entre el dueño de los diarios Pulso y San Luis Hoy, Pablo Valladares García quien pretende reventar el grupo de empresarios que encabeza un hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, su sobrino Juan Carlos Valladares Eichelmann y Carlos Torres Rodríguez, hijo del empresario Carlos Torres Corzo y dueño del consorcio Global Media.
El motivo de la disputa es la ampliación del contrato en 200 millones de pesos que aprobaría el Congreso del Estado para colocar 47 mil 681 luminarias con tecnología tipo LED y su mantenimiento durante los próximos 15 años.
Como instrumentos de guerra, Pablo Valladares utiliza su asociación política fantasma Vía Alterna y al priísta líder de los comerciantes Juan Antonio Rodríguez Chessani quien este mismo día protagonizó una manifestación violenta en el recinto del Congreso del Estado.
El 10 de junio del año 2017, por los presuntos actos de corrupción en el que se vieron involucrados cuatro diputados a través de un videos cándalo, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, interpusieron dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de San Luis Potosí, así como contra exfuncionarios de la Auditoría Superior del estado (ASE) incluido el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo.
Las denuncias presentadas ante la autoridad, se presentaron pruebas documentales que avalan el mal uso de los recursos del erario público, como la ampliación de presupuestos a través de las comisiones del Congreso, viajes al extranjero, dadivas, compra de vehículos, entre otros.
Dentro de la denuncia piden se investigue a los diputados con licencia Oscar Bautista, J. Guadalupe Sánchez Torres y Enrique Flores Flores como los supuestos operadores de una red de corrupción, aunque en el caso del diputado Manuel Barrera Guillén exigen se investigue enriquecimiento inexplicable.
El 23 de febrero del año 2018, El vocero del FCA mencionó que es un descaro que diputados del PRI, PAN y PRD digan que no han sido notificados sobre las denuncias en su contra y se hagan de oídos sordos. En caso de Héctor Mendizábal o Mariano Niño, tienen sus respectivas denuncias -dijo Stevens Amaro-, ya que todos están implicados en la corrupción.
El mismo 23 de febrero del año 2018, El Frente Ciudadano Anticorrupción informó que el día de hoy presentó la segunda denuncia en contra del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en transición a Fiscalía General del Estado por el enriquecimiento ilícito; un enriquecimiento desproporcionado para los ingresos de un alcalde.
El 2 de marzo del año 2018, de acuerdo con la publicación del Portal de Noticia http://www.codigosanluis.com/ En una encerrona nocturna en la casa de Gobierno, ahora conocida como casa San Luis, el empresario Pablo Valladares, líder de la organización fantasma Vía Alterna, amenazó al gobernador Juan Manuel Carreras con retirar a dos candidatos a diputados locales si no le otorgan a Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de las Mujeres del Estado, la primera posición plurinominal en la lista que se articula para registrar ante el Consejo Estatal Electoral. Ninguno de los 2 llegó. En su lugar en la lista plurinominal a diputados locales, se colocó a la ex Oficial Mayor del Congreso, Beatriz Benavente Rodríguez.
El 23 de marzo del año 2018, El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) dio a conocer que el día de hoy presentó una nueva denuncia contra el diputado con licencia, Manuel Barrera Guillén, por presunta comprobación irregular de gastos de apoyo legislativo y de gestoría.
GRAVES IRREGULARIDADES EN EL ÁREA JURÍDICA DEL INFONAVIT DE SAN LUIS POTOSÍ
LA JORNADA SAN LUIS, SAN LUIS POTOSÍ, SLP, 25 DE MAYO DE 1999 ● En Dos auditorías realizadas por las oficinas centrales del INFONAVIT revelaron graves irregularidades en el área jurídica de la delegación estatal, donde se tejió un nudo de complicidades e intereses que dañó el patrimonio de la institución, provocó la renuncia del delegado general y alcanzó inclusive al presidente de la Gran Comisión del Congreso local, el priísta Juan José Rodríguez Medina, cuyo hijo es el principal involucrado en el escándalo.
Las irregularidades se dieron en un desdén por el marco legal que, inclusive, el propio director jurídico de la delegación del INFONAVIT (quien ya fue cesado), Juan José Rodríguez Regil, llegó a beneficiar a su madre y a su hermano con la venta de terrenos y locales comerciales en la plaza de una colonia obrera.
Por otra parte, 3 mil viviendas financiadas fueron entregadas sin escrituras ni garantías hipotecarias, se contrataron servicios profesionales de despachos externos y de notarios sin autorización superior, y se pagó anticipadamente a fedatarios por titulaciones e inscripciones que no se habían concluido en mil 468 viviendas.
Otra anomalía cometida durante la gestión de Rodríguez Regil fue el pago de 2 millones 167 mil pesos a despachos de abogados como anticipo de juicios inconclusos.
Según concluyeron los auditores, la actuación del abogado Rodríguez Regil fue “bastante deficiente y cuestionable”, con “un total descontrol en el manejo de los asuntos” y tal cúmulo de “irregularidades” que “podrán derivar en la presentación de demandas penales contra el ex funcionario”.
Sin embargo, y a pesar de las evidencias claras de daño patrimonial al INFONAVIT que dirige a nivel nacional Luis de Pablo, no se han iniciado acciones contra el responsable de estas irregularidades, pues el asunto se ha convertido en un duelo de poderes en el que el diputado Rodríguez Medina, padre del ex director jurídico, ha peleado hasta conseguir que el delegado que descubrió todas las anomalías, Fernando Dávila, amigo personal del gobernador Fernando Silva Nieto, quien le había traído para sanear esas oficinas, renunciase a su cargo, después de despedir a su vez al director jurídico acusado de corrupción.
Ayer, por ejemplo, el diputado Rodríguez Medina aseguró que la información publicada eran verdades a medias e imprecisiones. El ex director jurídico Rodríguez Regil, en visita a La Jornada San Luis, que fue el medio que originalmente difundió la relación de irregularidades, reconoció por su parte que había vendido locales y terrenos comerciales a sus familiares pero, dijo, fue por ignorancia de la ley.
EL FRENTE ANTICORRUPCIÓN, SIN CALIDAD MORAL: PRD
● Se trata de un organismo politizado y con fines electorales.
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. JUEVES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018 ● El vocero del supuesto Frente Anticorrupción no es ni anticorrupción, ni ciudadano, es el hermano del titular de la SEDUVOP, la secretaría con más señalamientos de corrupción en el estado, manifestó hoy el presidente del PRD, José Luis Fernández Martínez.
Agregó enseguida: “Y la otra persona que acompaña a este vocero es tío de un aspirante a la presidencia municipal de la capital”.
Por lo tanto, consideró que al venir de ese tipo de personas, tales dichos “no tienen ninguna validez”.
Fernández Martínez retó a tales declarantes a que prueben sus aseveraciones, y comentó: “ahí están las instancias, yo no creo que la Procuraduría de Justicia no tenga los dientes suficientes para obligar a las personas a comparecer”.
Estimó también que los señalamientos que hace el citada Frente son “absurdos” y “ridículos”, con evidentes motivaciones y tintes de tipo político electoral.
Cuestionó: “¿Alguien conoce algún otro señalamiento que haya generado este Frente hacia otra instancia?”.
“Por ejemplo —prosiguió— contra la corrupción en la SEDUVOP o si ya inició una investigación a fondo respecto a la inflación de costos y mala construcción del puente El Cascabel, de Ciudad Valles, obra que se adjudicó a una empresa propiedad del titular de la SEDUVOP, hermano del vocero de este Frente de supuesta anticorrupción”.
“Esos temas simplemente los dejan pasar porque ahí no hay interés político”, concluyó.
Esto, provocó una afectación por un monto aproximado de 22 millones 531 mil 176 pesos. Una lista que circula en medios es de 48 aviadores con sueldos desde cinco mil hasta 38 mil pesos.
