● La iniciativa parte del reconocimiento de que la interseccionalidad describe la discriminación basada en múltiples motivos que pueden presentarse de manera simultánea:

 Dip. Roxanna Hernández Ramírez. 

●Lunes 29 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Gabriela Guadalupe Martínez La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar el concepto de “interseccionalidad” como un elemento jurídico y operativo que fortalece las políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez,presidenta de la comisión legislativa, informó que la iniciativa, promovida por la legisladora María Dolores Robles Chairez, plantea modificaciones a los artículos 5, 8, 9, 11, 14, 19, 25, 29 y 31 de la dicha legislación.

Explicó que, como parte del análisis realizado, se propone reformar las fracciones XIII y XIV del artículo 5, así como la fracción I del artículo 8, con el propósito de fortalecer la visión de la igualdad de género mediante una perspectiva multidimensional que permita reconocer la concurrencia de diversos factores que pueden generar discriminación entre las personas.

La legisladora señaló que la iniciativa parte del reconocimiento de que la interseccionalidad describe la discriminación basada en múltiples motivos que pueden presentarse de manera simultánea, concepto que surgió para atender las limitaciones existentes al analizar casos donde convergen distintos factores de desigualdad, como el género y la raza.

Hernández Ramírez destacó que las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género coincidieron en la importancia de incorporar este concepto en la legislación estatal, ya que permitirá visibilizar cómo diversas formas de discriminación y desigualdad pueden afectar de manera diferenciada a determinados grupos o personas.

Agregó que contar con una definición de interseccionalidad en la ley contribuirá a fortalecer la elaboración de políticas públicas y la implementación de medidas judiciales más eficaces para prevenir y combatir la discriminación desde un enfoque integral.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su votación correspondiente.

● Deben existir restricciones y una normatividad clara que cuide el medio ambiente, y logre una coexistencia sana con las personas: Dip. Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez.

●Domingo 28 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez propuso una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Ambiental del Estado, en materia de conservación de ecosistemas y restricción del tránsito de vehículos motorizados recreativos en áreas naturales protegidas.

La legisladora, quien preside la Comisión de Ecología y Medio, señaló que ninguna actividad recreativa puede situarse por encima de la integridad de los ecosistemas, ni servir como justificación para el deterioro de los bienes comunes que sostienen la vida. 

En este sentido, el uso de vehículos recreativos todo terreno en áreas naturales protegidas no puede ser permitido sin restricciones, y una normatividad clara que permita la coexistencia sana entre la ciudadanía potosina y su entorno, pues representa una amenaza directa para el patrimonio ambiental del Estado. 

La iniciativa establece que los ayuntamientos deberán monitorear, regular, prevenir, controlar, reducir y vigilar la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles que circulen en el territorio Estatal, pudiendo limitar su circulación; incluidos los vehículos recreativos todo terreno, mediante la emisión de permisos, la implementación de controles y la imposición de sanciones administrativas en el ámbito de su competencia. 

En coordinación las Direcciones de Turismo, Ecología y Protección Civil, generarán un Padrón de Empresas Prestadoras de Servicios de esta actividad y registrarán las rutas donde podrán circular los vehículos todo terreno; las empresas deberán contar con capacitación sobre la materia, debiendo así mismo de solicitar los permisos necesarios y especificar las rutas trazadas. 

Se restringe la circulación de vehículos recreativos todo terreno, así como en las áreas de conservación, áreas no perturbadas, áreas que alojen ecosistemas o elementos naturales de especial importancia o que requieran protección especial; además deberán regular la inspección, vigilancia y sanciones relativas a su uso 

Mencionó que esta propuesta no tiene por objeto afectar la actividad económica y turística, sino promover su desarrollo bajo criterios de sustentabilidad y respeto al entorno, con el propósito de garantizar una convivencia equilibrada entre el disfrute responsable de los espacios naturales, las actividades humanas de recreación y la conservación del patrimonio ambiental. 

Martínez Vázquez aseguró que San Luis Potosí destaca por poseer una riqueza natural derivada de tres grandes regiones ecológicas; el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca que albergan una variedad extensa de especies endógenas de nuestra entidad, lo que permite la presencia de ecosistemas tan distintos como zonas desérticas, matorrales xerófilos, bosques templados, selvas bajas y cuerpos de agua que albergan una gran variedad de especies vegetales y animales, muchas de ellas de relevancia ecológica y de especial valor para la conservación.

La diputada señaló que, aunque estas actividades constituyen formas legítimas de recreación y deporte, su desarrollo en zonas ecológicamente sensibles puede provocar alteraciones significativas en los ecosistemas y en los procesos naturales que permiten su conservación, por lo que reiteró, es necesaria su regulación.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

● Establece la obligación de elaborar un protocolo estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica.

●Viernes 26 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado en materia de violencia obstétrica, para incorporar la obligación de elaborar un protocolo estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.

Se reconocen expresamente los derechos de la paciente a tener un acompañante de suelección, apego inmediato al recién nacido y acceso al expediente clínico; destacó la legisladora que este tema es relevante para San Luis Potosí como una obligación del Estado Mexicano y la mayoría de las entidades del país, 28 de 32, ya tienen esta regulación.

La violencia obstétrica es una forma específica y sistemática de violencia de género que se ejerce contra las mujeres y personas con capacidad de gestar en el contexto de la atención médica durante el embarazo, el parto, el posparto y el aborto. Constituye una violación a los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, al trato digno y al libre consentimiento informado.

A nivel nacional, la ENDIREH 2021 reporta que 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 vivieron algún tipo de violencia obstétrica; las formas más comunes fueron: trato humillante o regaños, negación o retraso de atención, procedimientos sin consentimiento informado, impedimento de acompañamiento y cesáreas no justificadas.

En San Luis Potosí, la incidencia se ubica por encima del promedio nacional, alcanzando entre 34% y 38%, con mayor afectación en mujeres indígenas y rurales. Estos datos evidencian la urgencia de incorporar esta modalidad de violencia en la Ley estatal para garantizar atención digna, respetuosa y con pertinencia cultural.

En el caso de San Luis Potosí es necesario fortalecer y precisar los mecanismos de atención previstos en su legislación local para asegurar una protección efectiva y actualizada. La iniciativa propone incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado la obligación de elaborar un Protocolo Estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.

Se reconocen expresamente los derechos de la paciente (acompañante de elección, apego inmediato al recién nacido, acceso al expediente clínico). Es de naturaleza normativa y establece obligaciones de protocolo y mecanismos de denuncia que se inscriben en las estructuras institucionales existentes —Secretaría de Salud del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva— sin crear nuevas entidades ni programas que impliquen gasto adicional. 

La iniciativa de la diputada Frinné Azuara se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones de Igualdad de Género y Salud y Asistencia Social.

● México mantiene la expectativa de que las negociaciones del T-MEC puedan concretarse en un acuerdo de largo plazo, lo que permitiría fortalecer la competitividad bajo un esquema de integración regional.

●Miércoles 24 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXIV Legislatura, señaló que México mantiene la expectativa de que las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puedan concretarse en un acuerdo de largo plazo, lo que permitiría fortalecer la competitividad bajo un esquema de integración regional.

Afirmó que el proceso de revisión del tratado avanza de manera favorable y destacó que las negociaciones en materia comercial están siendo encabezadas por el titular de la Secretaría de Economía Marcelo Ebrard Casaubón, en coordinación con dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Energía, mediante mesas de trabajo sectoriales.

El legislador explicó que el acuerdo contempla múltiples temas vinculados al comercio internacional, por lo que se prevé que en los próximos días puedan registrarse avances significativos en la definición del nuevo esquema del T-MEC.

Rosas Montiel indicó que existe una expectativa positiva respecto al rumbo de las negociaciones, al considerar que la postura del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa una visión de integración regional en América del Norte como estrategia clave para competir frente a otras economías del mundo, particularmente la de China.

En ese contexto, señaló que mientras la visión mexicana apuesta por fortalecer la región como bloque económico, en Estados Unidos persisten posturas de carácter proteccionista orientadas a la defensa de la industria nacional.

No obstante, consideró que en el mediano y largo plazo prevalecerá la lógica de integración regional, al ser la alternativa más conveniente para el desarrollo económico de los tres países que integran el tratado.

● La protección del personal de salud debe de dejar de ser una disposición meramente administrativa para convertirse en una garantía real, documentada y verificable: Dip. Ma. Sara Rocha Medina.

●Domingo 21 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo a propuesta de la diputada Ma. Sara Rocha Medina, mediante el cual se exhorta a la Coordinación Estatal del IMSS-BIENESTAR para que, conforme a los lineamientos de la NOM-017-STPS-2024, garantice la dotación de elementos de protección y seguridad vial al personal en tránsito, de acuerdo con los riesgos identificados en el diagnóstico previo.

La legisladora señaló que la seguridad laboral y la protección institucional en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son fundamentales, ya que permiten asegurar la continuidad operativa del sistema de salud, protegen la integridad física y mental del personal, reducen el ausentismo, previenen la violencia hospitalaria y contribuyen a una atención médica de mayor calidad.

Asimismo, expuso que la protección del personal de salud debe dejar de ser una disposición meramente administrativa para convertirse en una garantía real, documentada y verificable, al advertir que la desmotivación y el desgaste laboral en unidades móviles son consecuencia de un sistema que exige resultados sin brindar condiciones suficientes de seguridad jurídica y laboral.

Rocha Medina consideró que la omisión en la aplicación de los oficios de comisión y de las medidas de seguridad establecidas en la NOM-017-STPS-2024 implica una responsabilidad ética y legal para la institución, que incluso podría derivar en litigios costosos y en la pérdida de confianza del capital humano, subrayando la importancia de la trazabilidad formal para profesionalizar la gestión pública en materia de salud.

Agregó que, la operación de unidades móviles y centros de salud ha funcionado históricamente bajo un esquema de “urgencia administrativa”, lo que ha retrasado la formalización de la seguridad laboral, situación en la que el personal realiza traslados para capacitaciones, entrega de indicadores del Sistema de Información en Salud (SIS) y movilización de insumos médicos sin contar con oficios de comisión debidamente establecidos.

Por último, destacó que esta carencia documental coloca al personal en una situación de vulnerabilidad durante sus traslados, aun cuando cumple instrucciones directas de la institución, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos administrativos y de protección laboral en el sector salud.

● Se busca sancionar estos actos de extrema violencia en contra de la comunidad lgbtiq+: Dip. Marco Antonio Gama.

●Sábado 20 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado Marco Antonio Gama Basarte propuso una iniciativa para adicionar el artículo 135 TER, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de tipificar como delito el transfeminicidio.

El legislador señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro estado hay 37,124 personas que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, lo que representa el 6.4% de la población total; sin embargo, a pesar de la presencia de este grupo social en la entidad, no existe un registro oficial de transfeminicidios.

La naturaleza en extremo violenta de estos actos muestra claras señales de discriminación, intolerancia y odio; son fenómenos que no deben pasar desapercibidos ni ser invisibilizados, antes bien, se deben señalar y reconocer.

Por ello, el diputado Gama Basarte proponeadicionar al Código Penal del estado, la tipificación independiente del delito de transfeminicidio en el Capítulo II, titulado Feminicidio, del Título Primero de la Parte Especial del Código Penal del Estado, referente a los Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal.

La iniciativa propone adicionar el artículo 135 TER para establecer que “Comete el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad o de expresión de género, prive de la vida a una mujer transgénero, o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer”.

Se considera que existen razones de identidad o expresión de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: todas aquellas aplicables al delito de feminicidio, según los términos del artículo 135 del Código Penal; cuando el cuerpo de la víctima presente señales de ensañamiento vinculadas con su identidad o expresión de género, ya sea de manera directa en su persona o a través de los objetos personales que resulten distintivos de dicha identidad o expresión; cuando se acredite que previo o posterior al delito, el sujeto activo hubiera utilizado expresiones que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad y/o expresión de género, y cuando el sujeto activo, de forma expresa relacione la comisión del delito con la identidad o la expresión de género de la víctima. 

Se propone que para este delito se aplicarán las sanciones, agravantes, y reglas del delito de feminicidio, 

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.