JESÚS RAMÍREZ STABROS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.

• Este día rindieron protesta los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política para el periodo del 15 de marzo de 2011 al 13 de septiembre de 2012.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- En sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado se presentó la propuesta para reestructurar la Junta de Coordinación Política, que fungirá del 15 de marzo de 2011 al 13 de septiembre de 2012, la cual quedó integrada por los legisladores: Jesús Ramírez Stabros, presidente; Griselda Álvarez Escobedo, vicepresidenta; Pedro Pablo Cepeda Sierra, secretario; Yvett Salazar Torres, Felipe Abel Rodríguez Leal, Tito Rodríguez Ramírez y Oscar Carlos Vera Fábregat, vocales.

Posteriormente los legisladores mencionados rindieron protesta de su cargo como integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Antes, se turnó una iniciativa para reformar la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipio de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer que por ningún motivo el Ejecutivo del Estado, ayuntamientos, entidades estatales y municipales y los organismos intermunicipales podrán contratar cualquier tipo de deuda durante el último año de su mandato legal.

Se turnó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de crear una Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra Migrantes.

A las comisiones de Justicia; y Comunicaciones y Transportes se turnó una iniciativa que presentó el diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de crear la Unidad Especializada de la Policía Ministerial del Estado para la investigación y prevención de las conductas ilícitas cometidas mediante la utilización de sistemas o equipos informáticos, servicio de telecomunicaciones o de Internet o cualquier otra.

Se turnó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que las reformas constitucionales que apruebe el Congreso del Estado deberán ser avaladas por los ayuntamientos en un plazo no mayor a tres meses y de no ser aprobadas en ese tiempo se considerará que los municipios las aceptaron.

A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Puntos Constitucionales se turnó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer que la autoridad educativa estatal deberá coordinarse con otras instancias en materia de seguridad pública del estado y de los municipios, según corresponda, para implementar programas que proporcionen a los alumnos de educación básica información veraz sobre los efectos nocivos de las drogas y la violencia.