QUEDAN AÚN, ¡5 DEMANDAS POR “INEJECUSIÓN DE SENTENCIA”! EN CONTRA DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ.

• Confían en “echar abajo la integración, el Decreto y los nombramientos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- Luego de que el Tribunal Federal Electoral desechara las primeras solicitudes de impugnaciones en contra de la integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Oskar Kalixto Sánchez, dijo que todavía quedan cinco demandas por resolver, por lo que la esperanza de anular la integración del organismo electoral, se mantiene viva.

Respecto de la inejecución, señaló que no está de acuerdo con el criterio adoptado por la sala superior pero que lo respeta, y agregó que son necesarias reformas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque no contempla justamente la inejecución de las sentencias.

“Es obvio que la inejecución es un tema que deben los magistrados electorales estudiar con detenimiento ya que puede darse el caso que una autoridad simule que ejecuta una sentencia cuando en realidad no acata el fondo de la resolución”, señaló.

La impugnación se había dado por considerar que había una falta de legalidad en la integración del Ceepac, hace un mes. Por otra parte, dijo que acudirá a solicitar el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar que una corte internacional resuelva el asunto. Insistió en que un organismo ciudadano tan importante para nuestro estado como es el Ceepac, no debe quedar integrado de manera ilegal, ya que de ser así carecerá de toda autoridad jurídica y moral para organizar y calificar las próximas elecciones en San Luis Potosí.

ACUSAN “DE DOLO” A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

• Empresa revela que la dependencia sabía de la legalidad de las unidades, y aún así “de mala fe”, pidió su aseguramiento al ejército mexicano.
• Ante esta situación, dijo Cordero de Ávila, 399 Project Development “demanda a las autoridades estatales el reconocimiento del grave error que cometieron con nuestra empresa”, así como también la devolución “inmediata” de los vehículos, pues el aseguramiento les impidió participar en una licitación en Sinaloa.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- Ricardo Cordero Ontiveros, propietario de la empresa 399 Project Development, a la que pertenecen las cinco patrullas aseguradas por el Ejército mexicano e investigadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en relación al caso de los vehículos policiacos involucrados en agresiones y robos a personas reveló que la dependencia estatal fue la responsable de ordenar la incautación, por lo que, acusó, actuó con dolo pues la instancia que dirige Cándido Ochoa Rojas estaba plenamente enterada de que la empresa tenía demos de patrullas cuya legalidad estaba probada.

En conferencia de prensa, Cordero Ontiveros, que estuvo acompañado de Ricardo Cordero de Ávila, gerente comercial de la empresa, y del apoderado legal de la compañía, Lorenzo Sánchez Andrade, señaló que el gobierno del estado le debía una disculpa a la empresa por haberle causado daño a su imagen y haberle hecho perder una licitación en Sinaloa al no haber podido enviar un vehículo de demostración, pues había sido incautado.

EN REGLA

El entrevistado argumentó que las autoridades de los tres niveles de gobierno estaban enteradas del giro de la empresa y de que manejaba vehículos de demostración debidamente acreditados cuando menos desde 2010.

Cordero Ontiveros exhibió un documento fechado el 11 de agosto de 2010 en el que se daba aviso a la Secretaría de Seguridad Pública federal en el que le informaba de la constitución de la empresa, que vendía equipo de seguridad pública a ayuntamientos en todo el país, entre ellos vehículos destinados a convertirse en patrullas que la propia compañía equipaba y trasladaba a su destino. En el texto informan la ubicación de sus instalaciones y de los vehículos, así como también que los autos están debidamente identificados como vehículos de demostración.

El oficio también fue enviado a la XII Zona Militar, a la alcaldía de la capital y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. De hecho, el documento tiene la firma de recibido del ex titular de la SSP, Enrique Galindo Ceballos.

“El gobierno sabe quiénes somos y qué vendemos”, sentenció Cordero Ontiveros.

Además, aseguró que tanto el gobierno del estado como la alcaldía capitalina tienen registrada su participación en diversos concursos de adquisiciones, lo que refuerza su afirmación de que sabían de la existencia de los vehículos de muestra.

Indicó también que cualquier traslado de los vehículos, en el estado y fuera de él, es notificado a la SSP federal, que se encarga, a su vez, de dar aviso a las autoridades militares y locales de que los vehículos saldrán a la calle o a carretera.

DOLO

El empresario rechazó que alguno de los vehículos haya participado en un hecho delictivo, pues permanecen siempre bajo resguardo, permanentemente vigiladas y con posicionador geográfico que permite conocer dónde estuvo el vehículo en todo momento.

Relató que las patrullas estaban en las instalaciones de la empresa en Las Lomas, a donde llegó el Ejército para pedirles fueran trasladadas a las instalaciones de la XII Zona Militar, lo que fue realizado por personal propio de la empresa.

Afirmó que el Ejército no actuó solo, sino a pedido de la PGJE, supuestamente por una denuncia ciudadana.

Cordero Ontiveros dijo creer que hay dolo de algún funcionario al no admitir que la administración estatal conoce a la empresa.

Los entrevistados mostraron como prueba los oficios citados, los avisos de circulación y videos del momento del aseguramiento militar y el arribo de las unidades a la sede de la XII Zona Militar.

Ante esta situación, dijo Cordero de Ávila, 399 Project Development “demanda a las autoridades estatales el reconocimiento del grave error que cometieron con nuestra empresa”, así como también la devolución “inmediata” de los vehículos, pues el aseguramiento les impidió participar en una licitación en Sinaloa.

Sánchez Andrade, por su parte, dijo que la empresa valora pedir a las autoridades la reparación del daño causado a la imagen de la empresa.