CANCELA EL DR. FERNANDO TORANZO, EL SUBSIDIO MENSUAL DE 37 MIL 500 PESOS, PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “RAFAELA ARGANIZ”.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- El doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del estado, canceló el subsidio mensual de 37 mil 500 pesos, que desde hace por lo menos 30 años (desde el gobierno del profesor CARLOS JONGUITUD BARRIOS), se le daba a la escuela especial “RAFAELA ARGANIZ”.

La Institución Potosina Pro Educación Especializada, A. C., más conocida como “RAFAELA ARGANIZ”, está por cumplir 44 años de su fundación por parte de la señora Ana María Alba Maldonado de Rodríguez, y atiende a 152 niños y adultos, desde recién nacidos hasta de 69 años el mayor.

Esta situación preocupa a los padres de familia y directivos que han tenido que organizar diferentes actividades para completar de recursos, y poder así, seguir ofreciendo sus actividades de equino terapia, hidroterapia y brindar alimentos nutritivos diariamente.

Los padres de familia dan una cuota de recuperación, pero es menor de mil pesos, cuando el servicio cuesta en promedio 3 mil 800 pesos por niño por mes.

El resto el colegio tiene que buscar “bienhechores”, en empresas y en el DIF Municipal, ya que el Gobierno Estatal in explicación alguna, este año les recortó el presupuesto a 16 mil 666 pesos, lo que les afecta bastante en su gasto corriente.

No es la única institución a la que se le retiró el apoyo, saben que a muchas instituciones civiles también les fue mal. “La pasada administración enviaba personas a evaluar el trabajo de la institución, pero este año no sabemos qué sucedió porque tenemos más alumnos y más gastos”.

INVESTIGA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SI EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HA DESVIADO RECURSOS FEDERALES PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE ENRIQUE PEÑA NIETO.

MÉXICO, D. F.- La Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que en este año electoral auditará a 16 estados del país, en los que se han detectado en el pasado, casos de desvío de recursos públicos federales, para otros propósitos ajenos a su fin original, con el objetivo de evitar que el dinero pueda utilizarse con fines electorales.

Durante un encuentro con comunicadores, Rafael Morgan Ríos, precisó que de enero a julio de este año se efectuarán ocho auditorías a cada uno de los 16 estados seleccionados, entre ellos Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco y Campeche.

Añadió que los auditores de la SFP fiscalizarán con especial cuidado los fondos federales destinados a la seguridad pública municipal, conocido como SUBSEMUN, y al apoyo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las alcaldías del país, bajo las siglas de APASO, pues es en ellos donde se teme que podría haber fuga de recursos con fines electorales.

“Son fondos que comúnmente no cumplen su objetivo, es decir, que terminan siendo desviados para otros fines para los que fueron creados: estamos hablando del APASO y del SUBSEMUN, donde podremos especial cuidado este año electoral”, puntualizó el titular de la SFP, durante un desayuno con comunicadores.

El funcionario destacó que durante el sexenio calderonista, el gobierno federal, mediante la SFP, ha logrado la recuperación de unos 3 mil millones de pesos, como parte de las cuentas públicas que no pudieron solventar en tiempo y forma los gobiernos estatales y municipales.

“DEJA SIN DINERO”, EL DR. FERNANDO TORANZO, AL CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA. VAN DE “LIMOSNEROS”, CON LOS DIPUTADOS LOCALES.

ESCRIBE/ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ (ESPECIAL PARA LA JORNADA SAN LUIS).

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- El Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado (CCTSLP), pasó la charola a los diputados, pues la falta de recursos económicos es tal que no hay dinero ni para la papelería. Ni siquiera el gobierno que lo propuso y creo mediante decreto, aporta dinero.

Desde hace por lo menos tres meses, durante una sesión plenaria de ese Consejo, se puso a discusión el problema de la falta de recursos económicos para realizar las actividades que le son propias.

A raíz de ello, los representantes del Congreso del Estado ante ese Consejo, propusieron solicitar a la Junta de Coordinación Política, autorización para aportar una determinada cantidad así como mobiliario y computadoras.

Tras varios meses de gestión, el pasado catorce de febrero, el Congreso del Estado liberó el cheque 41655 por un monto de 50 mil pesos, dirigido a Luis Rentería Monsiváis bajo el concepto “apoyo al Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública de Gobierno del Estado”.

El apoyo consistente en mobiliario y computadoras no fue aprobado por ahora por parte de la Junta de Coordinación Política.

La iniciativa para ayudar con dinero al Consejo, partió del hecho de que quienes lo integran como representantes de instituciones, “aportan muy poco o nada”, revelaron en el legislativo al asegurar que “el apoyo se necesita porque no hay ni para clips”.

Pese a que de acuerdo con el decreto de creación de dicho consejo y de que en su reglamento interno se enuncia que se financiaran sus actividades con las aportaciones que den sus integrantes, eso no se cumple a habilidad, empezando por Gobierno del Estado.

El seis de mayo de 2011, la Secretaría de Finanzas recibió una solicitud de información en la que se requería “relación de los apoyos económicos, en especie o en efectivo que el Gobierno del Estado haya entregado al Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública de Gobierno del Estado, desde su constitución a la fecha”.

Asimismo, se solicitó “copia de los informes sobre la aplicación de esos recursos”.

Al respecto, la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Finanzas respondió: “le comento que en relación de los apoyos económicos en especie o en efectivo que el Gobierno del Estado haya entregado al Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contrataciones de Obra Pública del Gobierno del Estado, no existe en los registros contables y presupuestales de esta Dirección de Contabilidad Gubernamental ningún pago en beneficio del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia, por lo que me es imposible enviarle la información”.

Desde su creación en agosto de 2010, ese Consejo enfrenta el problema de insolvencia económica para realizar sus actividades. De hecho, carece de un domicilio propio y tiene como sede prestada, las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Lo anterior, ha propiciado que las reuniones mensuales de pleno, se realicen en lugares diferentes.

ORGANIZAN MARCHA DE PROTESTA CONTRA EL DR. FERNANDO TORANZO. LO ACUSAN DE PROTEGER A LA EMPRESA “VIGUE RED AMBIENTAL”.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- María de los Ángeles Pérez Martínez, viuda de LUIS GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, obrero de 20 años de edad asesinado ese día, anunciaron que harían una marcha desde EL JARALITO hasta las oficinas gubernamentales para conseguir ayuda, porque ella se quedó sola con su bebé, que apenas tenía un año de edad el día de la tragedia.

Anunciaron que organizan una marcha de protesta, por los incumplimientos y mentiras del gobernador Fernando Toranzo Fernández.

La viuda del también ex alumno preparatoriano felicitado por Felipe Calderón por su desempeño escolar, confirmó que ella se irá caminando con quien la apoye desde EL JARALITO hasta el Palacio de Gobierno, porque el subsecretario Eduardo González Sierra les prometió ayuda, pero no les cumplió, y se desmarcó de organizaciones sociales que a veces se quieren aprovechar de ello.

En conferencia de prensa en las instalaciones del restaurante LA POSADA DEL VIRREY, vecinos y representantes de la comunidad de “El Jaralito”, perteneciente al municipio de San Luis Potosí, denunciaron el incumplimiento de las autoridades estatales para garantizar la reparación del daño a la familia del obrero de la Zona Industrial, LUIS GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, que fue asesinado el 12 de octubre del año 2010, cuando la Policía Estatal al mando de Ricardo González Fernández, tomó el pueblo para reprimir a quienes se oponían a la construcción del relleno sanitario, DE LA EMPRESA VIGUE RED AMBIENTAL.

Una cruel y sangrienta represión se vivió en el poblado de San Luis Potosí conocida como el Jaralito cuando sus habitantes en medio de una resistencia a la imposición de un relleno sanitario, cuando una ofensiva de policías con equipo antimotines, arremetió contra la totalidad del pueblo, en un operativo conformado por 200 efectivos policiacos que respaldaban a trabajadores de la empresa VIGUE RED AMBIENTAL.