SAN LUIS POTOSÍ: UN ESTADO FALLIDO, EN SEGURIDAD PÚBLICA.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- La seguridad pública y el combate al crimen organizado no son una prioridad del gobierno de Fernando Toranzo Fernández, tampoco lo es la procuración de justicia y mucho menos la readaptación social.

Sin embargo, la operación para ocultar la realidad con la complicidad de los medios de información locales es una premisa que el gobernador personalmente revisa cotidianamente.

Algún avezado asesor seguramente lo convenció de que si algo no sale publicado es como si jamás hubiera existido, para los gurús de Toranzo la única realidad es la que sale fotografiada exactamente a un lado de donde está la relatoría de sus logros.

Reflexionar sobre el tema puede parecer ocioso pero resulta que es esencial en términos de lo que es un gobierno y a lo que se obliga todo aquel que protesta cumplir y hacer cumplir las leyes.

Cándido Ochoa Rojas es un joven y ambicioso abogado, es además propietario de un exitoso despacho jurídico, es propietario de una red de complicidad que incluye la procuraduría del estado y el poder judicial, es además, vice gobernador ahora que Fernando Toranzo lo nombró secretario de gobierno y descansa sobre él la mayor parte del trabajo administrativo, por decirlo de alguna manera: quien gobierna el gobierno, o al menos lo intenta.

El gobernador se reservó para sí mismo, las labores de inaugurar baños en las escuelas, las reuniones de gabinete para hacer catarsis maldiciendo a sus vasallos, las borracheras en casa de gobierno y la política del partido, esto último con magros resultados.

Mientras esto sucede los ciudadanos están inermes ante la delincuencia, organizada o subdesarrollada persiguen el mismo fin que los políticos, llevarse un peso a la bolsa que no es de ellos y seguir jodiendo al jodido.

Los indicadores de la incidencia delictiva podrán ser maquillados en los informes que el titular del ejecutivo estatal lee ocasionalmente pero, la realidad es otra, el robo de autos con violencia, el secuestro exprés del tipo levantón, el asalto a joyerías y jueces que poseen inexplicables fortunas, como la magistrada Juana María Meza López que fue despojada recientemente de un verdadero tesoro en alhajas.

¿Por qué ya no asaltan bancos?

¿Son más seguros o están puestos con su cuota?

Desafortunadamente los cuentahabientes si son asaltados en las afueras de los bancos o en los estacionamientos de los centros comerciales.

¿Y las policías?

¿Piensan acaso que con salir a patrullar la ciudad de cada que hay un evento delictivo se inhibe el delito?

¿Los policías a quien roban ahora que alguien les pelea la plaza y les arrebata los clientes?

Incluso San Luis Potosí fue noticia nacional porque somos pioneros en otra forma de delito, el secuestro de reo, según informó personalmente el imberbe secretario de gobierno que se había desarticulado una banda que se dedicaba a privar de su libertad a los que ya están exentos de ella.

Resulta que una banda de facinerosos que habita las catacumbas del penal de La Pila mantenía recluidos a varios individuos con la complicidad de varios custodios hasta que pagaran sus familiares una cantidad indeterminada.

Es difícil saber cuánto cuesta la libertad dentro del penal y sobretodo que es lo que eso significa para un reo.

Caso cerrado, este gobierno no puede garantizarle su seguridad ni siquiera a los que tiene bajo su custodia.

Las cosas como son. . .

DETECTAN IRREGULARIDADES FINANCIERAS, EN LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH). ADEMÁS, ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP), QUE HICIERON SU SERVICIO SOCIAL, ACUSAN AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DE ACOSO LABORAL, DE ABUSO DE AUTORIDAD Y, DE HUMILLAR VERBALMENTE A LOS TRABAJADORES DE ESA INSTITUCIÓN, CON “MALAS PALABRAS”.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- La Auditoría Superior del Estado, detectó irregularidades financieras, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Señala como presunto responsable al Director General Administrativo, Víctor Gabriel Martínez Martínez.

Además, estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que hicieron su servicio social, lo acusan de acoso laboral, de abuso de autoridad y, de humillar verbalmente a los trabajadores de esa institución con “malas palabras”.

Los testigos humanos señalan que las pruebas son “los vídeos que toman las cámaras internas de seguridad. Se pasea de 8 a 10 de la mañana por los pasillos, acosando como capataz, a los trabajadores, y se dirige a ellos con malas palabras”.

La Auditoría Superior del Estado, pronto sacará un diagnóstico financiero, en el que se demuestran las irregularidades cometidas por el administrado VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

El personal de la CEDH es muy profesional y se preocupan mucho por su trabajo, pero sus DERECHOS HUMANOS SON VULNERADOR por sus propios jefes.

INAUGURACIÓN DE LOS XIX JUEGOS CULTURALES Y DEPORTIVOS INTERCECYT.

XIX JUEGOS CULTURALES Y DEPORTIVOS INTERCECYT, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.