La Cábala. Autor. Adriana Ochoa. Fecha: Domingo 14 de octubre del 2012. Temas: Diputados Cobardetes. Consejo Ciudadano de Transparencia. El “comal gate”. Eduardo Martínez Benavente y los 1 mil 500 millones de pesos de Marcelo de los Santos Fraga.

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El gobierno que se llenó la boca con el discurso de la transparencia y creó un consejo de observadores ciudadanos para su actuar, se pone pávido si le invitan al Congreso a dialogar con los diputados, de aplastante mayoría oficial.

Fernando Toranzo Fernández no irá a comparecer al Congreso del Estado sobre su tercer informe. Le hicieron el favor de ahorrárselo sus bancadas del PRI y Verde Ecologista, más los votos docilitos de don Crisógono Sánchez Lara y del petista Juan José Jover Navarro. El articulador de la aplanadora contra la propuesta del movimentista Eugenio Govea Arcos fue el diputado y presidente del PRI, Fernando Pérez Espinosa, el “Calolo”. Que el jefe del Ejecutivo no quiere ir a hacer corajes, fue todo el argumento para hacer los amarres del voto en el Pleno.

Difícil decidir qué resulta peor, si el mandatario que sólo está dispuesto a contestar “preguntas-lametazo” y acciona políticamente lo que tiene a mano para evitar el roce de un cuestionamiento, o la candonga bancada “tricologista” y anexas que, llevando la representación popular, se dobla a niveles de contorsionismo de carpa para atender muy solícita los berrinches del señor del otro poder.

“Calolo” no puede estar más feliz: con esta demostración de habilidades hace visible una efectividad más elevada que la de su lideresa de bancada, Rosa María Huerta, vapuleada ésta por su propia lengua. Quedó en duda que la jefa de la fracción tricolor hubiera podido pergeñar tan cómodo acuerdo para quien insistió en colocarla en el cargo… precisamente para evitar el arribo de Pérez Espinosa.

El eficiente “Calolo” ya libró a Toranzo de responder porqué las obras urbanas presumidas en sus espectaculares del Tercer Informe son maquetas, es decir, promesas, sueños de la lechera. O porqué las grandes inversiones también divulgadas con jactancia son de empresas, del sector privado, no del Gobierno: poner como “logro” que General Motors escogió su planta de San Luis para armar un nuevo modelo obedece a parámetros de eficiencia técnica de su propia planta, la administración estatal ni pinta.

Diputados pávidos. Cobardetes adocenados. Les da miedo que su “jefe” real se enoje.

CIUDADANOS DE ORNATO

Sin aviso, el Consejo de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado dio de baja la página web donde recibía denuncias y se daba seguimiento documental a los casos tratados. Abrió una cuenta en Facebook, para el requisito, sin la información de seguimiento que tenía en su sitio web. Sin ánimo de ofender, quienes integran ese colectivo van para peor.

Anunciado con grandes bocinas oficiales como la apuesta por la honestidad en este gobierno, el Consejo no ha hecho sino decaer desde los enredos nunca resueltos de las obras mal asignadas por Seduvop. Pese a que él lo creó, Toranzo fue absolutamente incapaz de atender públicamente los cuestionamientos sobre el caso; lo dejó podrirse con su omisión y silencio enfurruñado.

El asunto de Seduvop no fue el único. Ahí quedaron los líos de los agroquímicos del invernadero de Santa Rita, que la ex administradora y ahora oficial mayor de Gobierno Norma García asegura que ya solventó. Y por las mismas las denuncias de las asignaciones de obras para el gran proyecto sexenal de las estufas de leña, difusas y borrosas a más no poder. Para lo único que el Consejo sirvió en el “comal gate” fue para que, a posteriori, el DIF estatal use como sello de calidad en sus asignaciones el nombre y supuesto aval del anodino Consejo.

Muy vivo quien le vendió la idea de este Consejo de Transparencia al gobernador: el organismo que palomeará graciosamente la honradez de su administración tiene de origen las encías pelonas. Sopea la corrupción y se la traga como papilla. Desdentado, el pobre Consejo.

Un grupo de personas convocadas al final de cuentas para que el gobierno “se adorne” como una administración abierta al escrutinio de respetables ciudadanos, pero hasta ahí. Dicho todo con suavidad y sin ánimo de ofensa, que no mide igual tener por “ornato” lo que araña en los hechos la utilidad del papel tisú.

“NO SE ABRA HASTA….”

Después de largos meses de tirar del asunto con solicitudes de transparencia, quejas y recursos, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública por fin concedió la razón al notario Eduardo Martínez Benavente en su solicitud de la relación completa de cheques enlistados en los seis anexos que Joel Azuara Robles, ex secretario de Finanzas, entregó en el informe “Aplicación de los recursos del crédito de 1,500 MDP al 26 de septiembre de 2009”.

El notario se lo solicitó a la Secretaría de Finanzas y esta salió con una batea de babas: que no tenía un solo papel, que era cosa confidencial y que se dirigiera al juez de la causa. Mucho rebotar y ponen al Poder Judicial a contestar que pues no puede entregar nada porque es materia de juicio.

A fuerza de insistir, y demostrar que sus pretextos no se sostenían, la CEGAIP se sacó de la manga una resolución en la que reconoce la razón del peticionario, pero condiciona la entrega de los datos por parte del ente obligado hasta que se dicte sentencia ejecutoria a los involucrados en este caso, empezando por el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga y el ex secretario de Finanzas Joel Azuara Robles.

¿Alguien cree posible que Finanzas no se haya quedado con una miserable copia del informe de Azuara sobre los cheques aplicados de ese crédito? De nuevo el gobierno de Toranzo deja correr, no ve ni oye, deja enmohecer. Esos cheques son el argumento de defensa de su ex jefe y antecesor: que la tercera parte de esa deuda se la gastó la entrante administración torancista en 2009. ¿Qué tramoya se les desvencija si se hace público el documento?

Pero no son los únicos misterios resistentes del presente régimen. La documentación “perdida” que avale el uso de la torre del Centro de Convenciones como oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico es otra joya. La administración torancista puso tal enjundia en descalificar el ostentoso conjunto del Cenexpo, así como el contrato de explotación con grupo CIE, que fue para carcajearse ver a la Sedeco mudarse al sitio como sede. Muchas humoradas están construidas de la incongruencia. Para meterse en esa torre, Gobierno debió entrar primero en pláticas con grupo CIE, Administradora Mexicana de Hipódromos, y firmar un convenio modificatorio. A tira y tirón, Gobierno acaba declarando a CEGAIP que ese papel no existe.

Vaya: la dependencia estatal encargada de atraer capitales y convencer de certezas jurídica a los inversionistas, metida de “okupa” porque no tiene la posesión legal del inmueble. Eso dicen con sus renuencias a exhibir papeles y sus marrullerías.

Puesto a comprobar la claridad de su ejercicio, a este gobierno que se llena la boca de transparencia nomás nada le embona. En esa materia tienen la misma coherencia que la “izquierda-caviar” criticada por Françoise Mitterrand, de intelectuales exquisitos: “Que viva la Revolución, pero no en mi calle… que el alboroto me impedirá sacar el BMW de la cochera”.