JUGANDO CON DINERO AJENO.

Escribe I Eduardo Martínez Benavente.

Oziel Yudiche Lara sabía desde octubre de 2009, cuando asumió el cargo de director general de Pensiones del Estado, que la Junta Directiva anterior había autorizado dos años antes la celebración de un contrato en el que se le confiaba a una empresa extranjera administradora de activos un poco más tres millones de dólares para que se los manejara a través de un fondo de inversión de renta variable denominado Global Style Blend.

Sabía que su antecesor, Luis Gonzaga Sánchez Espinosa, había ejecutado un acuerdo tomado ilegalmente por los representantes del gobernador, secretario de Finanzas, sindicatos magisteriales y burócratas que integraban la directiva de ese organismo, pues violaba la Ley de Pensiones que prohíbe expresamente que los ahorros de los trabajadores se inviertan en títulos o valores “que funden sus utilidades en circunstancias imprevistas o de azar”, como era el caso de la adquisición de ese paquete de acciones especulativas que se cotizan en diferentes mercados de valores alrededor del mundo. Hasta allá fueron a parar los fondos de los trabajadores potosinos destinados al pago de sus pensiones con los que irresponsablemente jugaban estos ex funcionarios.

Oziel Yudiche Lara, como responsable de administrar con seguridad y transparencia los fondos de inversión de los burócratas debió cancelar de inmediato la operación celebrada y denunciar a los responsables del ilícito, y no esperarse ocho largos meses para someter a la consideración de los nuevos integrantes de la Junta Directiva la propuesta de retirar la inversión, pues para entonces el fondo que convalidaba con su pasividad y silencio había perdido un 45% de su valor.

En el acta de la Sesión Ordinaria del 3 de junio de 2010, cuando se tomó este acuerdo, aparecen como consejeros el ex perredista y ex diputado local Ismael Trujillo Martínez, representante del doctor Fernando Toranzo; Silvia Arellano Vázquez, representante de Jesús Conde Mejía; Olegario Saldaña Coreno, en representación del sector burócrata; Ángel Pecina Hernández, representante del Sistema Educativo Estatal Regular, Maestros Sección 52; y Moisés Vázquez Briones, representante Consejero de la Sección 26 de Telesecundaria.

Más de un millón 353 mil dólares se habían esfumado. Nada se ha hecho para activar la denuncia penal que Yudiche Lara asegura que se presentó en contra de los causantes de este quebranto, a pesar de que han transcurrido 30 meses de la fecha en la que se formalizó el acuerdo.

A Yudiche Lara y a sus consejeros se les deben fincar responsabilidades por haber puesto en peligro la devolución de un fondo de renta fija por 370 millones de pesos que confiaron a una financiera de Nueva Zelanda que les ofreció pagarles intereses muy superiores a los que normalmente se pagan, y que requirió de la compra de una póliza para asegurar su cumplimiento.

Fue tan riesgosa la operación que la financiera se atrasó tres meses en el pago de sus obligaciones, por lo que prefirieron cobrar la inversión en ese momento a seguir ganando más intereses.

Si ya habían dejado pasar tanto tiempo sin retirar lo que había quedado del fondo contratado con Global Style Blend, si habían permitido que la inversión siguiera vigente; lo más conveniente entonces era seguir esperándose pues las bolsas para esa fecha se estaban recuperando, de tal manera que la pérdida se habría reducido a un 7.79%, si hoy se hubiera cobrado esa inversión.

Ese fondo reportó en el 2012 una utilidad del 14.38%. Su decisión, además de tardía y encubridora; fue precipitada y errónea porque ningún jugados de bolsa toma una pérdida de esa cuantía, y menos cuando el precio de las acciones va a la alza.

En junio de 2010 el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores Mexicana - que es un reflejo de la de Nueva York - cerraba con 31,156 puntos, cuando en octubre de 2009 el índice había llegado a los 28,646 puntos. Nada que ver con los precios actuales que han superado la barrera de los 44 mil puntos.

Oziel Yudiche Lara ha permitido que el gobierno del Estado se apodere de una buena parte de los fondos de los jubilados para financiar su déficit. No lo ha denunciado, pues entre la SEGE y la Secretaría de Finanzas le adeudan más de 568 millones de pesos por concepto de cuotas patronales y retenciones que por diferentes conceptos se les hacen a los burócratas. El daño patrimonial es enorme pues el gobierno no le paga un peso de intereses por el “jineteo” de su dinero y no existe plazo ni partida presupuestal para cumplir con sus compromisos.

Por esto, Bernardina Lara Argüelles, Vito Lucas Gómez Hernández y Arnulfo Hernández Rodríguez, diputados de la anterior Legislatura, presentaron el pasado 13 de agosto una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 24 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, en el que plantean un cargo mensual por concepto de intereses moratorios sobre saldos insolutos del doce por ciento anual, como una medida de apremio para que el Gobierno del Estado entregue puntualmente a la Dirección de Pensiones los recursos que previamente la ha deducido a los trabajadores y que están destinados para integrar sus fondos de pensiones. Ni los maestros ni los burócratas han ejercido presión alguna para que el Congreso apruebe esta iniciativa.

Oziel Yudiche Lara sabe que la longevidad de los trabajadores es un riesgo financiero real e inminente, y no ha propuesto una iniciativa para elevar la edad o los años de actividad laboral para que se jubilen. En San Luis Potosí un burócrata de 48 años de edad puede jubilarse si ingresó como empleado del gobierno a los 18 años. A este ritmo ningún dinero alcanzará para asegurar su retiro, y pronto veremos una generación de burócratas que no tendrán un cheque en la mano que les permita dejar su trabajo.

LAS 65 CONCESIONES DEL IMPERIO DE MARGARITO TERÁN.

De acuerdo con información oficial que nos fue entrega por medio de una Solicitud de Información, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, México, encontramos este dato, el cual indica cómo Margarito Terán, ha sido beneficiado, y ha utilizado a su familia, para ponerla a toda, como concesionarios. El clan tiene 65 concesiones. Más la empresa de prepago denominada BOLETUR.

100,000 HOMICIDIOS EN LOS 6 AÑOS DE FELIPE CALDERÓN: PVEM.

El Partido Verde celebró que el Presidente Enrique Peña Nieto, instalara la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ya que el crimen organizado es uno de los principales males que aqueja a nuestro país.

El Partido Verde, señala que ya era imperativo plantear una estrategia de combate al crimen organizado basada en la prevención y no únicamente en el uso de la fuerza, ya que este método no sólo ha mostrado no ser efectivo sino que ha dejado un saldo superior a 100 mil homicidios en los últimos seis años, de acuerdo con datos del informe Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio, publicado por México Evalúa en 2012.

Explicó que esta propuesta tiene la finalidad de combatir los factores que propician la proliferación de la violencia desde la raíz, entre los que se encuentran la pobreza, la violencia intrafamiliar y el uso de drogas. Para esto se implementarán planes en 251 municipios afectados gravemente por la delincuencia.

Dicha comisión tiene un carácter de política pública transversal, en el que participarán diversas secretarías entre las que se encuentran la Secretaría de Gobernación, Desarrollo Social, Educación Pública, Hacienda y Salud entre otras.

PROTESTAN EN CONTRA DE JESÚS CONDE JR., COORDINADOR DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. LO CALIFICAN DE “IMPROVIZADO”, DE HACER NEGOCIOS CON SUS AMIGOS, Y DE PERMITIR QUE “HAYA UN DESMADRE”.

Integrantes del Sindicato Autónomo de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, acompañados por empleados de confianza, se manifestaron en contra del Coordinador de los Servicios Médicos, Jesús Conde Jr., hijo del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jesús Conde Mejía.

Se quejan de que el júnior es un funcionario improvisado, impuesto por favores que le deben a su padre, el secretario de finanzas.

No hay medicamentos, el sistema es un desorden, satanizaron a los antiguos proveedores, el júnior le compra medicamentos a sus amigos sin haber licitado las adquisiciones, y de administración de servicios médicos “no sabe ni madres”.

El secretario general del Sindicato Autónomo, Óscar Esparza González, calificó como discriminatorio este trato, debido a que son más de dos mil empleados los que se canalizarán de manera diferente, para recibir su prestación en salud, a quienes se suman otros 200 elementos de Seguridad Pública, por lo que dijo que el servicio de medicamentos les será restringido, así como cirugías y estudios clínicos.

Asimismo, agregó que hoy en los trabajadores acuden a farmacias donde no existe la cobertura de medicamentos que necesitan, por lo que tienen generar un gasto extra al buscarlos en otros establecimientos, donde si les puedan surtir las recetas.

En lo que respecta a la legitimidad de este Sindicato, Oscar Esparza denunció que la actual administración se ha negado a recibirlos y reconocerlos, por lo que los trabajadores agremiados al sindicato siguen en los mismos términos que los dejó la pasada administración.

Además, comentó que han solicitado entrevistas y han hecho llegar documentos al Oficial Mayor José Bolaños Guangorena, al Secretario General Manuel Lozano Nieto y al propio Alcalde Mario García Valdez, exponiendo sus peticiones, sin obtener respuesta alguna hasta el momento.

Finalmente, señaló que solicitaron a Tesorería y a la Sindicatura un informe donde se explique el recurso de Parquímetros, que supuestamente se destina a la conformación del Fondo de Pensiones, lo cual corresponde al 60 por ciento del remanente de dicho servicio, pues se desconoce el manejo de dichos recursos.

CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO, SE REQUIEREN PERFILES DE MANDO COMPROMETIDOS.

● En las seis regiones que tendrá el estado, se necesitarán policías valientes y comprometidos con los potosinos: Eugenio Govea Arcos.

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Eugenio Govea Arcos señaló que para la implementación del Mando Único Policial en el estado, es necesario que lleguen coordinadores regionales inteligentes y con valor, pero sobre todo comprometidos a brindarles seguridad a los potosinos.

Expuso que es necesario contar con elementos comprometidos con el estado, con los potosinos, que en verdad se note en la realidad que se encuentran dispuestos a sacar adelante la tarea que les será encomendada.

Govea Arcos reconoció que en San Luis Potosí aún no se alcanzan las metas para acreditar a los elementos policiacos estatales y municipales, por lo que es necesario trabajar con mayor esfuerzo para tener policías confiables.

Añadió que el estado tiene los recursos, el armamento y requiere de un titular de la Secretaria de Seguridad y de los diferentes mandos regionales, comprometidos, con valor e inteligencia para proteger a los potosinos de la delincuencia.

"EL SENADO APROBARÁ LA LEY DE AMPARO, PARA BENEFICIO DE LA JUSTICIA EN MÉXICO": MENDOZA DÍAZ.

● Se busca la congruencia con el nuevo esquema oral-acusatorio de la justicia en el país.

● Se beneficia a la sociedad civil al contemplar el esquema del amparo colectivo, ante afectaciones iguales derivadas de diferentes acciones del poder público.

● Se busca legitimar de manera activa los derechos inherentes de víctimas y ofendidos.

Toda vez que en la Sesión Ordinaria del Senado de la República se recibirá la minuta referente a la nueva Ley de Amparo, la Senadora Sonia Mendoza expresó que desde la bancada de Acción Nacional se ve con buenos ojos la iniciativa aprobada por los Diputados Federales, toda vez que representa un avance en el sistema jurídico mexicano.

"El amparo es una figura necesaria en la justicia mexicana; sin embargo, el abuso del mismo ha demeritado su efectividad, además de que en el nuevo esquema penal acusatorio, quedaba rebasado; por ello, los cambios que analizaremos y que sin duda se aprobarán, garantizan darle viabilidad y vitalidad, dentro de un marco de justicia social a esta garantía constitucional con que contamos quienes habitamos en la República", manifestó Mendoza Díaz.

Al recordar a los constituyentes de 1857, en particular a Mariano Otero y al potosino Ponciano Arriaga, quienes perfeccionaron la figura del amparo y lo elevaron a rango constitucional, la también Vicecoordinadora de la fracción panista en el Senado aseguró que la preocupación del blanquiazul se enfoca a cuidar los derechos fundamentales de todos en México, "No hay posibilidad de un desarrollo real y sostenido si no protegemos los derechos humanos y por lógica, debemos considerar en principio a aquellos individuos y grupos que por diversas circunstancias se encuentran en situaciones más desfavorecidas; es menester nivelar las condiciones para darles a todos las oportunidades que necesitan para defenderse y salir adelante", dijo.

Agregó que entre estos grupos, destacan los pueblos indígenas, de quienes se abusó sistemáticamente durante siglos, despojándoles de sus tierras y derechos, así como de las víctimas del delito, "Si ligamos esta reforma a la Ley de Amparo con los ajustes que buscamos incluir en la Ley de Víctimas, podremos garantizar la equidad y la justicia para quienes se han visto afectados por abusos tanto del poder público, como de los delincuentes que azotan a la sociedad", enfatizó.

La ex diputada federal señaló, asimismo, que se incluye el amparo colectivo, figura que no existía previamente y que protege a individuos y grupos de acciones diferentes que tengan efectos iguales o similares, "Esa siempre ha sido una gran laguna, la obligación del trámite individual de un amparo, aun cuando la violación a los derechos se haya dado de manera idéntica, lo que hacía sin duda más lento el proceso jurídico, en perjuicio principalmente de las víctimas o afectados; ahora se subsana y se logra cada vez más el cumplimiento de la premisa de la justicia pronta y expedita", concluyó la potosina.