PROCEDIMIENTO ORAL MERCANTIL.

PRIMERA PARTE  ●  PONENTE │ LIC. GERARDO QUIRINO MUÑIZ. PRESIDENTE DEL CONSEJO POTOSINO DE ABOGADOS A. C.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO  ●  El llamado Juicio Oral se caracteriza por desahogar la etapa central del procedimiento de viva voz ante un juez o tribunal que entiende del litigio, sea éste civil, penal, laboral, contencioso administrativo, Mercantil, etc. Estos juicios orales permiten que todas las partes en el proceso estén presentes durante el desarrollo de las audiencias, con especial énfasis en la presencia indelegable del juez, esto con la finalidad de que todos tengan conocimiento directo de las pruebas recabadas y la misma oportunidad de defenderlas o contradecirlas durante una o dos audiencia de manera pública y sin interrupciones.

A diferencia del juicio escrito, en el juicio oral las pruebas y los alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador, por eso se señala que inmediación y oralidad deben estar estrechamente unidas en la recta administración de justicia.

Con la implementación de los juicios orales se pretende hacer más ágil y transparente la impartición de justicia, facilitar el balance entre las partes que actúan y asegurar en todo caso y materia en que se apliquen, el respeto a sus derechos humanos.

De acuerdo a lo expuesto, puede hacerse notar que la principal característica de este nuevo sistema procesal es el principio de oralidad, sin embargo este principio se concatena con otros, como lo son el de publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, los cuales en su conjunto conforman a este nuevo sistema de impartición de Justicia, dan certeza de legalidad, eficacia y transparencia a todo Proceso oral de cualquier materia o al menos esa es su finalidad.

Los principios mencionados, ya son regulados, con motivo de la reforma en materia penal, en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, principios también regulados y aplicados en los Juicios Orales Civiles, Familiares y Mercantiles, en las leyes adjetivas correspondientes que los regulan.

Así tenemos que el pasado 27 de enero del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código de Comercio, que introdujeron el juicio oral mercantil, sin embargo estas reformas fueron a su vez reformadas, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2012 y se estableció en su artículo tercero transitorio, una vacatio legis, que podrá llegar hasta el 1° de julio de 2013 la entrada en vigor lo relativo a los juicios orales mercantiles.

Ahora bien, se comentan a grandes rasgos el contenido de las reformas mencionadas. En el artículo 390 Bis del Código de Comercio se establece que se tramitan mediante juicio oral mercantil los conflictos cuya suerte principal sea inferior a la cuantía que establece el numeral 1339 del código en comento, que es de $520,900.00 por concepto de suerte sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.

También se incorporan al código de comercio, los ya mencionados principios en los que se basa todo Sistema de Juicios Orales, cuyo fundamento lo encontramos en su Artículo 1390 Bis 2. (Continuará…)

¿ COCTEL MOLOTOV ?

ESCRIBE │ ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO  ●  La semana pasada escuche de voz del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en una entrevista ante los medios nacionales de comunicación, comentando la situación de las manifestaciones magisteriales en Guerrero. Hizo señalamiento expreso, que la suma de diversos grupos sociales de corte radical a ese movimiento, se equiparaba a la de un coctel molotov con desagradables consecuencias. Aprovecho, por supuesto en su intervención para golpear al gobernador Ángel Heladio Aguirre, calificando a la zona como: " estado fallido ". Seguramente quiso quedar bien con su jefe el líder de la bancada de su partido Manlio Fabio Beltrones, quien no hace mucho tuvo intercambio mediático con el ejecutivo estatal.

Diría que el horno no está para bollos, las condiciones del algunas entidades del sureste mexicano se han visto azotadas por movimientos sociales y se ha agudizado la presencia de la delincuencia organizada, con los consiguientes efectos que ello produce. Estados como Oaxaca y Guerrero, donde desde hace años se localizan grupos radicales, de confrontación, de corte paramilitar, que se llegan a extender a zonas de Chiapas, Tabasco y Michoacán, no se pueden apreciar de la manera simplista e irresponsable, como lo hizo el Presidente de una de las Cámaras que representa uno de los poderes del país, más aun, cuando señala de manera magnánima, que se ha apoyado al gobernador con la Policía Federal.

Me pregunto: ¿ que esperaba ?, ¡ por supuesto que era obligada la intervención de la federación !, no como graciosa concesión, sino por un deber republicano. Evidentemente, las declaraciones del Presidente Peña Nieto, contrastan radicalmente con las del legislador, pues mientras uno se pone de manera beligerante a especular sobre bombas molotov con resultados desagradables, el otro, se refiere a la gobernabilidad, estado de derecho y aplicación de la ley, para tener tranquilidad.

No es únicamente el asunto del estado de Guerrero, tampoco la reforma educativa, que si bien tiene su fondo, la han utilizado más como pretexto o justificación para dar cauce a la desestabilización, como parte de su lucha popular. El problema estriba en el efecto dominó que esta situación pueda acarrear, al unirse grupos de ese mismo estilo, como se ha percibido en los últimos días, al unirse diversas organizaciones conformando el "movimiento popular de Guerrero", que lo mismo integra a maestros que a guardias comunitarias y hasta miembros del grupo de Atenco.

El problema ya salió del estado y se corre el riesgo de extenderse a otras partes, donde existe un caldo de cultivo propicio para ello, con infinidad de intereses ocultos. Aunado a este episodio, convergen otros escándalos que han surgido; los mensajes de Wikileaks, que han ventaneado a personajes de la vida política nacional, que sin duda no son casuales y, por otro lado, la ausencia del Gobernador de Michoacán, que aun con delicado estado de salud, se aferra al poder de una entidad completamente desordenada y sin ley.

También, resulta paradójico que las entidades más visibles por su conflictividad, como Oaxaca y Guerrero, estén gobernadas por la oposición, ya que los escándalos, la ingobernabilidad y la rampante corrupción, se presenta desde hace tiempo en otras zonas del país, entre ellas; Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, por decir algunas que han destacado por los excesos e incapacidades de sus gobiernos, en suma, hay mucho por hacer.

Ahora que están surgiendo problemas serios, lo que se requiere es oficio político, dialogo, atención a los problemas, poner orden y evitar abrir más frentes. Los agoreros de la desgracia, no solo no ayudan, estorban y no deben tener cabida, máxime que estamos en la puerta de 14 procesos electorales y eso puede exacerbar aun más los ánimos. Al pan, pan y, al vino, vino.

VAN 39 "DESAPARECIDOS" EN 3 MESES: CEDH.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO  ●  En los primeros 3 meses del año 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tienen registrados 39 expedientes de búsqueda, aunque no todos son de hechos suscitados en San Luis Potosí, aclaró el director de Gestión, Canalización y Quejas de la CEDH, Pablo Loredo Oyervide.

Precisó que estos no son todos los casos de desapariciones, porque la gente a donde tiene que ir es en la PGJE sin embargo son cifras que nos reflejan algo, porque cuando la gente viene es comúnmente cuando las autoridades no los apoyaron, o sienten que hay un desamparo y falta de atención. “Si hacemos una estimación del primer trimestre pensamos que vamos a superar o igualar el dato que tuvimos el año pasado”, advirtió el funcionario de la CEDH.

Según datos del registro del Programa de Localización de Personas de la CEDH, las desapariciones van en aumento: mientras que en 2010 se registraron 75 expedientes de personas desaparecidas, al cierre del 2011 sumaron 149 expedientes de 181 personas desaparecidas y al finalizar el 2012 se iniciaron 180 expedientes en los que se reporta la desaparición de 205 personas, de las cuales 27 son de San Luis Potosí.

La CEDH ha mantenido la cooperación con las instancias estatales de derechos humanos de Nuevo León, donde se han reportado 60 desapariciones de potosinos en aquella entidad, seguida de Veracruz con 32, y Durango con 17.

En esta red, dijo Loredo Oyervide, la CEDH de San Luis Potosí apoya investigando las peticiones de los organismos oficiales de protección a derechos humanos de otras entidades.

"CONGELA" LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA 8 DENUNCIAS CONTRA EX ALCALDES.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO  ●  Las 8 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) entre diciembre de 2012 y febrero de este año ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), contra ex funcionarios de 8 ayuntamientos, se mantienen estancadas según fuentes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Lo anterior a pesar de que hace poco más de dos meses, el procurador Miguel Ángel García Covarrubias, se reunió con legisladores de esta comisión a quienes ofreció rapidez y eficiencia en la entrega de resultados.

Las fuentes consultadas por Pulso, revelaron que estas denuncias involucran por lo menos a 25 ex funcionarios que aplicaron manera inapropiada sus recursos o dejaron de cumplir con la ley al no presentar a tiempo sus respectivas cuentas públicas del ejercicio 2011.

El pasado mes de diciembre el equipo jurídico de la ASE presentó denuncias en contra de funcionarios de los municipios de Matehuala, Real de Catorce, Tanquián, Ébano, Villa Hidalgo, Rayón y Tamuín, quienes ni lograron cumplir la ley en la entrega de sus respectivas cuentas públicas, acción sancionada por el Código Penal desde hace casi 3 años.

La denuncia presentada por la ASE en contra de ex funcionarios capitalinos el 11 de febrero ha corrido con la misma suerte y no ha registrado avances.

En este caso, la denuncia se presentó por delitos como peculado, uso y falsificación de documentos y no es en contra de algún funcionario en particular.

Las denuncias contra las alcaldías infractoras permanecen congeladas en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente del procurador estatal Miguel García Covarrubias.