6,000 burócratas harán paros escalonados contra Fernando Toranzo

Anunció paros escalonados a partir del lunes 6 de mayo. Denunció que tan sólo por el concepto del pago del reciente salario retroactivo, el secretario de finanzas Jesús Conde Mejía, le "rasuró" a los trabajadores más de 25 millones de pesos.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO ● El plantón permanente en la Plaza de Armas es apenas el principio de las movilizaciones, y si no hay acuerdos, habrá acciones según las acuerden los trabajadores sindicalizados, anunció Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE).

Anunció paros escalonados a partir del lunes 6 de mayo. Denunció que tan sólo por el concepto del pago del reciente salario retroactivo, el secretario de finanzas Jesús Conde Mejía, le "rasuró" a los trabajadores más de 25 millones de pesos.

La dirigente sindical explicó que los trabajadores van a permanecer en el plantón por tiempo indefinido, luego de revelar que desde hace tres semanas y luego de un último diálogo con el secretario general de Gobierno Cándido Ochoa Rojas, nadie más se ha acercado a tratar de resolver las demandas del sindicato.

La dirigente sindical pidió respeto a la organización sindical, respeto a los trabajadores y que los acuerdos y derechos ganados se encuentren vigentes.

La entrevistada denunció que el Gobierno del Estado ha hecho también lo propio para dificultar las condiciones laborales de los sindicalizados, y por ejemplo, niega permisos pre jubilatorios, derechos adquiridos por los trabajadores que el gobierno está pasando por alto.

“Tenemos trabajadores a los que no se les paga el IMSS, trabajadores a los que nunca les pagaron atenciones y aquellos a quienes les han negado el derecho a jubilarse”, denunció.

La dirigente del SUTSGE dijo que el grado de desatención es tal, que el mismo gobierno ha negado a los trabajadores los permisos para poder tramitar la jubilación, por tiempo indefinido.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí tiene 10 mil 652 trabajadores pero de ese universo, 5 mil 800 burócratas tienen base sindical e integrados en cuatro sindicatos. El resto no tiene esa condición, mucho menos los elementos de Seguridad.

Por sus siglas, los sindicatos son los siguientes, SUTSGE, SADTGE, SITTGE Y SERDTGE; éste último, el de más reciente creación.

Del total de los trabajadores que pertenecen a la burocracia potosina, se enlista no sólo a los sindicalizados, también a los de Confianza que de acuerdo a información de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, son 550 trabajadores, en este apartado entran los empleados del nivel 14 al 20; es decir, gobernador, secretarios de estado, coordinadores de área, directores y subdirectores.

Así mismo, están integrados a la burocracia sin ser sindicalizados los maestros del SNTE cuyo número es 4 mil 818. En Honorarios están 300 empleados y finalmente en el área de seguridad que son policías y custodios, suman 4 mil 984.

Los propios sindicatos han cuestionado el crecimiento disparatado de trabajadores porque es habitual que se termina un sexenio y el gobernador en turno junto con su gabinete deja protegido a parte de su personal.

El caso más escandaloso se originó en el anterior sexenio cuando Marcelo de los Santos entregó basificaciones a mil 500 trabajadores durante el período que duró su mandato.

De cómo se ha inflado la nómina en los últimos tres años es público y notorio el monto, se refleja en la Ley de Egresos de entre un año y otro.

Prepara el PRD una demanda por genocidio en contra del gobernador Fernando Toranzo Fernández

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO ● El Partido de la Revolución Democrática (PRD), prepara una demanda por genocidio, en contra del gobernador Fernando Toranzo Fernández, por haber colaborado, omitido o facilitado, el exterminio, homicidio o asesinato, de, por lo menos y oficialmente, 12 reos recluidos en el penal de La Pila.

El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

Estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Desde un punto de vista internacional, el genocidio viene regulado por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 (entrada en vigor en 2002).

Junto al genocidio se castigan otros delitos conexos, que son la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad.

La Corte Penal Internacional (llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

Tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

Las personas acusadas de genocidio serán juzgadas, de acuerdo con el artículo 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en un tribunal competente del territorio donde se cometió el delito. No obstante, ha surgido paralelamente un derecho consuetudinario por el que los tribunales de cualquier Estado podrían juzgar casos de genocidio, aunque fueran cometidos por no nacionales y fuera de su territorio. También la Corte Penal Internacional puede conocer de este delito, siempre y cuando sea competente por haberse reconocido su jurisdicción.

La Convención afirma que es irrelevante que el acusado sea gobernante, funcionario o particular y declara que, a efectos de extradición, no se considerará al genocidio como delito político.

EL GOBIERNO DE FERNANDO TORANZO NO ACATÓ LA RECOMENDACIÓN 04/2012 DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH).

De acuerdo con la información recabada en el expediente del PRD, ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acataron las medidas de seguridad previstas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la recomendación 04/2012, que contenía “señales de alerta a la autoridad penitenciaria, por una serie de eventos donde se privó de la vida a una docena de internos”.

Sin embargo, no hubo acciones pertinentes, afirmó el presidente de la CEDH, Jorge Vega Arroyo, y agregó: “solo hubo información de la problemática que se vivía en La Pila, pero no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la integridad de los internos”.

En el documento que se emitió en octubre del 2012, la CEDH reportó los decesos de internos y por tanto, recomendó a ambas dependencias deberían reforzar las medidas de seguridad, clasificar adecuadamente a los internos, “se tomaron medidas a medias, pero no se dio solución y los eventos dicen lo contrario”.

Vega Arroyo comentó que la recomendación 04/2012 se emitió de forma general a Joel Melgar Arredondo, titular de la SSP y Miguel Ángel García Covarrubias, procurador general de Justicia; al primero, por la aplicación de las medidas de seguridad y a la PGJE, “se le señaló que los decesos ocurridos en La Pila no tienen que ver con una auto-privación de la vida, sino que investigara que había señales de que se habrían cometido delitos y determinara las averiguaciones previas”.

Explicó que la exigencia de la CEDH es que la PGJE profundice en la investigación de los hechos del pasado 27 de abril, se deslinden responsabilidad y se castigue a los responsables materiales.

El ombudsman comentó que lamentablemente esa recomendación general no fue acatada por la SSP y no se garantizaron las medidas de seguridad para los internos, aunque se insistió, “se relajaron”.

¿Un País de Leyes?

Escribe I Alejandro Zapata Perogordo.

Una cuestión altamente positiva que se ha presentado en los últimos meses, consiste en haber comenzado el debate, tanto en lo político como en lo social. Un país como el nuestro; con un sistema inacabado, de regiones disímbolas y grandes contrastes, requiere de una profunda reflexión, acompañada de acciones, eficaces, transparentes y apegadas al orden legal.

El modelo por el que vamos transitando y, que aún se encuentra sin concluir, es un estado social de derecho, cuyo eje central se localiza en la relación del estado con la sociedad, a partir de un régimen democrático, sostenido en las libertades, entendiendo estas, en la posibilidad que tienen las personas para elegir entre diferentes opciones.

Precisamente una de esas libertades consiste en elegir a sus gobernantes y, uno de los fines de los Partidos Políticos, es participar con plataforma y candidatos en los procesos electorales. El próximo mes de Julio habrá elecciones en más de la mitad de los Estados del país, para ser preciso en 14, donde se renuevan Ayuntamientos, Congresos y solamente en Baja California también Gobernador.

Un principio fundamental de toda democracia, consiste en la equidad de las contiendas. No se trata de una graciosa concesión a los partidos políticos, es cuando menos un principio ético, consagrado en la constitución y una regla indispensable. Sin embargo, va mas allá, también la equidad sirve para salvaguardar las libertades y fortalecer la soberanía nacional, ya que no podemos olvidar que esta reside originaria y esencialmente en el pueblo y, los ciudadanos el único acto soberano que realizan es el ir a votar. Por lo tanto, el contar con elementos que propicien un piso parejo en las campañas políticas para elegir gobernantes, es también respetar la soberanía, las libertades ciudadanas, el interés público de los Partidos Políticos y los más elementales principios democráticos.

Además, las libertades en democracia, aquellas que permiten al ciudadano elegir a sus representantes, constituyen una derivación de derechos humanos, reconocidos como Derechos Políticos, consagrados en el Pacto de San José y reconocidos en la constitución política del país. Es por ello, que en el artículo primero se establece un imperativo a todas las autoridades, en los ámbitos de sus competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ordenando en caso necesario, la prevención, investigación y sanción, así como la reparación del daño en caso de violación a estos principios.

Sin abundar mas sobre la materia, uno de los grandes problemas que seguimos teniendo en México, se remite a la tendencia de hacer trampa en los comicios, peor aún, con la participación activa o pasiva de autoridades de toda índole, que sin mayor recato utilizan los recursos públicos como una práctica normal y cotidiana para favorecer a su Partido Político o candidato.

El botón de muestra - que existen muchos en este país -, se localizo en Veracruz, un verdadero escándalo, en tanto que se pudo documentar a través de vídeos y grabaciones, se interpusieron denuncias y múltiples quejas. Lo que se obtuvo fue el -ahora- clásico: "no te preocupes Rosario”. El cinismo del gobernador Duarte no tuvo límites, simplemente recurrió al simplismo de "ellos hacen lo mismo", “a confesión de parte, relevo de prueba", una cuestión de éstas, en cualquier país que se precie de ser democrático, hubiera ocasionado la caída del gobernador y la cárcel para él y su gente, pero aquí: ¡no pasa nada!

Ahora resulta que los Partidos Políticos se tienen que aguantar y tolerar posturas antidemocráticas, regresivas y fuera de todo orden legal. Si no lo hacen, son antipatriotas, chantajistas, extorsionadores y demás.

Alguien debe poner orden, con los gobernadores, con la delincuencia organizada que sigue azotando a todo el país, combatir los casos evidentes de corrupción, ahí están los Moreira, el sindicato de Pemex, el ex gobernador Granier, por citar algunos. Aplicar la ley en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, la UNAM. Seguimos sin entender en caso Cassez, la farsa de las declaraciones patrimoniales, el asunto de la Lady Profeco y muchos más que en el transcurso de apenas cinco meses de la administración se han ido acumulando.

Hace falta, mucha falta, entrar al carril de la transparencia, la legalidad y sobre todo de la voluntad para hacer bien las cosas.

Homenaje al Embajador Gonzalo Martínez Corbalá

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO  ●  En un encuentro que congregó a ex colaboradores del ex gobernador interino, sirvió de marco para recordar la posibilidad de una reelección.

A más de 20 años de su paso por la gubernatura, el político prometió terminar un libro para aclarar todo lo que siempre le preguntan y dijo que llevaría por nombre: "Desde cualquier trinchera".

El homenaje que recibió Don Gonzalo Martínez Corbalá se realizó en la Casa de la Cultura ante un salón lleno y con caras conocidas. Jacinto Lárraga, alabó la importante trayectoria del político potosino, quien agradeció emocionado el reconocimiento de sus paisanos.

Al momento de tomar la palabra, Gonzalo Martínez Corbalá, hizo un recuento de la serie de conflictos generados durante el breve paso de Fausto Zapata Loredo como gobernador del Estado, mismo que duró 14 días en el cargo, debido a las protestas del doctor Salvador Nava Calvillo, su oponente en la contienda por la máxima magistratura del Estado.

"Recuerdo que el presidente Carlos Salinas de Gortari me llamó a mi casa a las 12 de la noche, algo que puede resultar terrorífico, imaginen que un presidente te llame a tu casa a esa hora, debe ser algo muy grave, sobre todo cuando te cita al día siguiente en Los Pinos a las 9 de la mañana. Un periodista me preguntó si me había dado la gubernatura, yo respondí que no", completó.

En entrevista con los medios, a Gonzalo Martínez Corbalá se le preguntó de por qué se salió del PRI y después volvió, sólo contestó que un día le dijo el ex gobernador Francisco Martínez de la Vega: "Hay que juntar a los leales, porque siempre habrá desleales". De por qué regresó al PRI, sólo añadió que "no podemos dejar de ser gente de lucha".

Opinó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, va bien, "claro que puede", dijo en tono triunfante. Puntualizó que el Estado de México es testigo social de lo que el presidente puede lograr, porque dijo "ahí dejó muchas obras".

Eludió opinar de quienes pudieran candidatearse en la entidad para el 2015, "porque todavía falta mucho". De si cree que "está flaca la caballada", sólo sonrió.

Nombra Sebastián Lerdo de Tejada al Dr. Alberto Rodríguez Jacob nuevo delegado del ISSSTE en San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO ● El director General del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, tomó protesta de ley a los nuevos delegados del Instituto en San Luis Potosí, Alberto Rodríguez Jacob; Jalisco, Javier Alejandro Galván Guerrero; Querétaro, Sergio Alberto Isaías Blanca Álvarez; Quintana Roo, Carlos Rafael Hernández Blanco; Sinaloa, Germán Contreras García, y de Sonora, Francisco Vázquez Ramírez, a quienes exhortó a hacer del tema de la transparencia una prioridad en sus Delegaciones.

En el caso del ISSSTE en San Luis Potosí, Rodríguez Jacob ocupará el cargo de María José Aguilar Borbolla, quien estuvo al frente de la delegación desde el 2004.

Lerdo de Tejada entregó a los nuevos Delegados su respectivo nombramiento y les pidió cumplir con lealtad, honradez y eficacia el cargo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto les ha conferido, con el mandato de coordinarse con todos los órdenes de gobierno en su carácter de representantes de una institución federal.

Los exhortó, especialmente, a tener una interlocución estrecha con cada una de las organizaciones representadas en el órgano de Gobierno del Instituto, y aprovechar el buen momento de relación que se vive con estos organismos para trabajar como un sólido y único equipo que encabeza el Presidente de la República.

Operativo militar en la plaza de la tecnología

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO ● Elementos del Ejército Mexicano y autoridades policiacas realizaron esta tarde un operativo en la Plaza de la Tecnología, ubicada en la avenida Carranza y Álvaro Obregón, entre la Plaza de Armas y Fundadores.

En ese sitio se efectuó una revisión de mercancía y se decomisaron diversos artículos apócrifos, entre discos y aparatos tecnológicos, según se informó.

El operativo implicó una intensa movilización, por lo que algunas personas optaron por evitar transitar por esa céntrica zona.

Hasta el momento se desconoce el monto total de lo decomisado en la mencionada plaza en los locales 405, 407 y 415 de la avenida Álvaro Obregón, donde se ubican decenas de locales comerciales y en los que se venden equipos sonido, computación, videojuegos y celulares.