Autoriza el Congreso descuentos, caducidad y prescripción, en las deudas al INTERPAS.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO  ●  En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad adicionar los artículos transitorios tercero y cuarto al Decreto Legislativo Número 80, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2012 relativo a la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de Servicios Públicos del INTERAPAS.

Con el objetivo de establecer que los usuarios que acudan durante este ejercicio fiscal 2013 a regularizar sus adeudos, ya no pagarán los que tengan una antigüedad mayor a cinco años; y los que tengan adeudos menores a cinco años de antigüedad podrán ser convenidos en pagos diferidos hasta por doce meses y con una disminución del 30, 20 y 10 por ciento en los meses de agosto, septiembre y octubre, respectivamente.

Esta medida aprobada por el Congreso del Estado es para implementar programas socialmente sensibles que coadyuven a la regularización de adeudos y fomenten la cultura de pago. También, para dar solución a una problemática social e incrementar los ingresos del organismo operador de agua potable, lo cual repercutirá directamente en la calidad de la prestación del servicio que brinda.

Con esta reforma, se establecerá en el artículo tercero transitorio del Decreto Legislativo Número 80 que durante el ejercicio fiscal 2013 los usuarios que acudan a regularizar sus adeudos, oficiosamente gozarán de los beneficios de caducidad y prescripción a que se refieren los artículos 37 y 38 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

(Cabe señalar que el artículo 37 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí establece: Las facultades de las autoridades para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales de pago de contribuciones y accesorios, así como presentación de declaraciones, avisos y documentos, al igual que para determinar créditos fiscales, caducan en cinco años, contados a partir de la fecha en que se haya presentado la información necesaria para que la autoridad hubiera podido determinar la obligación o, en su defecto, a partir de la fecha en que haya ocurrido el hecho generador de la obligación o vencido el plazo para su cumplimiento. Y el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí establece: La obligación de pago de un crédito fiscal prescribe en favor del contribuyente o responsable solidario, en un plazo de cinco años a partir de que pudo ser legalmente exigido).

Además, el artículo cuarto transitorio del Decreto Legislativo Número 80, establecerá que los adeudos que no estén sujetos a los beneficios a que se refiere el transitorio tercero de este Decreto podrán ser convenidos en pagos diferidos hasta por doce meses; en dicho convenio puede otorgarse un ajuste de disminución del 30 por ciento en el mes de agosto; 20 por ciento en el mes de septiembre; y 10 por ciento en el mes de octubre, por lo que el organismo previamente se cerciorará que el cálculo del adeudo no derive de errores en la facturación por: Lectura errónea. Falla del medidor. Predio sin toma. Tarifa mal aplicada y cargos improcedentes. Incremento de consumo de un bimestre a otro sin explicación lógica. Inconsistencias en toma de lecturas que presentan de manera incongruente altos consumos. De encontrar errores en la facturación, previa la celebración del convenio, el organismo deberá efectuar el ajuste a la facturación.

También se señala que este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Y que los ajustes de disminución que se establecen en este Decreto, deberán ser publicados en los medios locales de información del municipio de San Luis Potosí, y a la vista de las personas usuarias en las oficinas del organismo operador.

Los legisladores señalaron, en la exposición de motivos del dictamen aprobado, que están conscientes que el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS no ha podido abatir con la gestión ordinaria la cartera vencida mayor a cinco años, pese a todos los procedimientos administrativos de gestión de cobranza que éste ha realizado. En este contexto, se justifica implementar este tipo de programas.

En tal virtud, se autorizó que los usuarios gocen de los beneficios previstos en los artículos 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de San Luis Potosí y otorgarles condiciones de certidumbre y seguridad jurídica.

Antes de este asunto, fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Puntos Constitucionales que adiciona el artículo 33 Bis a la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí. Y adiciona el artículo 75 Bis a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer, en ambas leyes, que está prohibido a las autoridades educativas así como a las y los docentes de las instituciones públicas y privadas de cualquier nivel en el Estado negar la inscripción o en su caso la continuación de sus estudios a las niñas y adolescentes por motivo de estar embarazada.

Lo anterior debido a que en México, según estadísticas del INEGI, y de la Secretaría de Educación Pública el número de embarazos en niñas y adolescentes ha ido en aumento, por ello la necesidad de implementar acciones para impulsar a las menores de edad que se encuentren embarazadas a continuar con sus estudios en un ambiente de tolerancia, respeto, equidad e igualdad, es decir, que elimine todo tipo de discriminación, en los centros escolares.

Esta adecuación normativa, según se señala en la exposición de motivos del dictamen aprobado, busca garantizar el acceso a la educación y, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se negará a las niñas y jóvenes estudiantes que se encuentren en estado de gravidez, derecho que se plasma, en la Ley local de Educación, y en la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para evitar que las autoridades educativas ejerzan cualquier acto que vulnere sus derechos.

La educación debe atender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana, sin dejar de puntualizar, que es en la niñez y la adolescencia donde nos formamos como adultos y, donde principalmente, debemos evitar actos de discriminación, a través de reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, con el fomento siempre de la comprensión y la tolerancia.

Por ello, resulta de capital importancia plasmar que tanto las niñas y adolescentes en estado de gravidez, y las que no están, tiene el mismo derecho de contar con la educación necesaria para su desarrollo personal; asimismo, que ellas no deben ser discriminadas por su estado, según se señala en la exposición de motivos del dictamen aprobado.

Fue aprobado por unanimidad el informe financiero del Honorable Congreso del Estado correspondiente al 28 de febrero del año en curso. La diputada Rosa María Huerta Valdez, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, fue la encargada de presentar el informe mencionado. También fueron aprobados dictámenes con proyecto de resolución que presentaron diversas comisiones legislativas que desecharon por improcedentes iniciativas que buscaban reformar la Constitución Política; Ley Orgánica del Municipio Libre; Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos del Estado de San Luis Potosí, entre otros ordenamientos.

En la sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado se turnaron a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; ayuntamientos; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; particulares; iniciativas y puntos de acuerdo.

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a las 10 horas del jueves 16 de mayo del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en Jardín Hidalgo número 19.

San Luis Potosí “tendrá fútbol profesional”, afirma el empresario Jacobo Payán Latuff.

• Se insiste en adquirir el club de fútbol San Luis. Pero si no es posible se comprará otra franquicia virgen de Primera A. Otro equipo que pudiera ser es comprar La Piedad si no sube. Otra es Jaguares que anda buscando un estadio en Chiapas, para que se venga al “Alfonso Latras Ramírez”.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO  ●  Un grupo integrado por los más poderosos empresarios de la capital potosina, presentaron una propuesta de compra del equipo Reales de San Luis por varios millones de dólares en reunión celebrada en el Distrito Federal con el dueño de la franquicia Carlos López Chargoy, “pues estamos decididos que San Luis  no se quede sin futbol de primer nivel y puede ser con los Reales pero con distinto dueño, e incluso con otro equipo que compremos,” según planteó con determinación el dueño del estadio Alfonso Lastras, Jacobo Payán Latuff.

Sobre el grupo integrado a instancias del también empresario e hijo del dueño del estadio, Jacobo Payán Espinoza, se informó que forman parte del mismo otros empresarios como Vicente Rangel Lozano,  Carlos Mahbub Sarquis y Carlos “Chato” López Medina, quienes también están interesados en que la entidad siga teniendo un equipo de primera división,  “que si no es el de los Reales puede ser otro”, según subrayó Payán.

Sin entrar en detalles por cuestiones de secrecía de las negociaciones, el dueño del inmueble futbolero sí reconoció que la propuesta hecha a López Chargoy en el Distrito Federal fue de varios millones de dólares aunque la respuesta a la misma podría darla hasta este 10 de mayo al regreso de todos de la capital del país.

Finalmente también recordó que, como lo ha venido diciendo como última alternativa se buscaría tener un equipo en la División de Ascenso y reforzarlo sólidamente a fin de que en el corto plazo ascienda a la categoría mayor;” pero con los Reales o comprando otro equipo tenemos la intención de que sigamos teniendo un equipo de Primera División”, reiteró finalmente  el empresario Payán Latuff.

Consignan por la matanza en el Penal de La Pila a 3 custodios y a 9 reos.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO ● Esta jueves 9 de mayo la Procuraduría de Justicia en el Estado consignó la averiguación previa relativa a la masacre ocurrida el 27 de abril en el CERESO número uno de La Pila donde al menos hubo 13 muertos y más de 100 heridos, el juez de la causa es el tercero del ramo penal Juan José Méndez Gatica conocido como "juez de consigna" porque es quien lleva todo los asuntos que le interesan al gobierno del Estado, acusado y señalado inclusive de liberar ilegalmente a delincuentes, falsificando firmas de las víctimas. Su esposa es jefa del instituto de investigaciones ministeriales, lo que representa un claro conflicto de intereses.

Los consignados por la histórica masacre son tres custodios y nueve reclusos, la directora de prevención, Concepción Tovar quien reconoció públicamente estar enterada de la situación que vivía el penal y que le obligaba a tomar medidas precautorias seguirá impune igual que el director del CERESO José de Jesús Martínez Alemán y el secretario de seguridad Joel Melgar Arredondo. Los consignados son señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio y uso indebido de la función pública y asociación delictuosa.

Sin embargo la consignación no resuelve la crisis que sigue viviendo la población penitenciaria pues al menos 75 reos viven en la zona de los túneles de acceso, ocupan como dormitorios el de abogados y el de sentenciados en una situación que mantiene la alerta máxima pues temerosos de ser masacrados rompieron la puerta cerrada sólo con un candado por lo que los militares que ahora hacen de custodios en el penal cortaron cartucho y amenazaron con disparar si intentaban derribar la puerta.

Los custodios han puesto en conocimiento de las autoridades la crítica situación, la posibilidad de que se amotinen y se fuguen y las condiciones extremas en que viven pues os túneles no tienen agua ni sanitarios, se enfrentan a un terrible hacinamiento e insalubridad, por lo que han solicitado la intervención urgente de las autoridades correspondientes porque una vez que los militares dejen de vigilar los túneles será imposible contenerlos.

Por otra parte oficialmente se comprobó que 16 internos que vivían en la zona de la aduana tras la masacre fueron trasladados a penales de máxima seguridad el pasado miércoles.

Interrumpe la sesión del Congreso una protesta del SUTSGE.

SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO ● Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado interrumpieron la sesión del Congreso del Estado que se realizó este jueves cuando hablaba la diputada Socorro Herrera Orta para pedir a los legisladores que intervengan a fin de que sus salarios no se vean afectados con las negociaciones que se llevan a cabo.

Esta situación provocó que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Jorge Aurelio Álvarez Cruz, declarará un receso durante el cual, el presidente de la comisión Trabajo y Previsión Social Juan José Jover Navarro atendió a los trabajadores, e indicó que era necesario que todos los actores involucrados se reunieran y así poder verificar que es lo que esta pasado.

"No podemos atenderlos así nada más, necesitamos conocer bien que es lo que está pasando, ver los documentos, conocer el problema y las versiones de todos los involucrados, para llegar así a una solución real" les dijo.

El legislador refirió a los legisladores que es necesario realizar nuevas adecuaciones a las leyes y ver que pueden aceptar o no como trabajadores, algo que dijo que se deberá estudiar el próximo miércoles, cuando los citó en trabajos de la comisión que preside.

Impide Victor Manuel Parra Beovide la reinstalación de 200 trabajadores de la empresa PROYCAL.

San Luís Potosí, S.L.P. a 9 de mayo del 2013.- Después de que el representante legal de la empresa Proyectos y Caldererías, PROYCAL, solicitara a Víctor Manuel Parra Beovide, presidente de la Junta Local de Conciliación Arbitraje, el pasado 18 de abril del presente año, la reinstalación de sus 200 trabajadores despedidos, el titular de la JLCA, niega atender la petición patronal.

Trabajadores que fueron despedidos el 12 de octubre del 2012, bajo el número de expediente 14227/2012/1, se quejaron de que el licenciado Parra Beovide, se opone a que vuelvan a desempeñar el puesto laboral que ocupaban en PROYCAL. Francisco Javier Álvarez, uno de los obreros afectados, denunció que la secretaria de acuerdos, Juana María Lara Díaz de este tribunal laboral, les dice que no puede hacer el escrito de acuerdo de reinstalación, porque le ordena el presidente de la Junta, que nunca lo haga, además que tiene “muchos asuntos por delante”.

Estos trabajadores tienen más de 8 meses sin laborar, pese a que la empresa pide su regreso y la JLCA niega el acuerdo; este mismo Tribunal laboral es que el que ha negado a los trabajadores el procedimiento de inicio de demanda de titularidad, para evitar que los obreros tengan su auténtica representación sindical, con mentiras de que “se le olvidan las notificaciones”, “que le ordenan arriba que no de le trámite de recuento”, “que existe una infinita cantidad de sindicatos que quieren ser representantes de los trabajadores”, etcétera.

Los quejosos señalan que las acciones de estos funcionarios, son contrarias a la función que debiera desempeñar a favor de los trabajadores, y lo peor, “es ahora nos impiden el regreso al trabajo”.