En busca de un nuevo IFE
Escribe │ Alejandro Zapata Perogordo.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO ● Hace unos días, las bancadas del PAN en el Congreso de la Unión, presentaron una iniciativa de reforma constitucional para transformar al actual Instituto Federal Electoral en otro, cuya denominación sería el Instituto Nacional Electoral, y su función primordial consiste en organizar y conducir los procesos electorales de todo el país, tanto en lo federal como en lo local.
Un cambio de esa envergadura trae consigo una serie de ventajas que a simple vista parecen sencillas, pero tiene su grado de complejidad, por lo tanto el diseño debe abarcar una multiplicidad de aspectos para que sea viable y funcional.
Actualmente se pasa por una crisis política, lo único que ha atemperado los ánimos es el Pacto por México, instancia que también ha sufrido descalabros. En buena medida, sin eludir otras causas, proviene del mal sabor de boca que han dejado los procesos electorales, dejando precedentes de gran insatisfacción, tanto en el ámbito federal como en elecciones locales.
De ahí deriva propiamente la propuesta, el clima de desconfianza obliga a sentar nuevas bases de contiendas políticas, fortaleciendo la facultad del árbitro. Esto implica la desaparición tanto de los institutos locales, como de los tribunales estatales, para que esas funciones la realice tanto el Instituto Nacional de Elecciones como el TRIFE, ambos órganos, en la actualidad ya cuentan con una infraestructura a nivel nacional y, podrían echar mano de capital humano e infraestructura que actualmente se encuentran en los estados, que por cierto, cuentan con una obesa y creciente burocracia.
Mediante ese cambio, sin duda, nuestra democracia electoral bajaría considerablemente sus costos, aunado a que en la iniciativa también se propone una reducción sustancial al financiamiento de los Partidos Políticos y, mayor margen para su fiscalización y vigilancia a efecto de evitar el uso de recursos públicos o de dudosa procedencia.
Se añade como causal de nulidad de elecciones el rebase de topes de campaña, esta sanción es la más alta que puede existir, sin embargo, lo ideal es que nunca se tenga que aplicar, y por lo mismo los contendientes se inhiban de caer en ello, a fin de que todos se apeguen a la legalidad.
Otra de las cuestiones a destacar, consiste en homogeneizar las reglas procesales, ya que cada estado tiene las suyas, de esta manera habría un código electoral único para todo el país, sin necesidad de tener una cantidad exorbitante de normas en la materia, lo que daría pauta a una interpretación, definición de criterios y aplicación armónica.
Es importante destacar que la creación del IFE estaba orientada hacia un desempeño independiente del poder político, circunstancia que como institución ha conservado, no sin eventuales críticas, pero ha sido un factor importante del instituto. Esa parte debe quedar bajo una salvaguarda, ya que es el principio esencial que sostiene la confiabilidad. Este factor fundamental se ha perdido en las entidades federativas, erosionado la confianza de los ciudadanos y de los Partidos Políticos en esas instituciones y al ocurrir esta situación, su utilidad como árbitros imparciales, se ha visto severamente cuestionada.
La iniciativa en mención va a causar un interesante debate, ya que contiene elementos para tener un órgano electoral que inspire mayor confianza, que la democracia sea menos onerosa y más eficiente, que los Partidos Políticos disminuyan sus prerrogativas y se sometan a reglas claras, que exista mayor transparencia y los ciudadanos tengan instituciones más sólidas y confiables, en las que puedan creer.
Así las cosas, que el Pacto sirva para que entre todos transformemos a México, entrar a la legalidad, a la vida institucional y al debate de las ideas.
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