CARTA ABIERTA

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 21 de noviembre de 2013.

A JAVIER DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

A LAS AUTORIDADES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS Y LOS PERIODISTAS.

Hacemos de su conocimiento los siguientes hechos y denuncias:

Periodistas de Veracruz manifestamos nuestro rechazo a la pasividad y falta de disposición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para sancionar a los policías que participaron en la agresión contra al menos seis periodistas que cubrían el desalojo de maestros el 14 de septiembre.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) se niega a proporcionar la información necesaria para integrar la investigación en colaboración con la instancia federal, y sancionar a los policías que participaron en la agresión a periodistas en Xalapa pese a la solicitud la PGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), según data en el acta circunstanciada 123/FEADLE/2013 que integró por la agresión contra seis reporteros el pasado 14 de septiembre en la Plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz.

En el expediente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Feadle adscrito a la PGR solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), los videos que se encuentran en su poder con fecha del 17 de septiembre como evidencia para integrar investigación dentro de los primeros cuatro días a la agresión ocurrida el 14 de septiembre.

La respuesta de la dependencia estatal fue que no podía entregarlos porque se habían borrado debido a que permanecen cuatro días antes de que ser destruidos.

Seguridad Pública señaló no sólo que los videos fueron “borrados” pese a realizarse la solicitud tres días después de los hechos el 17 de septiembre sino niega incluso haber realizado un operativo en Xalapa donde realizó el desalojo de los maestros.

Asimismo se negó a proporcionar información a la PGR en solicitud de la investigación, por otra parte, también se realizó la solicitud de las fotografías y nombres de los policías que participaron en el operativo el pasado 14 de septiembre en Xalapa sin disposición a entregar la información proporcionó los nombres sin imágenes, ello es muestra de la falta de pericia para esclarecer este delito por parte de las autoridades estatales, según se da cuenta en el expediente citado.

Durante el operativo de desalojo implementado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, apoyados con sujetos vestidos de civil, la madrugada del pasado 14 de septiembre en la Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa, los periodistas fueron golpeados y privados de la libertad por elementos de seguridad que actuaron sin el mínimo protocolo en el uso de la fuerza, mismos que persiguieron, amenazaron, ofendieron verbalmente y agredieron con toletes eléctricos, balas de goma, y golpes físicos, tanto a manifestantes como a periodistas que cubrían el hecho.

La situación más alarmante ocurre ante la pasividad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), órgano que se supone es defensor de los ciudadanos quien señaló improcedente la queja interpuesta por los periodistas como parte de lo que alega la falta de pruebas en el expediente pese a solventarse la denuncia se registraron una serie de irregularidades para sancionar a los 30 policías que se presentaron a declarar como responsables.

Entre estas irregularidades está la copia del documento en la declaración repetida de forma idéntica, ello hace pensar que los elementos nunca fueron citados a declarar para sólo descartar el dar seguimiento a la queja e incluso hasta ahora sin emitir ninguna recomendación a la corporación, esto es una acción que vulnera el derecho a la justicia y los derechos humanos.

Los periodistas reportan acoso por elementos de seguridad e individuos desconocidos que realizan la vigilancia permanente de los afectados en sus viviendas aunado a otro tipo de intimidaciones que vulneran la seguridad física y emocional.

Entre otras irregularidades, la corporación descartó haber realizado un operativo el pasado 14 de septiembre como parte del despliegue de elementos para las celebraciones del 15 de septiembre.

El pasado 14 de septiembre del año en curso durante la cobertura informativa, los periodistas Melina Zurita, corresponsal en Veracruz de Grupo Radio Centro y Agencia France Press recibió diversos golpes que provocaron lesiones diversas, esguince cervical grado 2 equiparable a las ocasionadas en un accidente automovilístico en un agresión en la que participaron más de diez elementos de la policía estatal; Roger Martínez López y Ricardo Matus, fotógrafos de la agencia Imagen del Golfo, fueron igualmente detenidos ilegalmente, despojados de sus equipos, agredidos y amenazados.

Ricardo Matus fue despojado de su cámara en la calle de Leandro Valle, a un costado de Palacio de Gobierno y Oscar Martínez, colaborador de Reuters y fotoperiodista de la agencia AVC Noticias, fue detenido arbitrariamente al interior de Palacio de Gobierno y se le decomisó temporalmente su equipo para borrarle las imágenes fotográficas captadas de los hechos, tras ser amenazado y extraído los datos de sus identificaciones personales.

Rubén Espinoza, reportero gráfico corresponsal de la revista Proceso y también de la agencia AVC Noticias, fue privado ilegalmente de su libertad y obligado a borrar las imágenes que había captado en su equipo.

Por lo anterior, la presente es ante la reiterada petición a las autoridades competentes a solicitud de su intervención para que en la medida de sus competencias y facultades, investiguen estos hechos de gravedad ocurridos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el pasado 14 de septiembre, queremos creer en la disposición de las autoridades estatales para garantizar la libertad de expresión que sustenta el Ejecutivo estatal, no así sus subalternos.

A las autoridades la exigencia de una investigación cabal de los acontecimientos y el castigo a los responsables entre quienes coaccionaron un derecho elemental, la libertad de expresión.

A las mismas autoridades exigimos la reparación del daño económico, moral y emocional que es también un derecho.