Michoacán, zona caliente

Con asombro hemos sido testigos de la paulatina descomposición en el estado de Michoacán, que ha derivado prácticamente en una guerra civil, cuestión inusitada en estas épocas de aparente modernidad, donde la lucha gubernamental tiene su foco en el combate al crimen organizado y, nadie pensaba en levantamientos como los ocurridos en esa tierra, subestimando el movimiento.

Se ha dicho hasta la saciedad las causas que engendraron el problema: la presencia de cárteles dedicados a actividades delictivas, extorsionando a la población, cobrándoles derecho de piso, con las consabidas amenazas, los secuestros, levantones y violentas ejecuciones, causando un enorme temor entre la propia población. Aunado a un abandono y desatención del gobierno, con evidente complicidad de las propias autoridades locales, lo que fue generando un desgarramiento social, profundos rencores y ánimos de venganza.

No es que hubiera fallado la estrategia, la impresión percibida es que no existía ninguna, simplemente se dejaron correr las cosas y los acontecimientos tomaron un rumbo no previsto. La incompetencia del gobierno estatal es palpable, su autoridad se ha visto completamente rebasada por la ingobernabilidad, tuvo que entrar la federación a efecto de darle respiración artificial, con la intención de sostenerlo, pues las consecuencias según el cálculo previsto, de declarar a los poderes de Michoacán desaparecidos, podría provocar males mayores.

El conflicto ha tomado dimensiones inesperadas, pues de estar ubicado como una cuestión local interna, ahora se ha proyectado al ámbito internacional, con todo lo que ello implica, sin dejar de advertir el riesgo de su expansión a otras entidades.

La tolerancia a los grupos en pugna ha causado daños sociales, económicos y políticos, cuya reparación se llevara largo tiempo, pues en el corto plazo no se avizora una solución integral, recuperar la credibilidad y el restablecimiento del orden institucional, requiere de medidas extraordinarias cuya implementación tiene enorme complejidad.

La incursión de las fuerzas armadas únicamente es un paliativo de contención, una acción necesaria con efectos transitorios y, precisamente de ahí surge otra polémica, pues en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aún se encuentra pendiente la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, cuyo objetivo es dotar de un marco jurídico a la milicia para este tipo de casos, ya que de ninguna manera pueden estar sujetos al mando civil, por el contrario, la batuta le corresponde a las fuerzas castrenses y, las demás autoridades deben coordinarse con ellos, así estamos observando un gobierno vinculado con el orden militar.

El tema de Michoacán no tiene precedente alguno en el país, quizás comparable con épocas independentistas o revolucionarias, sin siquiera pensar que a estas alturas regresáramos a los símiles de episodios históricos centenarios. El descuido y la irresponsabilidad son mayúsculos.

Ahora se tienen que revertir los efectos ocasionados y transformar a la brevedad posible las condiciones de convivencia social. Ante ello, es verdaderamente evidente, por las circunstancias presentadas, que resulta imposible para un gobierno local desprestigiado, anodino, poco confiable y a quien nadie respeta, llevar a cabo o realizar esa tarea, por lo tanto, se necesita explorar alternativas dotadas de viabilidad para encauzar eficaces soluciones.