LAS ESPECULACIONES Y EL CAMINO DE LA LEGALIDAD

Como reguero de pólvora corrió la noticia el pasado sábado 22 de febrero, cuando por la mañana surgieron los rumores de la captura en el puerto de Mazatlán, del principal capo mexicano: Joaquín Guzmán Loera, alias "el chapo". Esa información la filtró un funcionario norteamericano, señalando con énfasis el acontecimiento, provocando un ambiente de expectación, pues se trataba de un caso relevante. Pasado el mediodía, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, lo confirmó.

Todos los medios de comunicación, comenzaron a dar cuenta de lo ocurrido; un operativo conjunto llevado a cabo entre la Agencia Antidrogas Norteamericana, conocida por sus siglas en inglés como la DEA y la Marina Armada de México, utilizando sistemas de inteligencia y los aviones no tripulados denominados "drones", fueron los encargados de realizar la acción. Algunos voceros de esas corporaciones inclusive han destacado que siguieron en tiempo real la secuencia de la captura del fundador del cártel de Sinaloa, personaje por demás emblemático, cuya popularidad creció entre la delincuencia organizada a raíz de su fuga del penal de Puente Grande en el año 2001, cuando cumplía una condena de más de veinte años de prisión.

Es obvio que Guzmán Loera no es un delincuente ordinario, tenía bajo su mando un poderoso ejército dedicado al crimen organizado, con una estructura cimentada a lo largo de años, forjando un imperio de poder tanto en México como en más de 54 países, incluyendo a los Estados Unidos, amasando una riqueza en lo personal, que la revista Forbes lo cataloga en los primeros lugares del mundo.

La captura del "chapo", abre una serie de interrogantes y da pauta a gran variedad de especulaciones, que la propia autoridad deberá ir dando respuestas. La primera, de gran importancia, consiste es determinar ¿dónde va a ser juzgado, aquí en México o en los Estados Unidos?, ya que la participación de los norteamericanos para conseguir su detención, a decir de los hechos, fue determinante a efecto de atraparlo, circunstancia que los legitima para solicitar su extradición. Además, ¿qué país va a reclamar los bienes, será en donde es juzgado o en el lugar donde estos se encuentren?, pues ambas cuestiones son de trascendencia, tienen pros y contras.

Un hecho evidente y notorio, consiste en la protección que -sin duda-, tenía el capo por parte de autoridades, pues de otra manera no puede explicarse su estancia en un centro turístico como Mazatlán. Así las cosas, es fundamental comenzar a deslindar responsabilidades, ya que resulta grotesco que uno de los principales delincuentes mexicanos, se ande paseando a sus anchas y con la mayor tranquilidad del mundo en las principales playas del país, ¡por eso estamos, como estamos!, pues por lo visto, se opera con la mayor impunidad, en las narices de las autoridades y seguramente hasta con la complacencia, complicidad y protección de algunas de ellas.

Dos cosas adicionales, pues la investigación no termina ahí, por el contrario, comienza con la detención de Joaquín Guzmán y, por lo tanto, es ineludible obligación el reunir los mayores datos, documentos y elementos posibles, ya sea a través de cateos o de cualquier medio legal al alcance, sobre bienes, el entramado financiero, los nombres de socios, cómplices, las nóminas y todo lo derivado de su actividad, a fin de contar con certeza para desarticular hasta donde sea posible esa banda criminal y proceder a las siguientes detenciones, pues de otra manera nos quedaríamos simple y sencillamente encerrados bajo el refrán popular: "una golondrina, no hace verano".

No obstante lo anterior, de donde se desprende protección y complicidades, un personaje como el chapo, difícilmente se quedaría al margen de la lucha política, por el contrario, requería contar con amigos influyentes e infiltrar gente que le informe, que le deba favores y le otorgue facilidades en su actividad. Este línea la dejan entrever tanto Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acceso Ciudadano en México, como Phil Jordán, exdirector de inteligencia de la Dea, quienes afirman el patrocinio de Guzmán Loera a múltiples campañas. Si en realidad se pretende llegar al fondo del asunto para dotar de ética a la política, es fundamental aplicar la ley en consecuencia. Conocer a los beneficiarios de los recursos tanto en México, como en el extranjero, ayudaría al camino de la legalidad y a la dignificación del quehacer público.