Otra vez… la tendencia regresiva.

Tal como se había previsto, las principales fuerzas políticas presentaron sus iniciativas en materia electoral, eligieron como foro de origen la Cámara de Senadores y, el reto en un tema tan delicado como son las normas para la competencia política, obligadamente es sacarlo por consenso.

Pareciera una cuestión simple, pues la reforma constitucional recién publicada, establece un diseño institucional a seguir, sin embargo, y aquí es donde se presentan con regularidad los "peros", las interpretaciones difieren.

Los plazos se agotan, no solamente para los legisladores federales, sino en los estados, ya desde hace tiempo debían haberse modificado sus constituciones, sobre todo por el cambio de fecha en el proceso electoral del 2015, que ahora será el primer domingo de junio y no en el mes de julio como era costumbre. La señal es clara, están estirando la cuerda hasta el último momento, con el riesgo de romperla.

Por otra parte, las propuestas partidarias tienen divergencias de fondo, las más cercanas y coincidentes en el modelo son del PRD y el PAN, muy distantes del concepto sostenido por el PRI. Mientras que los primeros entienden que las reglas electorales para regular a los Partidos Políticos, a los órganos electorales y los procedimientos de esa naturaleza, corresponde a una normatividad de carácter general para estar en posibilidad de aplicarse en toda la República, tanto en elecciones del ámbito federal como local, cuestión acorde con el espíritu de la última reforma política.

En tanto que el Revolucionario le otorga una dimensión completamente diversa, ya que se contrae solamente a la distribución de competencias entre los órganos electorales, dejando aparte infinidad de puntos, ya que pretende que sean regulados por el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), cuya característica se remite exclusivamente a elecciones de carácter federal, sin tener aplicación en lo local.

Bajo ese aspecto, la confrontación es eminente, pues al tratar de minimizar la reforma constitucional en la materia electoral a fin de dejar abiertos temas fundamentales como la regulación de casillas únicas, los delitos electorales, las nulidades en las elecciones, la forma de fiscalizar los recursos, los topes de gastos en campañas y precampañas e inclusive las alianzas o coaliciones que posibilitan convenios de transferencias de votos no obtenidos en las urnas, son algunos rubros que pretenden se legisle en los estados.

En ese sentido, es obvio que limitan las facultades del ahora Instituto Nacional Electoral, dan al traste con la reforma a la carta magna, pues el modelo plasmado en la misma se ve seriamente trastocado y regresamos al punto de partida o lo que es aún peor, a facilitar leyes y procedimientos arcaicos.

El objetivo y la esencia de lo plasmado en el pacto supremo, era otorgar equidad en las contiendas, particular y especialmente las de carácter local, por tal motivo, me parece totalmente contrario a ello la propuesta priísta, que va encaminada a fortalecer la imposición e intervención en las elecciones nuevamente de los gobiernos estatales.

La mula no era arisca... (Refrán popular).