La controversia de los salarios mínimos.

El Partido Acción Nacional, como lo había anunciado, sin anticipar el tema, señaló la semana pasada su intención de promover, haciendo uso del derecho constitucional que lo permite, una Consulta Popular, para el efecto de someter, ahora sí, con contenido específico, al escrutinio público, un incremento sustancial del "salario mínimo", que actualmente en promedio es de sesenta y cinco cincuenta pesos diarios.

La noticia no pasó desapercibida, se trata de un tema por demás sensible. Algunos tacharon la acción como oportunista, populista y electorera, otros la calificaron como irresponsable y, muchos más se han dado a la tarea de hacer un análisis concienzudo y prudente. El hecho concreto e incontrovertible, es que el PAN lo ha puesto sobre la mesa incorporándolo a la agenda nacional.

La disyuntiva siempre está a flor de piel: si la oposición descalifica al gobierno, es porque carece de propuesta y, si propone, se trata de populismo puro. Lo cierto es que la medida concentra connotaciones políticas, económicas y sociales. La base del quehacer político, cuyo destino consiste en la inclinación de caminar buscando elevar la calidad de vida de las personas, aquí encuentra sentido, se deja de lado un esquema tradicional de estar en contra de todo, para obligar a la reflexión en un asunto por demás olvidado, más no por ello carente de importancia.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tiene la encomienda de fijar los salarios mínimos legales que deben cubrirse a los trabajadores, tomando como base el principio consagrado en la fracción VI del artículo 123 Constitucional, que establece deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos, frente a las condiciones económicas y sociales del país. Por otra parte, se ha establecido que una familia cuyos ingresos mensuales son inferiores a los seis mil pesos, se encuentra en una situación de pobreza, por lo tanto el salario mínimo vigente que oscila alrededor de los dos mil pesos, resulta por demás insuficiente.

Después de llevar a cabo reformas económicas, políticas y electorales, bien puede considerarse la profundidad de una transformación de carácter social a través del humanismo económico, creando Políticas Publicas salariales tendientes a atenuar las enormes desigualdades sociales a través de una acción rectora y rectificadora del Estado.

Es correcta la afirmación que la gran mayoría de personas aceptan la propuesta, por lo tanto, parecería inútil la consulta a sabiendas previamente del resultado. No obstante lo anterior, lo trascendente del asunto, estriba en el proceso de concientización ciudadana: la revalorización del trabajo como el espacio natural de la responsabilidad social y medio fundamental para la realización del ser humano, actividad que tiene primacía sobre el capital, son cuestiones de ética que surgen de la economía con responsabilidad social.

La redistribución de la riqueza no puede hacerse por decreto, sino por conducto del trabajo libre y respetuoso de la dignidad humana, que otorgue una retribución a las personas que les permita tener acceso a la propiedad y formación de un patrimonio, que sea base para su desarrollo integral.

Eso es lo que está en la propuesta, que sea un instrumento para detonar en la sociedad los valores de una solidaridad activa y en el Estado la aplicación de los principios rectores contemplados en la Constitución.

¡Bienvenida la crítica, más la acción!