El de atrás paga.

Deudas públicas sin control.

Uno de los compromisos del Pacto por México, concretamente el número 68, se refiere a atender mediante controles legales, los excesos en las deudas de los Estados y Municipios, a efecto de impedir el quebranto en esos órdenes de gobierno.

La gota que derramó el vaso proviene del caso Coahuila, donde los niveles de deuda pública rebasaron con mucho la capacidad de pago del estado, hipotecando las finanzas públicas durante muchos años.

La motivación derivada de esa escanda, concluyó en la conveniencia de poner orden, juzgando apropiado incluir el tema como una prioridad nacional. Se hizo el compromiso de construir una legislación nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública, cuyo enfoque estaría en los controles para que estados y municipios puedan contratar deuda, procurando evitar la discrecionalidad y los abusos.

Los tiempos previstos en el pacto ya se agotaron, se había considerado concretar la reforma en el segundo semestre del 2013, sin embargo, existieron diferencias entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, esta última sostiene que el tema le otorga ser Cámara de origen. Ahora cada una tiene una minuta de reforma constitucional, ambas similares, aunque también ambas en la congeladora.

Mientras ello ocurre, los estados y municipios se han dado vuelo solicitando créditos. Las maltrechas finanzas en esos órdenes de gobierno no han sido obstáculo para continuar endeudando a las administraciones, bajo el socorrido argumento de evitar catástrofes mayores, dejando el cumplimiento de los compromisos contraídos a los siguientes gobiernos, el que viene paga.

El riesgo sigue latente, en poco tiempo se agotará el margen de maniobra de estados y municipios, quienes financieramente tendrán escaso recurso y las manos atadas, para atender las necesidades de desarrollo de sus regiones, previendo un severo impacto en la calidad de vida de sus habitantes, al tener que enfrentar el pago de los compromisos crediticios contraídos por anteriores administraciones.

Se observa con inquietud el desmedido incremento de la deuda pública en Estados y Municipios, manejado con total opacidad en cuanto al destino y manejo de los recursos, con dudosa capacidad de pago y, enviando las futuras necesidades de sus regiones a sufrir prácticamente el irremediable estancamiento y abandono.

Cada entidad se ampara en su propia soberanía, tiene sus reglas y las aplica, lo lamentable consiste precisamente que esa facultad la utiliza a contentillo y a conveniencia de la autoridad en turno para pedir prestado. En contrapartida, la dependencia con el gobierno federal en cuanto a sus ingresos públicos es considerable, en promedio arriba del noventa por ciento, en consecuencia la deuda que se adquiere es subnacional y, por lo tanto, las finanzas públicas estatales y municipales son una preocupación nacional.

El contar con un equilibrio presupuestario y propiciar condiciones para el crecimiento económico y el empleo en cada estado y municipio del país, son cuestiones fundamentales para un manejo sostenible de las finanzas públicas, en consecuencia, los créditos de estados y municipios para un manejo prudente de los mismos, obliga a poner límites y modalidades, a su transparencia y fiscalización, también a su adecuada implementación y a deslindar responsabilidades.