SECUESTRAN DESDE EL AÑO 2009, A 4 ACTIVISTA DE LA CAMPAÑA DE FERNANDO TORANZO
● LLEVAN 1,884 DÍAS "DESAPARECIDOS".
● DESDÉN, OMISIONES, O UNA PRESUNTA COMPLICIDAD DE LA PGJE, PARA INVESTIGAR EL PLAGIO.
San Luis Potosí, México. Lunes 29 de diciembre del año 2014 ● Han transcurrido mil 884 días, tras la desaparición, en esta ciudad, de cuatro jóvenes universitarios, cuyas familias han tenido que enfrentar el desdén, las omisiones, y la inacción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE,) y de las corporaciones policiacas de la entidad.
El 11 de octubre de 2009, Moisés Gámez Almanza, de 24 años de edad, Marco Antonio Coronado Castillo, también de 24 años, Julio César Coronado Noriega, de 18 años de edad y Francisco Medina Rodríguez, también de 24 años de edad, desaparecieron. En la que presuntamente fue la última vez que se les vio, fueron abordados por varios desconocidos que los interceptaron en un crucero de la avenida Ricardo B. Anaya.
Desde entonces, sus familias cayeron en un calvario que los ha llevado de oficina en oficina, de funcionario en funcionario, de la PGJE y de la Policía Ministerial del Estado.
A eso, una de las familias tuvo que sumar la amarga experiencia de un falso rescate, en el que entregaron una cuantiosa cantidad a desconocidos que los contactaron inmediatamente después de haber denunciado a la policía la desaparición.
En los tres años y cinco meses que han transcurrido desde la desaparición de los jóvenes, sus familiares han tenido prácticamente que empujar a las dependencias supuestamente encargadas de indagar el caso a realizar las investigaciones, e incluso, frecuentemente las han realizado ellos.
Sin embargo, de poco ha servido para traerles de vuelta a los desaparecidos, tres de los cuales son estudiantes de Sistemas que colaboraron, meses antes de esfumarse, en la campaña del entonces candidato del PRI y hoy gobernador Fernando Toranzo Fernández.
“Nunca investigaron nada. Pasaron los años y nunca hicieron nada. No siguieron ninguna línea de investigación. Absolutamente nada”. Quien se queja es Alfredo Coronado, padre y abuelo de dos de los cuatro jóvenes de los cuales se desconoce su paradero desde el 11 de octubre de 2009. Con esa frase, resume lo que en tres años y cinco meses, el tiempo que llevan desaparecidos, han hecho la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Policía Municipal del Estado (PME) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En ese lapso, denuncian las familias de las víctimas, esas dependencias han dejado pasar el tiempo ya no sin lograr algún resultado, sino ni siquiera realizar una investigación en forma para localizar el paradero de sus muchachos.
Los jóvenes, Moisés Gámez Almanza, de 24 años de edad, Marco Antonio Coronado Castillo, también de 24 años, Julio César Coronado Noriega, de 18 años de edad y Francisco Medina Rodríguez, también de 24 años de edad, desaparecieron la madrugada de ese día, cuando salieron de una fiesta que se realizaba en un domicilio por el rumbo de la avenida Ricardo B. Anaya. Un testimonio señala que tuvieron un altercado con desconocidos, que luego interceptaron su vehículo y empezaron a discutir. Desde entonces, se esfumaron.
En entrevista, Alfredo Coronado, padre de Marco Antonio y abuelo de Julio César, Guillermo Gámez y Carmen Almanza, padres de Moisés, además de los familiares de Francisco, que pidieron no ser identificados, relatan las vicisitudes que han enfrentado a lo largo de este tiempo.
ROSARIO DE IRREGULARIDADES.
A partir de ahí, los familiares han enfrentado, además de la desaparición de sus seres queridos, las omisiones de las autoridades, entre las que se cuentan el dejar pasar un año y diez meses antes de entregarles una copia de la averiguación previa, tres años para girar oficios a corporaciones de entidades vecinas pidiendo su cooperación para ubicar a los desaparecidos y recoger muestras de ADN de las víctimas para compararlos con las bases de datos nacionales de desaparecidos.
En ambos casos, así como en la petición de los listados de llamadas de los celulares de los jóvenes a las compañías telefónicas, la iniciativa ha partido de las familias, no de las autoridades.
Y en los días en que la PGJE exhuma el cuerpo de Karla Pontigo, fallecida dentro de un antro y realiza la reconstrucción de hechos en el establecimiento meses después de ocurrida la muerte; en el caso de los desaparecidos, la primera inspección policiaca en el sitio en el que presuntamente se esfumaron se hizo… en noviembre de 2012, tres años después de ocurridos los hechos.
Como daño colateral a la desaparición, una de las familias sufrió la extorsión de desconocidos, inmediatamente después de haber denunciado el caso. Afirmando que tenían a uno de los jóvenes, pidieron un cuantioso rescate.
Extrañamente, relatan, los agentes ministeriales adscritos a la investigación les recomendaron pagar. También se negaron a acompañarlos al sitio pactado de la entrega del dinero, la gasolinera sobre la carretera a Matehuala que se ubica cerca del entronque al aeropuerto.
Le entregaron el dinero a un desconocido, que les prometió que pronto liberaría a su hijo, sin embargo, nada ocurrió.
Los afectados denunciaron el caso a la PME, que incluso les tomó los datos para elaborar un retrato hablado del extorsionador. Sin explicaciones, la autoridad no les entregó copia del retrato ni hizo esfuerzos por difundirlo. No fue sino hasta 2012, cuando obtuvieron una copia de la averiguación previa, que volvieron a ver el retrato y hoy por primera vez se difunde públicamente en esta edición.
Un abogado que asesora a las familias afectadas y que solicitó el anonimato, resumió la situación: “El caso no ha tenido ningún seguimiento. No ha habido un trabajo profesional, serio, de investigación. Ningún funcionario se ha preocupado por ellos. Han sido más de tres años de abandono”.
CABOS SUELTOS.
Los afectados y el abogado reseñan también varias líneas de investigación que han sido sugeridas a la PGJE, pero que han sido ignoradas.
Entre ellas está una riña que se desató en la fiesta a la que fueron los jóvenes antes de desaparecer, y de las que se desconoce si tuvo relación con las desapariciones.
Está también el testimonio de un joven trabajador de un bar en Soledad que afirmó que sabía dónde estaban los muchachos, pero que fue ignorado totalmente.
Asimismo, relatan el caso de un joven llamado Mario Zambrano, conocido como el “He Man”, amigo de uno de los desaparecidos y que presuntamente trabajaba como policía estatal.
Precisamente argumentando ese hecho, se ofreció a investigar desde dentro de la corporación cómo se desarrollaba el caso. Sin embargo, el lunes siguiente, también desapareció y no se ha sabido de él hasta la fecha. La moto de Zambrano, aseguran los entrevistados, se quedó dentro del edificio de Seguridad Pública del Estado.
DESFILE ANTE FUNCIONARIOS.
Dentro del gobierno de Fernando Toranzo Fernández no se puede decir que el caso es desconocido. La lista de funcionarios que en algún momento han atendido a las familias de los afectados es larga.
La encabezan los dos últimos procuradores, Cándido Ochoa Rojas, ahora secretario General de Gobierno, y el actual, Miguel Ángel García Covarrubias.
También está el ex actual comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, cuando encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública.
El jefe de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, José Luis Urban también supo del caso, al igual que los agentes del Ministerio Público Ulises Saucedo y Francisco Tayabas Cedillo.
Asimismo fueron atendidos por el fiscal de Delitos de Alto Impacto de la PGJE, Ricardo Escobedo.
Fuera del ámbito policiaco, está el regidor Gerardo Aldaco, ex titular del Instituto Potosino de la Juventud y encargado del área de jóvenes de la campaña del entonces candidato del PRI a la gubernatura, Fernando Toranzo Fernández.
Los afectados aseguran que realizaban labores en redes sociales a favor del candidato.
Y en última instancia, está el gobernador Fernando Toranzo Fernández, que en algún momento, cuando era candidato a la gubernatura, se tomó una foto con los entonces colaboradores de su campaña, unos meses antes de que desaparecieran.
Casi todos ellos, en distintos momentos, han prometido apoyar a los familiares de los jóvenes desaparecidos. El cumplimiento del compromiso, a más de 5 años de ocurridos los hechos, sigue en el aire.
