El 83% de los camiones urbanos, no han instalado las cámaras de video vigilancia: Diputado Francisco Martínez Ibarra

● Esto provocará que la próxima administración estatal tenga los elementos legales para valorar la no autorización del ajuste en las tarifas, como lo establece la ley, informó el diputado Francisco Martínez Ibarra secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. MARTES 21 DE JULIO DEL AÑO 2015 ● Debido a la tolerancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se espera que para el mes de Septiembre, solamente un 22 por ciento del total de las unidades del transporte público tengan instaladas las cámaras de video vigilancia.

Esto provocará que la próxima administración estatal tenga los elementos legales para valorar la no autorización del ajuste en las tarifas, como lo establece la ley, informó el diputado Francisco Martínez Ibarra secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Dijo que con esto, se incumplen de nuevo los compromisos para que la totalidad de las unidades tengan estas herramientas, ya que desde el año 2011 debieron estar instaladas. En la actualidad un 83% no han sido instaladas.

“La verdad es que Comunicaciones y Transportes ha sido muy tolerante porque estos compromisos datan del 2011, cuando fue autorizada la tarifa en aquel entonces, había varios compromiso que tenían que acatar, entre ellos era la colocación de las videocámaras; el gobierno entrante tendrá toda la capacidad y autoridad de acuerdo a la Ley de Transporte Público para que una de dos, o la SCT sanciona a los permisionarios o simplemente el Ejecutivo del Estado, iniciando el año puede vetar el incremento a la tarifa”.

Agregó que la colocación de las cámaras ha sido un compromiso postergado en varias ocasiones, por lo cual no hay ya justificación para retrasar su cumplimiento.

Indicó que esta situación debe ser motivo de análisis por parte de la nueva administración estatal, en lo relacionado con la aprobación del incremento a la tarifa, el cual se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

“Si no cumplen, tendría todos los argumentos el Gobierno del Estado para no autorizarles la tarifa; es una tolerancia que les ha dado la autoridad, no hay mayor cosa en eso, la tolerancia que se les están dando, porque no tenemos conocimiento de que hayan infraccionado o detenido una unidad por no cumplir los compromisos”, concluyó.