La Magistrada Yolanda Pedroza Reyes, denuncia al presidente del Tribunal Electoral, Rigoberto Garza de Lira, por acoso y misoginia

• Yolanda Pedroza Reyes asegura que fue víctima de amenazas, represión, acoso, maltrato, misoginia, discriminación y violencia por parte del presidente del TESLP.
• La magistrada pide la nulidad de la elección de Presidente del organismo.
• Rigoberto Garza de Lira recién fue ratificado al frente del tribunal el 8 de octubre.

(http://www.codigosanluis.com/portal/)   La magistrada Yolanda Pedroza Reyes presentó demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP) y su presidente, Rigoberto Garza de Lira, pues consideró que por razones de género le fue conculcado su derecho a presidir ese órgano colegiado. Asimismo, reveló anomalías administrativas que derivaron en amenazas, represión, acoso, maltrato y violencia contra su persona. Esto a casi un mes de la ratificación de Garza de Lira para encabezar ese organismo otro año más.

Con fecha 2 de noviembre promovió ante la Sala Superior del TEPJF un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y en este anticipa que de resolverse a su favor debe ordenarse que “se proceda a designarme magistrada presidenta”.

Demandó la nulidad de la elección del Presidente, celebrada el 8 de octubre de este año, porque afecta el principio de equidad de género, violenta sus derechos humanos de igualdad y de no discriminación “al no dejarme ocupar el encargo de presidente”.

Ella, recordó, fue nombrada por el Senado de la República para cubrir un periodo de tres años y “al designar dos veces seguidas al magistrado Rigoberto Garza de Lira se limita la oportunidad de la suscrita de acceder al cargo, pues el año siguiente, de ser elegido Oskar Kalixto Sánchez, terminaría mi encargo sin posibilidad de ser presidenta”, advirtió.

“Se me impide acceder al cargo al vulnerarse el principio de igualdad, consagrado en el artículo primero de la Constitución, que prohíbe la discriminación”, apuntó.

Por ende, anticipó, el TEPJF “debe anular” la elección de Garza de Lira, ordenar al TESLP celebrar otra sesión y “verificado el quórum legal, se proceda a designarme magistrada presidenta”.

En octubre de 2014 el Senado de la República designó magistrados a Rigoberto por un periodo de siete años; a Oskar por cinco y por tres a Yolanda.

Acerca de las irregularidades administrativas, la quejosa exigió invalidar las determinaciones de Garza de Lira, porque que no fueron aprobadas por el pleno, como la contratación de personal.

Expuso que a raíz de su desacuerdo respecto del desorden administrativo, el Secretario Ejecutivo rindió un informe financiero el 26 de mayo en sesión plenaria, pero sin especificar la forma o distribución del presupuesto por áreas, señaló.

Tres días después, pidió copias certificadas de las actas de las asambleas celebradas el 2 de enero, 19, 25 y 26 de mayo, “solicitud a la que a la fecha no se ha dado respuesta”.

El presidente, expuso, “considera que con llamarnos a su oficina y que esté presente el Secretario General de Acuerdos, para grabar las conversaciones, se formaliza la sesión”, sin el cumplimiento de formalidades establecidas en la ley, como convocar, circular el orden del día y someter a votación los temas tratados, precisó.

“Por tal razón considero que tales actuaciones trastocan mis funciones como magistrada, pues incluso se me ha querido obligar a firmar actas”, añadió.

Precisó que derivado de su postura, un día el presidente le pidió firmar acta de fecha 2 de enero, “relativa al nombramiento de personal, lo cual me sorprendió, pues ya la había firmado, tan es así que se mandó la documentación a finanzas para la liberación del pago de nómina”.

Además, tras leer el documento se percató que fue alterado y se lo refutó al presidente. “Lo anterior dio motivo a recibir amenazas, de que se iba mandar llamar a la magistrada supernumeraria María Concepción Castro Martínez, quien además fungía o funge como secretaria de estudio y cuenta de Oskar Kalixto Sánchez”.

Derivado de los amagos de suplantarla, pidió al Secretario de Acuerdos los libros de gobierno, de promociones, asuntos generales, correspondencia, de turnos para resolución, así como las actas de la sesiones del pleno. “Anticipándome a que en repetidas ocasiones el Secretario General me manifestó que no atendía mis órdenes, me presente acompañada de un Notario Público”, comentó.

A raíz de su postura, abundó, “se empezaron a tomar medidas represivas en mi contra”, entre estas la instalación de un software en todos los equipos de cómputo, “mediante los cuales se puede revisar a distancia los documentos e información contenida en los equipos, de lo cual me percaté, pues llegaron a borrar y mover proyectos de sentencias”.

Asimismo “se cambiaron todas las combinaciones de las cerraduras de las puertas, por lo que el 13 de junio me presenté a trabajar y no pude ingresar”.

“Tuve que esperar a que llegara alguien autorizado para que se me abriera, solicité la llave al Secretario pero me la negó. Una semana después el presidente aceptó darme llave y solo de una puerta de acceso, pues incluso me quede encerrada en dos ocasiones, y me percaté que la cerradura de mi privado fue forzada y abierta”.

“Otro de los actos violatorios en mi contra, de los que se infiere el maltrato del que he sido objeto”, acentó, aconteció en sesión celebrada el 12 de junio, cuando tras el trámite de un expediente, “se me amenazó de que se iba a proceder penalmente en mi contra”.

Expuso que tampoco se le ha informado acerca del destino de las multas impuestas por el Tribunal, pues se percató que en una sentencia, al infractor le fue proporcionado un número de cuenta bancaria para saldarla, “sin embargo no se me ha informado sobre la apertura de esa cuenta, del monto recaudado ni el destino de esos recursos”.