POR UNANIMIDAD LA LXI LEGISLATURA, APROBÓ LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, DEL PODER EJECUTIVO DE SAN LUIS POTOSÍ

•   En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad, de conformidad con el artículo 12 fracción IV de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí, autorizar al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate la reestructura de la deuda pública directa contraída con las instituciones Banorte y Santander, por mejora del perfil de vencimientos y condiciones financieras originalmente contratada, hasta por el saldo insoluto que a la fecha del 30 de septiembre de 2015 asciende conjuntamente a 3 mil 685 millones 637 mil 872 pesos con la o las instituciones financieras nacionales que ofrezcan las mejores condiciones. A pagar a un plazo máximo de 20 años.

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 ● En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad, de conformidad con el artículo 12 fracción IV de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí, autorizar al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate la reestructura de la deuda pública directa contraída con las instituciones Banorte y Santander, por mejora del perfil de vencimientos y condiciones financieras originalmente contratada, hasta por el saldo insoluto que a la fecha del 30 de septiembre de 2015 asciende conjuntamente a 3 mil 685 millones 637 mil 872 pesos con la o las instituciones financieras nacionales que ofrezcan las mejores condiciones. A pagar a un plazo máximo de 20 años.

Con el objetivo de que Gobierno del Estado disminuya su carga financiera y pueda contar con la liquidez necesaria para enfrentar los compromisos de corto plazo, cubra la demanda de inversión y libere recursos para el gasto social, infraestructura y la prestación de servicios públicos, y con ello evite que el efecto de la caída del crecimiento en las participaciones incida negativamente en las finanzas del Estado.

Esta reestructuración de la deuda permitirá obtener un ahorro en flujo aproximado de 853.9 millones de pesos para la administración actual y de 683.4 millones de pesos para la administración siguiente. Este ahorro disminuirá las presiones financieras sobre el balance fiscal del Estado a través de un perfil de pagos fiscalmente responsable, ya que el servicio de la deuda representará una proporción cada vez menor de los Ingresos del Fondo General de Participaciones a través del tiempo.

Lo anterior porque la propuesta del Ejecutivo del Estado para reestructurar la deuda tiene el único propósito de que disminuya su carga financiera y liberar recursos para el gasto social, infraestructura y la prestación de servicios públicos.

También busca fortalecer las finanzas públicas del Estado con la reestructura descrita, ya que el peso de las amortizaciones de los créditos de deuda pública directa para esta administración que comienza, quedaron desfavorablemente incrementados con respecto a las realizadas por administraciones anteriores.

En este sentido, de acuerdo al escenario base, se observa que ninguna de las futuras administraciones estatales destinaria más del 3.6% de sus participaciones para el servicio de la deuda. Lo anterior evidencia la tendencia decreciente de los pagos (como proporción de los ingresos) entre las diferentes administraciones a través del tiempo, según se establece en el dictamen aprobado.

Se agrega que el Ejecutivo del Estado planteó esta propuesta de reestructuración debido a que el Fondo General de Participaciones Federales, principal fuente de pago de la deuda pública, ha sufrido una desaceleración desde junio del 2014, derivado en parte por la caída en los precios del petróleo y el panorama para la entidad no es favorable. Esto ha representado una disminución de 563 millones de pesos a septiembre de 2015 de las participaciones federales con respecto a lo presupuestado, lo que aunado al recorte del gasto federalizado para 2016, así como por un mayor costo financiero que refleja el incremento esperado en las tasas de interés, incidirá en presiones de gasto para el Estado.

Además, que el peso de las amortizaciones de los créditos de deuda pública directa para esta administración que comienza, quedaron desfavorablemente incrementados con respecto a las realizadas por administraciones anteriores, lo cual genera una presión adicional de gasto en el servicio de la deuda, y a efecto de no recurrir al endeudamiento de corto plazo para cubrir los compromisos, el cual resulta más caro, como medio para compensar el déficit presupuestal, o recurrir al incremento de los ingresos del Estado vía nuevos impuestos o alzas en los impuestos ya existentes, se prevé lograr disminuir el servicio de la deuda, mejorando el perfil de vencimientos de los principales créditos del Estado.

A fin de contar con la liquidez necesaria para enfrentar los compromisos de corto plazo y cubrir la demanda de inversión y, con ello, evitar que el efecto de la caída del crecimiento en las participaciones, incida negativamente en las finanzas del Estado. Asimismo, se pretende disminuir el porcentaje de afectación de participaciones de los créditos antes referidos, toda vez que son excesivos y limitan la capacidad de pago del Estado.

Con ello se evitará deteriorar la calificación crediticia del Estado, misma que nos permite actualmente lograr esquemas de financiamiento bajo las mejores condiciones financieras vigentes en el mercado.

Por ello, para esta Soberanía es de capital importancia que el Ejecutivo del Estado busque mejorar las condiciones de los créditos antes referidos, por lo que después de analizar diversas propuestas, es factible realizar la reestructura de los créditos formalizados al tenor de los decretos, 246 de fecha 20 de diciembre de 2007; y 364 de fecha el 4 de noviembre de 2010, con aquella(s) institución(es) financiera(s) que ofrezca(n) las mejores condiciones crediticias que se traduzcan en un ahorro para nuestra entidad.

En el dictamen aprobado también se establece que el importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a su cargo conforme a las operaciones de reestructura que realice en términos del presente Decreto, será pagado hasta un plazo máximo de veinte años, realizando amortizaciones desde su primera mensualidad.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que pacte todas las bases, términos, condiciones y modalidades crediticias o financieras, que estime necesarias o convenientes en los contratos, convenios o demás documentos relativos a la operación a que se refiere este Decreto; para que celebre todos los actos jurídicos que se deriven de lo pactado en los contratos, convenios o documentos que sean necesarios hasta la total amortización del crédito, incluyendo la contratación de instrumentos financieros derivados; y para que comparezca a la firma de los mismos por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente facultados para ello; dichos convenios deberán celebrarse con la premisa de obtener las mejores condiciones crediticias de mercado que se traduzcan en la generación de ahorros para el Estado.

El Ejecutivo del Estado una vez contratada la reestructura autorizada en este Decreto tendrá 15 días, a partir de la firma del contrato, para asistir ante el Congreso del Estado a rendir un informe sobre las condiciones pactadas con la institución bancaria acreedora, entre otros preceptos.

Antes de la votación, los legisladores Gerardo Serrano Gaviño, Manuel Barrera Guillén, Oscar Carlos Vera Fábregat, Jesús Cardona Mireles, Sergio Enrique Desfassiux Cabello, Fernando Chávez Méndez, Oscar Bautista Villegas, J. Guadalupe Torres Sánchez, José Ricardo García Melo, Martha Orta Rodríguez y Xitlálic Sánchez Servín se pronunciaron a favor de este dictamen en la Tribuna Legislativa.

OTROS DICTÁMENES

Fue aprobado por mayoría, con 25 votos a favor y 1 abstención, un punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Meraz Rivera que solicita al titular del Poder Ejecutivo la comparecencia del titular de la Junta Estatal de Caminos, Ing. Porfirio Jesús Flores Vargas, a efecto de que informe sobre diversas inversiones en materia de infraestructura carretera y rehabilitación de caminos.

Debido a que la Junta Estatal de Caminos es un órgano paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, creado bajo decreto el 5 de abril de 1991, encargado de ejecutar las acciones relativas a planear, programar, presupuestar, construir, conservar, elaborar proyectos, administrar y mantener la infraestructura de carreteras, caminos, puentes y aeropistas derivadas de los programas convenidos con el Gobierno Estatal.

Que su objeto es vincular a los potosinos a través de una infraestructura carretera que garantice un enlace terrestre rápido y seguro a fin de que la entidad alcance mayores niveles de desarrollo, productividad y aprovechamiento de sus potencialidades.

Que quienes se encuentran al frente de las diversas carteras del Gobierno del Estado, tienen el carácter de servidores públicos y, por ende, están obligados a informar sobre todo cuando se trata de tareas vinculadas con el bienestar de la población.

Se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que presentó el diputado Jorge Luis Díaz Salinas que contempla que el Congreso del Estado exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emita un estudio y considere el derecho de vía adyacente de la carretera federal en el tramo del entronque que se encuentra aproximadamente en el kilómetro 40 de la carretera federal número 70 de Rioverde entronque Rayón - Cárdenas.

Por encontrarse en lo que establece el dispositivo 2° en su fracción IV de la Ley de Caminos, Puentes y Auto Transporte Federal, sin perjuicio a los avecindados del lugar en donde se realicen las obras y sea reabierto a la circulación a la brevedad posible, y no se vea afectada la actividad económica y social en ese lugar.

Fue aprobado por unanimidad desechar por improcedente iniciativa que proponía adicionar al Título Tercero el capítulo X “Del Apoyo Alimentario a las Enfermedades Crónicas”, con tres artículos, a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

En asuntos generales, el diputado Héctor Mendizábal Pérez hizo un pronunciamiento por el 423 aniversario (3 de noviembre de 1592) de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí.

Los legisladores Sergio Enrique Desfassiux Cabello, Manuel Barrera Guillén, Gerardo Serrano Gaviño, José Luis Romero Calzada, Héctor Mendizábal Pérez, Oscar Carlos Vera Fábregat, Martha Orta Rodríguez y Enrique Alejandro Flores Flores también participaron en la Tribuna Legislativa para hablar de diversos temas.

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por ayuntamientos; organismo paramunicipal; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; Particulares e Iniciativas.

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a las 11 horas del jueves 12 de noviembre del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.