RUMOR EN LA CIUDAD JUDICIAL: EL EX GOBERNADOR MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, TIENE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. MARTES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 ● La Ciudad Judicial siempre está llena de rumores.

Uno, el más reciente, dice que el ex gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, tiene una orden de aprehensión.

El Ex Gobernador, Marcelo de los Santos Fraga, en su oportunidad promovió un juicio de nulidad del proceso administrativo que se le sigue en su contra, por lo que sería el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA), quien podrá determinar sí o no, procede su solicitud.

Especialistas afirman que existen elementos más que suficientes para corroborar que cometió un ilícito, al desviar el uso del monto de mil 500 millones de pesos a otros fines, distintos para los que se contrató.

Incluso, sería probable que el gobierno de Fernando Toranzo Fernández, le hubieran agregado al expediente administrativo, los delitos de peculado, ejercicio indebido de la función pública, y falsificación de documentos. Los mismos que la procuraduría General de Justicia en el Estado, le fincó a la ex alcaldesa de la capital y coacusados, Victoria Amparo Labastida Aguirre.

También, en su oportunidad, la Contraloría del Estado contestó la demanda, exigiendo en que las autoridades judiciales desechen la petición de Marcelo de los Santos, y se avoquen a la sanción, a fin de que se puedan recuperar los casi ocho mil millones de pesos que se le impusieron como multa, para que pueda resarcirse el daño que ocasionó al erario público.

De igual manera aclaró que en forma independiente a este procedimiento, la inhabilitación que se le dictó al ex mandatario estatal sigue vigente por 20 años, así dijo que no tiene posibilidad de ingresar al servicio público, ni a postularse como candidato al puesto de elección alguno.

Como nuestros lectores de EL MUNDO DE SAN LUIS POTOSÍ, lo recordarán, el 10 de octubre del año 2013, la Contraloría General del Estado (CGE), le impuso una multa de 7 mil 791 millones 300 mil pesos y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por los próximos 20 años, por considerar que desvió el crédito de mil 500 millones de pesos, que solicitó al término de su gestión, en 2009, pues lo usó en gasto corriente cuando le fue autorizado para infraestructura.

La resolución está asentada en el expediente RESP-057/2011 y fue remitida el 25 de septiembre a las partes, incluidos los abogados del ex mandatario.

El litigio se inició a finales de 2011 y se demoró debido a que De los Santos tramitó incidentes, recursos y amparos mediante los cuales impugnó el procedimiento y adujo falta de competencia de la CGE, pero la justicia federal falló en su contra en esas instancias.

El ex mandatario no rechazó haber destinado el crédito a fines distintos a los autorizados por el Congreso; sólo alegó que el estado no contaba con ingresos propios suficientes para cumplir sus obligaciones, y que hubo una baja en las participaciones federales de 2009.

De los Santos señaló que, al aprobar el crédito, el Congreso sabía de la emergencia financiera en que se encontraba la entidad y que el crédito se usaría para mantener en funcionamiento la administración. Para la dependencia supervisora, esto implica desvío de recursos.

Pese a dichas impugnaciones, el organismo determinó imponer la multa de 7 mil 791 millones 300 mil pesos, o tres veces el monto del daño patrimonial hecho al estado, que la dependencia calculó en 2 mil 597 millones 100 mil pesos.

Esta cifra es la suma de mil 500 millones de pesos del crédito autorizado en agosto de 2009, más mil 97 millones 100 mil pesos por intereses causados entre agosto de 2013 y el término del crédito, en agosto de 2029. La sanción está basada en los artículos 75 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La inhabilitación fue determinada con base al artículo 79 de la mencionada ley. Como el monto de la sanción es mayor a 200 veces el salario mínimo vigente en la entidad, procede la inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público hasta por 20 años.

En agosto de 2009, 23 de los 27 legisladores que formaron la 58 Legislatura aprobaron la solicitud del gobierno de Marcelo De los Santos, para contratar el crédito de mil 500 millones de pesos a pagarse en 20 años.

La administración panista dejó a Fernando Toranzo una deuda de 4 mil 152 millones 426 mil 321 pesos. La deuda se conforma por los mil 500 millones de pesos y 2 mil 652 millones 426 mil 321 pesos de pasivos anteriores. Representaba 17.33 por ciento del presupuesto estatal y no rebasaba el 20 por ciento que señala la Ley de Ingresos.