El 4 de mayo en 18 minutos y 8 segundos:
FALSIFICA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, 30 FACTURAS A NOMBRE DE SANDRA SÁNCHEZ RUIZ
● Con una evasión fiscal del IVA de $ 5 millones 961 mil 066 pesos con 8 centavos, le paga 37 millones 256 mil 663 pesos, el 4 de mayo del año 2016, en menos de veinte minutos, a Sandra Sánchez Ruiz. La tasa cero tiene sus excepciones.
● En las 30 facturas proporcionadas aparece como fecha y hora de emisión el 4 de mayo de 2016 entre las 13:05:29 y las 13:23:37 horas, lo que representa que los comprobantes se elaboraron 13 días después de interpuesta la solicitud, y a un ritmo de una factura cada 24.72 segundos: incluyendo las 14 que aparentemente no fueron para el Ayuntamiento, según los folios.
● De las 30 facturas expuestas en la respuesta, sólo en siete casos el monto amparado corresponde con los pagos realizados, lo que deja 53 pagos sin factura y 23 facturas sin pago. Una situación de la que se desprendería que las compras pudieron ser en realidad por más de 67.5 millones de pesos.
Jaime Nava
San Luis Potosí, México. Lunes 23 de mayo del año 2016 │ El pasado cuatro de mayo, el gobierno municipal encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, habría pagado a la enigmática proveedora de medicamentos de nombre Sandra Sánchez Ruiz, un total de 37 millones 256 mil 663 pesos en menos de veinte minutos.
Lo anterior de acuerdo con 30 facturas expedidas por Sánchez Ruiz a nombre del Ayuntamiento de la capital, mismas que fueron capturadas y selladas digitalmente a una velocidad inferior a 25 segundos por factura.
Todo ello con base en información proporcionada por el ayuntamiento, luego de una solicitud hecha por Proyecto Tábano y cuyos documentos se encuentran en poder de La Jornada San Luis, en donde se da cuenta de la existencia de 30 facturas expedidas por Sandra Sánchez Ruiz, a la administración municipal por el concepto de “medicamentos para personal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí”.
Las facturas entregadas por la administración municipal fueron expedidas el mismo día, cuatro de mayo del 2016, lo que significa que se trata de una fecha posterior a los pagos realizados por el municipio desde diciembre del 2015.
Además, sólo siete de los montos contenidos en las facturas corresponden con las cantidades que la administración municipal reportó como pagadas a Sánchez Ruiz, en las listas públicas de cheques emitidos de diciembre a marzo, donde el total de pagos sumaba 34 millones 706 mil 540 pesos.
Seis de esos montos fueron pagados el 31 de diciembre del 2015, mientras que el restante se pagó el día nueve de diciembre del 2015.
Asimismo fueron entregados dos documentos en formato Word que contienen los textos de los contratos que habría firmado Sandra Sánchez Ruiz en su carácter de proveedora y en representación del municipio potosino, Ricardo Gallardo Juárez, María Isabel González Tovar, Marco Antonio Aranda y, como testigos, Noé Lara Enríquez y José Ricardo Soto Gutiérrez.
Los datos personales y de identificación, salvo el nombre de Sánchez Ruiz, fueron testados de ambos documentos. El primero de ellos fue firmado el 5 de octubre del 2015, es decir, el mismo día en el que de acuerdo a un “Dictamen de Adjudicación Directa para el Suministro de Medicinas” se autorizó a Sandra Sánchez Ruiz como proveedor de “Medicamentos Generales y de Libre Demanda (patente, y de marca); de Alta Especialidad (patente y de marca) para los trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí y sus beneficiarios”, según información contenida en el punto I.4 del propio contrato.
En ninguno de los dos contratos se hace referencia a la existencia de empresa o laboratorio de nombre Sanfer. Dicha empresa había sido mencionada por el Oficial Mayor como la proveedora de medicamentos y, según el funcionario, Sandra Sánchez Ruiz únicamente se trataba de la representante de dicha empresa; por tanto, la ausencia de mención de Sanfer en la documentación proporcionada por el ayuntamiento constituye una contradicción en los dichos Lara Enríquez quien igualmente aseguró no recordar haber conocido a Sánchez Ruiz a pesar de que aparece como testigo en ambos contratos.
Por Victoriano Martínez
Con documentos incompletos que no corresponden a la información relacionada con los pagos realizados entre diciembre y febrero a Sandra Sánchez Ruiz, además de tener elementos que los hacen poco confiables, el ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez respondió a la solicitud de información de Astrolabio Diario Digital.
La administración gallardista pretende dar por aclaradas las compras a Sánchez Ruiz con dos presuntos contratos sin firmas, facturas elaboradas en 18 minutos trece días después de que se presentó la solicitud de información y con tablas de Excel con un listado de medicamentos con sus precios y un supuesto reparto porcentual de las medicinas entre las distintas áreas.
A pesar de que el 20 de abril, Noé Lara Henríquez, oficial Mayor, y David Reza, titular de Comunicación Social, ofrecieron públicamente que entregarían digitalizados los documentos comprobatorios de todo el proceso de adquisición de medicamentos con Sánchez Ruiz, ninguno de los archivos proporcionado corresponde a un escaneo de comprobantes.
¿CONTRATOS?
Aunque en la respuesta se afirma que se proporcionan los contratos OM/008/2015 y OM/001/2016, en realidad no se trata de los documentos y los anexos firmados con la proveedora, sino simplemente de dos archivos Word en los que se reproduce, sin que se entregue evidencia de que así sea, lo que podría ser el contenido de los contratos en caso de existir.
A pesar de que se solicitó cualquier documento relacionado “en el que consten los compromisos para la compra de medicamentos”, la administración gallardista omitió proporcionar los contratos íntegros, que incluyen las actas del Comité de Adquisiciones y los dictámenes de Adjudicación Directa, así como las propuestas hechas por la proveedora.
Se trata de condiciones en la respuesta que dejan abierta la duda sobre la existencia real de los documentos con los sellos y firmas de las instancias conducentes.
FACTURAS AD HOC
Asegura Lara Henríquez en su respuesta que entrega los “comprobantes fiscales digitales impresos que amparan la adquisición de los medicamentos”. Sin embargo, en el archivo PDF proporcionado sólo aparecen 30 facturas, a pesar de que entre el 9 de diciembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016 en la lista de cheques publicada por transparencia aparecen 60 pagos.
De acuerdo con las prácticas de contabilidad, cada pago debe estar respaldado por una factura, con sus respectivas pólizas.
De las 30 facturas expuestas en la respuesta, sólo en siete casos el monto amparado corresponde con los pagos realizados, lo que deja 53 pagos sin factura y 23 facturas sin pago. Una situación de la que se desprendería que las compras pudieron ser en realidad por más de 67.5 millones de pesos.
En las 30 facturas proporcionadas aparece como fecha y hora de emisión el 4 de mayo de 2016 entre las 13:05:29 y las 13:23:37 horas, lo que representa que los comprobantes se elaboraron 13 días después de interpuesta la solicitud, y a un ritmo de una factura cada 24.72 segundos: incluyendo las 14 que aparentemente no fueron para el Ayuntamiento, según los folios.
A pesar de que las facturas se elaboraron después de presentada la solicitud de información, no tuvieron cuidado de que el concepto de la compra coincidiera con el que aparece en las listas de cheques publicadas por transparencia.
Los cheques y transferencias a nombre de Sandra Sánchez Ruiz tienen como concepto “compra de medicamentos para personal de confianza para” (sic), en tanto que el concepto de las facturas es “Medicamentos para personal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, contrato…”, y en 15 se añade la referencia OM/008/2015, en tanto que en las otras 15 con OM/001/2016.
Los siete casos en los que las facturas coinciden con pagos realizados se refieren a cheques o transferencias del mes de diciembre, lo que representa que primero le hicieron el pago hace más de cuatro meses y hasta ahora les entregó las facturas.
INFORMACIÓN PROCESADA AL INTERÉS… DE LA OPACIDAD
La administración de Gallardo Juárez se evitó entregar los comprobantes de la recepción de los medicamentos, así como del uso que se les dio, al entregar dos archivos Excel en los que presuntamente capturó la información de las remisiones, así como la del destino de los medicamentos.
La elaboración de esos documentos implica que se procesó la información, no al interés del solicitante, sino al interés de evitarse proporcionar escaneadas las notas de remisión de cada entrega de medicamentos, así como de cualquier documento que demostrara el uso que se dio a las medicinas.
En lugar de esos documentos, proporcionaron un archivo Excel con 29 hojas de cálculo en las que se desglosan las presuntas entregas de medicamentos, y en cuanto al uso que se les dio se limitan a proporcionar otro archivo Excel en el que aparecen seis tablas, una por mes, en las que se indica el porcentaje de medicamentos entregadas a cada área administrativa.
Al procesar de esa manera tan conveniente para ellos, la administración gallardista viola la Ley de Transparencia que los obliga a entregar la información en el estado en que se encuentra y les impide procesarla, salvo versiones públicas.
Si cada uno de los archivos Excel hubiese sido respaldado con los comprobantes documentales, sean remisiones en la recepción del producto y relaciones médicas sobre número de pacientes y enfermedades atendidas con los medicamentos, el hecho de que procesaran la información podría ser considerado, conforme a la nueva ley de transparencia, una acción que favorece una interpretación en favor del principio de máxima publicidad.
Sin embargo, al quedar como una maniobra para evitar exhibir los comprobantes documentales, la acción se convierte en los hechos en una forma de ocultar información.
