EL GOBERNADOR DE SAN LUIS POTOSÍ, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, “MOSTRÓ EL VÍDEO DEL PERIODISTA ASESINADO A EMPRESARIOS”: ARTÍCULO 19
FUENTE: https://articulo19.org/
FUENTE: http://laorquesta.mx/
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 07. 11. 2017 ● Ha pasado un mes desde que el 6 de octubre del 2017, fue encontrado el cadáver de Edgar Daniel Esqueda Castro, foto reportero de Vox Populi, en un paraje cercano al aeropuerto de San Luis Potosí. Había sido secuestrado de su domicilio, frente a su familia, por un grupo de hombres que identificaron como policías ministeriales. Desde entonces la información oficial ha sido escasa y fue enturbiada por la filtración de un video en el que la víctima se identifica como trabajador del Cártel del Noreste, a la par que vincula a varios reporteros de la fuente policiaca.
Artículo 19, organización dedicada a la protección a periodistas, ha llevado su propia investigación del caso y el pasado 27 de octubre publicó un texto con el que apunta a la existencia de una estrategia por parte del gobierno estatal para criminalizar a Edgar Daniel, en la cual estaría involucrado el gobernador Juan Manuel Carreras, quien habría validado la información en reuniones con empresarios y funcionarios públicos.
« (…) fuentes anónimas corroboraron a ARTICLE 19 que el video fue presentado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en actos a puerta cerrada en la casa de gobierno, donde asistieron personal de la PGE, la Secretaría de Gobierno del estado y empresarios. En dichos actos este material se ha presentado como legítimo.
La criminalización de medios desde el poder ejecutivo del estado, es de suma gravedad, ya que la reproducción de mensajes de este tipo, abona a la construcción de juicios mediáticos, sin una previa investigación judicial exhaustiva, diligente e imparcial. Esto genera un ambiente adverso en la opinión pública y contraviene el acceso a la justicia.
La difusión mediática de este tipo de videos incriminatorios contra la prensa por parte de servidores públicos de alto nivel viola los derechos humanos y genera un efecto corruptor en el sistema de la justicia. Esto contrasta con la ausencia de información veraz y oportuna que imperan respecto al avance de las investigaciones de agresiones recientes contra la prensa en la entidad ya que fomenta la elucubración y la formulación de hipótesis desviadas respecto de los hechos ocurridos, sin garantizar el derecho a la verdad (…).
La filtración y difusión de este video constituye una forma de criminalización y ha consolidado una campaña de desprestigio contra los medios en San Luis Potosí a través de la instrumentación de una narrativa en la que, independientemente de la alusión individual a periodistas de diversos medios, “todos los reporteros de los periódicos” están relacionados en actividades criminales».
La instrumentación de narrativas criminalizadoras ponen en riesgo ulterior y agravado a los periodistas de los medios incriminados. Un periodista local refirió: “están usando estos videos para golpetear a los compañeros periodistas. Hay datos inciertos y la opinión pública no sabe lo que realmente está pasando. Después del asesinato de (Edgar) Daniel nadie quiere cubrir (nota) policiaca”. Uno de los periodistas criminalizados en el video difundido por autoridades narró a ARTICLE 19: “temo por mi integridad y la de mi familia, no tomo esto a la ligera, ya en el pasado trabajando nota en el estado me han golpeado policías mientras cubría un enfrentamiento de nota policiaca, no les pareció mi trabajo” ».
Artículo 19 también ha criticado lo que llama “renuencia” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atraer la investigación del caso de Esqueda Castro. Además, agregó “La situación se agrava cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí no han sido proactiva en acreditar las violaciones de derechos e implementar acciones efectivas tras el conocimiento de las agresiones reiteradas contra la prensa en el estado”.
LLAMADO AL GOBERNADOR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ:
En la parte final del comunicado de Artículo 19, esta institución lanza un llamado a las distintas autoridades, con la exigencia de acciones específicas, fragmento que a continuación reproducimos:
«Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la FEADLE, de la Procuraduría General de la República (PGR), atraer como establece su mandato constitucional en el Art. 73 fracción XXI, la investigación de los crímenes en contra de Esqueda y de otros periodistas en San Luis Potosí, privilegiando las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión sin descartar aquellas que vinculan a funcionarios públicos en la comisión de crímenes. Dicha investigación se debe efectuar de forma diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial en aras de garantizar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.
Al gobierno del estado de San Luis Potosí, en específico a su ejecutivo Juan Manuel Carreras, exige se abstenga de criminalizar y ejercer violaciones de derechos mediante la promoción de narrativas estigmatizadoras que generan condiciones negativas y obstaculicen la libertad de prensa, en especial la de medios que promueven la cobertura de temas de seguridad pública, transparencia y corrupción en la entidad, información de interés público relevante para las y los potosinos.
Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), implementar medidas coordinadas de protección tanto colectivas para los medios como individuales que así lo requieran contemplando medidas de reconocimiento como mandata la Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de tal manera que se revierta el impacto de campañas estigmatizadoras por parte de servidores públicos que ponen en riesgo a periodistas en San Luis Potosí.
Requerimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de su “Programa de agravio a periodistas y defensores civiles” atraiga la investigación por las posibles violaciones a derechos humanos y emita recomendaciones específicas dirigidas a autoridades estatales y federales para que se tomen medidas correctivas subsecuentes en el actuar de las mismas».
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