SAN LUIS POTOSÍ ● El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoce el problema de la facturación falsa, por lo cual delinea las estrategias a seguir para combatir este ilícito que afecta gravemente al erario público.
Los últimos datos de la autoridad fiscal señalan que, del 2014 a la fecha, los contribuyentes han utilizado comprobantes fiscales apócrifos para facturar un monto de 2.04 billones de pesos.
Anteriormente, el SAT le explicó a este medio que los más de 2 billones de pesos son resultado de las facturas que se emitieron, mas no la recaudación que no se ha obtenido por este tipo de evasión fiscal.
Refirió que para saber cuánto representa de la recaudación se debe hacer un cálculo por separado de los casos, en donde intervienen muchos factores. Por ello, la evasión fiscal sería menor al dato de los 2 billones.
Ante la problemática, Margarita Ríos-Farjat, jefa del órgano recaudador, aseguró que la nueva administración del SAT ya trabaja en estrategias para combatir el delito, el cual reconoció afecta no sólo en lo fiscal, sino también en lo social, político y económico.
Las administraciones municipales gallardistas de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, además del gobierno estatal, fueron los principales clientes de una empresa “fantasma” que el Servicio de Administración Tributaria incluyó en su lista de compañías simuladoras de operaciones a través de facturas para justificar gastos millonarios, también conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Fueron 17 las dependencias públicas de los tres niveles de gobierno que en 2017 realizaron operaciones con esta empresa sospechosa.
La empresa señalada es 79 Integración Empresarial Center (79 IEC), con domicilio en una antigua casa ubicada en Reforma 1015, cuyos habitantes dijeron al SAT que se trataba de un domicilio familiar, sin relación con la citada empresa.
De acuerdo al oficio 1735468 del 31 de octubre de 2018, la Administración General de Auditoría del SAT, doce ayuntamientos de la pasada administración, el Gobierno del Estado, el DIF de Mexquitic, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Tecnológica Metropolitana, tramitaron 143 facturas entre el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año. El monto operado fue de 15 millones de pesos.
La empresa también facturó a personas físicas y morales en operaciones que sumaron los 114.1 millones de pesos en ese año. De las dependencias públicas enlistadas, el ayuntamiento de la capital, gobernado entonces por el perredista Ricardo Gallardo Juárez fue la que tuvo mayor monto, 7.2 millones de pesos, por servicios como mantenimiento de subestaciones eléctricas, papelería, impresión de notificaciones de pago del predial, mantenimiento y artículos de limpieza.
Le sigue el gobierno del también perredista Gilberto Hernández Villafuerte, que en 2017 facturó a la compañía 3.1 millones de pesos en productos como antenas electrónicas, tambos de pintura, bultos de cal y arena, papelería, material de limpieza y el servicio de impermeabilización.
El gobierno de Juan Manuel Carreras López, por su parte, obtuvo facturas por 2.7 millones de pesos que ampararon la presunta adquisición de dulces, perfumes, material de limpieza, papelería, uniformes y servicios de decoración de interiores.
El SAT detectó que, según la información fiscal de la empresa, 79 IEC no contaba con el activo fijo suficiente para ofrecer los productos y servicios que presuntamente otorgó, tampoco se le detectó capacidad para cumplirlos y tampoco enteró del Impuesto Sobre la Renta al SAT ese año.
Es decir, que no tenía los recursos financieros, materiales y humanos para cumplir con la amplísima gama de productos y servicios que amparan las facturas que emitió en 2017.
El domicilio fiscal de la empresa, Reforma 1015, es una pequeña casa que presenta publicidad sobre venta de terrenos. Sus habitantes, entrevistados el año pasado, dijeron no saber nada de la empresa, más que algunas notificaciones que recibe.
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