SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019 ● La madrugada del viernes 5 de mayo del año 2017, Eduardo Hernández Janet, asesinó de un balazo en la cara a Eugenio Castañón Elizondo, en el interior de una mansión ubicada en el fraccionamiento del Club Campestre.
Las primeras investigaciones revelaron que la víctima es Eugenio Castañón, novio de una de las hijas del procurador de justicia del estado, Federico Garza Herrera, quien fue trasladado de urgencia a la Beneficencia Española, donde se determinó que ya nada se podía hacer por el joven, porque falleció instantáneamente.
La policía ministerial detuvo al presunto responsable, de nombre Eduardo Hernández Janet.
El domingo 5 de mayo del año 2019, Eduardo Hernández Janet, cumple 2 años en prisión preventiva.
Si se retrasan la audiencia de sentencia según el artículo 165 de procedimientos penales federales, un imputado que ha permanecido 2 años privado de la libertad sin sentencia, saldrá en libertad de manera automática.
ARTÍCULO 165. APLICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
SÓLO POR DELITO QUE MEREZCA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD HABRÁ LUGAR A PRISIÓN PREVENTIVA. LA PRISIÓN PREVENTIVA SERÁ ORDENADA CONFORME A LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES DE ESTE CÓDIGO.
LA PRISIÓN PREVENTIVA NO PODRÁ EXCEDER DEL TIEMPO QUE COMO MÁXIMO DE PENA FIJE LA LEY AL DELITO QUE MOTIVARE EL PROCESO, Y EN NINGÚN CASO SERÁ SUPERIOR A DOS AÑOS, SALVO QUE SU PROLONGACIÓN SE DEBA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO.
SI CUMPLIDO ESTE TÉRMINO NO SE HA PRONUNCIADO SENTENCIA, EL IMPUTADO SERÁ PUESTO EN LIBERTAD DE INMEDIATO, MIENTRAS SE SIGUE EL PROCESO, SIN QUE ELLO OBSTE PARA IMPONER OTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
CRÓNICA DE UN ASESINATO ANUNCIADO, DESDE LA SALA DE JUICIOS ORALES
FUENTE: http://www.codigosanluis.com/
San Luis Potosí, México. 13 │ 05 │ 2017 │ ● Cuando entramos a la sala de los Juicios Orales, Eduardo Hernández Janet, ya estaba ahí. Las salas de juicios orales de San Luis Potosí no son la gran cosa, bien podrían pasar como una copia mal lograda de las salas de juicios de las películas gringas. Una división de vidrio separa el cuarto, de un lado quince lugares para asistentes, cuatro más para periodistas, del otro lado, al fondo el lugar del juez, en este caso una mujer, los escritorios de defensores e inculpado y ministerio público.
Eduardo estaba acompañado de dos abogados, sus defensores, uno mayor, el otro joven. Vestía el uniforme de la prisión, café caqui, se le veía bien, no parecía el uniforme del penal, calcetines blancos, tenis azules con suela color naranja, que no dejaron de moverse, seguro por los nervios. Llevaba una barba de varios días y el cabello medio peinado, sin ningún químico fijador. Además del constante movimiento de pies, se le veía tranquilo, con la mirada fija al frente al lugar de la juez que decidirá su futuro, que ahora es incierto, a sus apenas 30 años de edad, no se sabe qué podrá pasar con él.
Los abogados y ministerios públicos vestían de traje. Los escritorios fueron rápidamente ocupados en libros de leyes, el expediente, peritajes, informes, computadoras.
Antes de iniciar, la escribiente da los datos de juicio, recuerda las reglas al interior de la sala, anuncia a la juez y anuncia “inicia la grabación”. La juez es una mujer de mediana edad, apareció tranquila, sin prisas, en su cara se reflejaba la paciencia de quien sabe que esa sería una audiencia larga.
Abogados y ministerios públicos se identifican, dan su nombre y el papel que tendrán durante el juicio, al final es el turno de Eduardo, dice su nombre, tranquilo, voz clara, firme, viril, pero tímido, sin presunciones.
La audiencia comenzó puntual, 10:40 de la mañana, iniciando, la defensa pidió un receso para revisar y analizar un peritaje entregado de último momento, la jueza lo concedió y volvió a citar al mediodía.
Abogados y ministerios públicos hacen, durante horas, una narración pormenorizada de los hechos ocurridos el pasado 4 y 5 de mayo. Eduardo se mantuvo todo el momento tranquilo, serio, sin mayor reacción que moverse en la silla, como si los hechos que narraron no fueran los que él protagonizó, como si la muerte de que buscan hacer justicia no fuera él el señalado como homicida, como si todo fuera una historia que apenas va conociendo.
Los abogados debatieron por horas varios puntos, lo que interpretaron por cadena de custodia, si la Policía Ministerial ingresó a la vivienda, lugar de los hechos, de manera ilegal, si el crimen fue cometido con ventaja y traición, coincidieron en un hecho, el homicidio fue consumado.
LOS HECHOS:
El pasado 4 de mayo Eugenio Castañón Elizondo, junto a un grupo de amigos, convivía en el restaurante bar Hanks, ahí encontraron a Eduardo. No quedó, en la audiencia, explicado si eran o no amigos de la infancia o conocidos de ocasión. Pasada la medianoche Eduardo invita al grupo a seguir la parranda en su casa, ubicada en el Club Campestre, sólo aceptan cuatro, entre ellos Eugenio.
A la vivienda llegaron a la 1:50 de la madrugada, Eduardo dio a sus invitados un recorrido por su casa que duró 45 minutos, después de esos tres de los cinco jóvenes se quedaron en la cocina platicando, dos más durmieron en una de las salas. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada del 5 de mayo deciden regresar a sus casas, Eugenio decide quedarse, a pesar de la insistencia de sus tres amigos, finalmente se queda, entre 3:40 y 3:50 se van y se quedan solos Eugenio y Eduardo.
En algún punto entre las 3:50 y las 5:30 de la madrugada ocurrió el asesinato. Eugenio recibió dos disparos de bala, uno entro por el rostro, junto a la nariz le fracturó el cráneo y le provocó la muerte instantánea. Según los ministerios públicos, la víctima, aún en vida, estaban sentada en un banco de la cocina, muy cerca de su victimario, cuando Eduardo le apuntó con la pistola, a menos de un metro de distancia, levantó los brazos, reacción natural del instinto de supervivencia. Luego del disparo, Eugenio se desplomó al piso, según dijeron, ya estaba muerto.
La versión de la fiscalía señala que, luego del crimen, Eduardo movió el cuerpo de su amigo, sacó un cuchillo y lo colocó sobre la palma de su mano derecha, en seguida se lavó las manos, fue al cuarto de lavado, después a su habitación y se dio un baño. A las 5:40 de la mañana fue, caminando, hasta la casa del maestro Federico Garza Herrera, procurador general de Justicia y le pidió ayuda, pues, señalaron, “había herido a alguien con una pistola”, el procurador llamó al comandante Castillo Celestino a las 5:47 para que atendiera el caso, 6:06 llegó al lugar el jefe de la Policía Ministerial.
Eduardo y el procurador viven en el mismo fraccionamiento, en pocos minutos Castillo Celestino y Eduardo entraban a la casa donde ocurrió el crimen. El comandante, al darse cuenta de que no se trataba de un herido, sino de un joven muerto, detuvo en flagrancia a Eduardo.
Continuaron peritajes de balística, químicas, de campo, la autopsia al cuerpo, fotografías, informes de los peritos y expertos en cada una de las ramas con que se analizan los hechos. El hecho es uno y todos coinciden, Eugenio murió por un impacto de bala.
Durante la narración de todos estos hechos, Eduardo continuó casi inmóvil en su silla, en ocasiones se inclinaba hacia adelante, en otras hacia atrás, se despeinó el cabello, se tocaba la nariz recién operada, se acicalaba la barba. Cuando proyectaron fotografías del cadáver, continuó inexpresivo, como si recién conociera los hechos, como si le contaran algo que hizo alguien más, como si él no hubiera estado presente en la tragedia, como si no fuera señalado como principal y único presunto homicida.
Una huella lo incrimina, el dedo índice de su mano izquierda quedó plasmado en el gatillo del revólver calibre 32.
Al final, la juez ordenó auto de vinculación, es decir, llevará el juicio en prisión, ahora Eduardo enfrenta un proceso por homicidio calificado con agravante de ventaja por lo que puede tener una condena de 30 a 45 años de cárcel.
Para concluir, la juez se dirige, por primera vez, a Eduardo, le pregunta si tiene algo qué manifestar, él sigue sin reaccionar, pero sigue moviendo, nerviosamente, los pies, “no, ninguna, fue su respuesta.
Ahora defensa y ministerio público tienen un plazo máximo de seis meses para desarrollar el juicio.
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