SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- Las 20 denuncias penales en contra de ex diputados locales por el presunto desvió de 40 millones de pesos a través de empresas fantasmas y supuestos apoyos sociales, están detenidas desde el mes de mayo del año pasado.
La organización civil “Ciudadanos Observando”, informó que recientemente tuvieron una reunión con el fiscal general, Federico Garza y el Fiscal Anticorrupción, Jorge Vera, para conocer el estado que guardan las denuncias que, tras una investigación, interpusieron ante la Fiscalía General del Estado.
José Guadalupe González, vocero del organismo, indicó que desde mayo del 2018 las investigaciones contra ex diputados locales se han detenido en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Recordó que existen en este momento 20 denuncias penales, las cuales fueron interpuestas ante el Ministerio Público de parte de víctimas que aseguran, jamás recibieron ningún apoyo social de los ex legisladores que con firmas y facturas falsas, “comprobaron” la salida de 40 millones del Congreso Local.
“Nunca firmaron ninguna solicitud, sin embargo estos diputados señalados tramitaron millonarios pagos a empresas fantasmas lo cual se presume es un gran fraude orquestado mediante una red en la pueden estar involucrados tanto personal del Congreso como los mismos legisladores”.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), formalizó ante la Fiscalía Anticorrupción, dos denuncias penales en contra de los dos ex diputados locales de San Luis Potosí José Belmárez del PT y Jorge Díaz Salinas del PAN por el presunto fraude relacionado con ayudas sociales en 2017.
De acuerdo a los primeros informes, la denuncia fue presentada el pasado viernes 5 de julio del 2019, se mencionó que hubo un retraso de varios meses.
Se informó que varias víctimas señalaron que de la Auditoría Superior nunca recibieron ningún apoyo en despensas y negaron haber firmado solicitudes o documentos de alguna ayuda social.
Otra de las denuncias presentadas es contra diversos ex servidores públicos de Ciudad del Maíz; así como de personas físicas y morales contratadas por dicho municipio para la realización de obra pública durante el mencionado ejercicio, el caso fue conocido mediáticamente como el “Moches Gate”.
La Auditoría Superior del Estado advierte que no se descarta la presentación en breve de otras denuncias penales en contra diversos exfuncionarios públicos, toda vez que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la ASE afina los últimos detalles en la integración de varios expedientes, así como de los informes de presunta responsabilidad administrativa.
En relación con otras acciones ya emitidas como resultado de la fiscalización a las Cuentas Públicas 2017, se encuentran las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, seguidas de los pliegos de observaciones y las recomendaciones. En una cantidad menor se emitieron acciones relativas a promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, así como las solicitudes de aclaración.
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