· La organización Ciudadanos Observando presentó una denuncia penal en contra de los asesores legislativos Guillermo Balderas Reyes y José Eduardo González Sierra, tras descubrir que su salario en el Congreso saltó de 40 mil a más de 68 mil pesos sin que medie explicación y, ni siquiera, contrato.
· En un comunicado, la organización informó que el pasado viernes 5 de julio presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra los funcionarios.
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- El diputado local del partido verde, Cándido Ochoa Rojas, parece ser el dueño del congreso.
Intocable. Soberbio. El divino Cándido Ochoa, manipula a su antojo a la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO).
Su pandilla desde la era de Fernando Toranzo, le acompaña con la lealtad que te da, tenerlos en la nómina cuando el dinero es ajeno.
Siniestro y tenebroso, camina erguido mirando siempre hacia el cielo.
Pero hoy se ha topado con una rocosa pared que no le teme:
La organización Ciudadanos Observando presentó una denuncia penal en contra de los asesores legislativos Guillermo Balderas Reyes y José Eduardo González Sierra, tras descubrir que su salario en el Congreso saltó de 40 mil a más de 68 mil pesos sin que medie explicación y, ni siquiera, contrato.
En un comunicado, la organización informó que el pasado viernes 5 de julio presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra los funcionarios.
El texto señala que, originalmente, los funcionarios fueron nombrados por la JUCOPO, con un sueldo de 40 mil pesos, bajo contratos de honorarios.
“Posteriormente”, señala el documento, “sin que exista ninguna autorización documental han estado cobrando $ 68,156.36 mensualmente, lo cual es ilegal”.
En enero de 2019, Balderas Reyes recibió el visto bueno de la JUCOPO. El acuerdo JCP/LXII/094/2019 de la junta establece un ingreso mensual de $ 40 mil hasta el 15 de marzo de 2019.
A partir de la última quincena de marzo, señala el documento, se incrementó el sueldo mensual sin ningún acuerdo a más de 68 mil pesos.
De González Sierra, señala la organización, se sabe que fue nombrado asesor el 14 de febrero de 2019, sin que a la fecha se conozca púbicamente el tipo de contratación y el periodo vigente. El contrato debía concluir el 15 de marzo pasado, señala CO.
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