●El director general indicó que este monto
significa para el Seguro Social lo equivalente a construir 14 hospitales o 210
unidades médicas de primer nivel de atención.
●La menor recaudación de ingresos reduce la
capacidad del Gobierno para fondear la seguridad social, en especial, los servicios
de salud, pensiones y vivienda, afirmó.
●En diciembre de 2019, el Seguro Social
detectó a 14 mil 553 empresas que dieron de baja a todo su personal. Esa
decisión afectó a alrededor de 64 mil trabajadores.
San Luis Potosí, México. 13 │
02 │ 2020 │ ● (agencia
digital de noticias) El director general del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que debido a la subcontratación ilegal hay
una evasión que supera los 21 mil millones de pesos anuales, lo cual ha
afectado en tres dimensiones: trabajadores, empresas e instituciones del
Gobierno Federal, en particular al propio Instituto.
Durante la inauguración del
Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación, que se llevó a cabo en el
Senado de la República, el titular del IMSS señaló que este monto significa
para el Seguro Social lo equivalente a construir 14 hospitales de segundo nivel
o 210 unidades médicas de primer nivel de atención.
“Yo prefiero que los
trabajadores en este país tengan mejores hospitales, mejores servicios y cada
vez haya menos empresarios presumiendo sus aviones, yates, autos y relojes”,
enfatizó.
Indicó que en diciembre de
2019, el Seguro Social detectó a 14 mil 553 empresas que dieron de baja a todo
su personal, que van de 101 hasta 500 empleados o más. Esa decisión afectó a
alrededor de 64 mil trabajadores y sus familias.
Zoé Robledo dijo que al dar de
baja a los trabajadores por varios periodos al año, ocasiona que pierdan
asistencia médica. Esta discontinuidad en los derechos, en casos sobre todo de
enfermedades crónico degenerativas, hacen que cuando alguien deja de recibir un
tratamiento, y eventualmente lo regresan en un periodo posterior, muchas veces
ya llega con una complicación adicional en esa enfermedad.
Señaló las principales
afectaciones de la subcontratación ilegal: se abarata el costo de la mano de
obra, disminuyen para los trabajadores sus ingresos y prestaciones, tienen
menos estabilidad en el empleo, dejan de recibir ingresos por prima de
antigüedad, vacaciones, aguinaldo y liquidación; además, se les registra con un
salario menor al real, lo que repercute en sus ahorros para el retiro y
pensión.
Subrayó que la menor
recaudación de ingresos reduce la capacidad del Gobierno para fondear la
seguridad social, en especial, servicios de salud y pensiones y, en el caso del
Infonavit, la vivienda; además, se entorpece el crecimiento de la
infraestructura y capacidad instalada de las instituciones públicas, para
ofrecer mayores y mejores servicios de seguridad social.
El Outsourcing, dijo, también
tiene que ver con urgencias saturadas, con tiempos de espera, porque fueron
muchos años que se generó un entorno de normalización, no pasaba nada a las
empresas que realizaban estas prácticas, pero a quien se afecta es al Seguro
Social que atiende a los trabajadores.
Indicó que, como el
colesterol, hay Outsourcing bueno y malo, “si nos ponemos de acuerdo en que hay
una situación que no podemos generalizar, donde una organización se puede
ayudar con reglas establecidas, tenemos que fortalecerlo; pero cuando hay
abusos, engaños, simulaciones y arbitrariedades, no las podemos permitir.
Cuando tenemos esta cara del agandalle, de los vivales, dañamos a todos los que
pueden estar haciendo un uso correcto”.
Celebró que se lleve a cabo
este Parlamento Abierto porque será un ejercicio real. Si abrimos las puertas
es para escuchar y encontrar soluciones, encuentros donde la política
finalmente sirva para lo que siempre debió haber servido, y no para encubrir a
unos cuantos que han hecho y amasado fortunas.
En el evento de inauguración
estuvieron presentes la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández
Balboa; el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara
de Senadores, Napoleón Gómez Urrutia; la secretaria del Trabajo y Previsión
Social, Luisa María Alcalde Luján; la directora de la oficina para países
México y Cuba de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Gerardina
González Marroquín; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Santiago Nieto Castillo, entre otros.
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