Escribe │ Angélica Campillo.
Fuente: https://www.astrolabio.com.mx/
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. LUNES 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 ●.- El fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera, aseguró que se están atendiendo las denuncias en contra del ex alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, y que no habrá impunidad en el caso.
Explicó que hay unas denuncias que están en el área de la Visitaduría General y hay otras que se están manejando a través de la Fiscalía Anticorrupción, pero todas están siendo atendidas y se han integrado con la participación de los representantes del Ayuntamiento, que han nombrado a algunos abogados que han estado pendientes del tema; agregó que en el momento en que el agente del Ministerio Público considere que están integradas, habrá de resolver conforme a derecho.
En relación a las denuncias de los integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) que manifiestan que tras dos años de haber presentado las denuncias en contra de Gallardo Juárez por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal señaló que este sistema penal acusatorio es diferente que el anterior, y ambas partes pueden aportar pruebas, y no por el solo hecho de que alguien presente alguna querella es suficiente para tener acreditado algún delito, “hay que buscar los hechos con apariencia de delito y en función de eso el agente del Ministerio Público se pronuncia”.
Garza Herrera adelantó que en el transcurso de esta semana se reunirá con los integrantes del FCA donde se les expondrá el estado que guardan las carpetas de investigación sobre las denuncias en contra del ex alcalde de la capital potosina, y en función de ello se les informará qué falta, para que, en su caso, puedan aportar más pruebas.
No obstante, el fiscal aseveró que no habrá impunidad en este ni en ningún otro caso, ya que nadie está por encima de la ley, y en ese contexto mencionó que hay asuntos que se integran de inmediato y se procede, pero hay otros que por su propia naturaleza se tardan porque se piden informes a otras instancias, como a la Auditoría Superior del Estado (ASE) o a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el fin de ir robusteciendo la posible responsabilidad de alguien.
Garza Herrera refirió que si hay alguien a quien le causa perjuicio el hecho de que no se esté judicializando alguna carpeta de investigación, puede acudir ante el juez de control y le puede hacer saber las presuntas omisiones en que está incurriendo el agente del Ministerio Público y el juez lo obliga para que integre y remita, ya que “el ministerio público que no le da celeridad puede ser sujeto a una responsabilidad”.
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