●.- La sentencia señala dar vista de estas infracciones a la Constitución y Ley Electoral, calificadas como graves, a la Contraloría de la Cámara de Diputados, la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y a la Fiscalía de Delitos Electorales para que actúen en consecuencia de acuerdo a sus competencias.
CIUDAD DE MÉXICO. DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ●.- El Instituto Nacional Electoral (INE), le impuso una sanción económica de 2 millones 700 mil pesos, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en San Luis Potosí.
El viernes 26 de febrero, el Consejo General del INE sesionó para aprobar los dictámenes de revisión de la información de egresos, y gastos de precampaña, en cinco entidades con comicios a gobernador: Guerrero, San Luis, Colima, Nuevo León y Sonora.
En San Luis Potosí, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, realizó actos políticos de precampaña, “que son conductas distorsionadoras, de nuestro sistema electoral”.
“Este funcionario público, diputado federal, adquirió, e inclusive le facturaron, la contratación de espacios en radio y televisión. Está acreditado”, expuso el Magistrado ponente Luis Espíndola.
“Este funcionario público pagó porque se difundieran una gran cantidad de spots en San Luis Potosí, que tenían como principal objetivo, o en apariencia, hacer del conocimiento de la población, un presunto proyecto relacionado con una serie de unidades de atención médica móvil”.
Estos spots fueron reconocidos por el diputado federal, así como el supuesto proyecto de salud, cuyos beneficios a la ciudadanía, expuso el Magistrado, no se acreditaron en el expediente, aunque sí quedó constancia de la exaltación del nombre, y las cualidades del miembro del PVEM.
“Más allá de constituir propaganda gubernamental, se actualizó promoción personalizada prohibida, y violatoria del 134 constitucional”, añadió el ponente de la sentencia aprobada este viernes.
En sesión pública y por mayoría de votos – dos a favor y uno en contra los magistrados consideraron acreditadas las conductas ilegales del legislador federal con la compra de espacios, promoción personalizada y propaganda gubernamental indebida.
La sentencia señala dar vista de estas infracciones a la Constitución y Ley Electoral, calificadas como graves, a la Contraloría de la Cámara de Diputados, la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y a la Fiscalía de Delitos Electorales para que actúen en consecuencia de acuerdo a sus competencias.
También se ordena enviar la sentencia al Instituto Federal de Comunicaciones, que involucra a tres concesionarios de radio y televisión, una fundación y las empresas Multimedios radio y Comunicación 2000, al estar acreditado el acuerdo comercial para la difusión de spots, prohibidos por la Constitución.
A los concesionarios la sentencia les impone sanciones económicas.
La remisión del caso a la UIF, explicó el ponente, es para indagar el origen de los recursos privados involucrados en la transacción, ya que, por otro lado, no se consideró acreditado uso de recursos públicos.
Además, el INE deberá revisar si estos gastos del diputado federal, podrían ser considerados dentro de los de campaña del proceso electoral en marcha en esa entidad, y en el que el funcionario del PVEM tiene aspiraciones en San Luis Potosí.
