¡ES PURO TEATRO!
- Los citatorios y la investigación penal, anunciada por la contraloría de San Luis Potosí, en contra del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, son actos de propaganda electoral.
Escribe/EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE/Enero 22, 2012.
CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- Cuando creíamos que el gobierno del doctor Fernando Toranzo se había desistido de proseguir con las investigaciones del destino que se le dio al préstamo bancario que por 1,500 millones de pesos contrajo la administración de Marcelo de los Santos; cuando habían transcurrido más de 27 meses de la fecha en la que el priista asumió la gubernatura, y la inactividad de los órganos de fiscalización, así como la falta de información oficial nos advertían que este gobierno ya no quería saber nada de ese asunto; cuando el gobernador del Estado se atrevió irresponsablemente a reestructurar esa parte de la deuda pública para que la paguen las siguientes administraciones, sin haber aclarado previamente las acusaciones en las que el Auditor Superior del Estado lo involucra como responsable de haber desviado más de 561 millones de pesos de ese empréstito que el gobierno panista supuestamente le dejó en los bancos y que no pudo identificar en qué se aplicaron; cuando parecía que a todos les convenía no moverle más a estas diferencias y enterrar el conflicto para siempre en el olvido; cuando todo esto estaba sucediendo, surge inoportunamente el contralor del Estado, Isaac Delgado Rodríguez, dentro de un proceso electoral, instaurando un procedimiento administrativo en contra del ex mandatario panista y de los ex secretarios de finanzas y general de gobierno, que con él formalizaron esa deuda, a quienes señala como responsables del daño patrimonial que sufrió el Estado al no haber acreditado en qué se aplicaron esos recursos que estaban destinados a pagar inversiones públicas productivas, y que nunca se debieron utilizar para tapar los agujeros financieros del gasto corriente de ese gobierno.
El citatorio en el que se requiere la presencia del contador Marcelo de los Santos para que explique al contralor la aplicación de los 1,500 millones de pesos que le autorizaron gastar sin ningún control, tanto los diputados panistas como los priistas, es improcedente, y seguramente que la notificación que recibió no está debidamente fundada y motivada porque un gobernador no tiene dentro de sus facultades la de disponer de los recursos públicos que administra el encargado de las finanzas, y por eso ha de haber recurrido al amparo. Es muy difícil involucrar al titular del Poder Ejecutivo en un ilícito de esta naturaleza. Es más, ni siquiera está autorizado para girar un cheque porque su firma no está registrada en los bancos; y si el secretario de Finanzas, por instrucciones de su jefe, hizo un pago indebido, la responsabilidad es del secretario y de los otros funcionarios que con él firmaron el documento. Por eso, creo que ahora se resiste a comparecer ante esa autoridad fiscalizadora.
Tan es puro teatro el intento de querer sentar al ex gobernador en el banquillo de los acusados, que si realmente quisieran que pasara un mal rato lo citarían para que explique los ilícitos que se cometieron en el INVIES, con motivo de la construcción de Ciudad Satélite, en el que como ex presidente del Consejo de Administración tuvo responsabilidad directa y personal al haber instruido y autorizado a su ex director a ejecutar las operaciones por las que ahora se le persigue y se le intenta extraditar. No hay que perder de vista que el dictamen de la auditoría de la cuenta pública del 2009 observa también que 557 millones de pesos de los 1,500 millones del préstamo bancario, que asegura el auditor dispuso la administración del panista, “no se proporcionó evidencia que demuestre que estos pagos se destinaron al cumplimiento de obligaciones financieras en materia de inversión pública productiva”. Sobre este otro desvío, ni la Contraloría General ni la Auditoría Superior del Estado, después de 18 meses, se han pronunciado.
Este incidente, que les permitirá a los priistas exhibir a los panistas como corruptos y dilapidadores tiene el propósito de desacreditarlos políticamente con miras a la jornada electoral del primer domingo de julio, y carece de un propósito sano de hacer justicia y fincar responsabilidades a los culpables de tales desvíos. Y estamos ciertos que a nadie se le va a sancionar y que los potosinos no recuperaremos un sólo centavo del dinero extraviado. Por otra parte, es inaceptable que en todos estos meses el contador Héctor Mayorga no haya rendido al Congreso del Estado un informe detallado de las personas que se beneficiaron con estos recursos, sus montos y conceptos; exhibiendo pólizas y facturas y precisando si su aplicación fue correcta o si se cometió algún delito. Cualquier contador de medio pelo ya hubiera determinado el destino final que tuvieron esos dineros dándole seguimiento a las transferencias que hizo el banco acreedor a por lo menos 9 cuentas bancarias que están localizadas, independientemente que estos recursos se hubieran dispersado después en cientos de cheques como finalmente ocurrió.
Por nuestra parte nos hemos dado a la tarea de investigar en qué se aplicaron estos recursos. Nuestro trabajo se ha visto obstruido por las resistencias del auditor y del secretario de Finanzas que se niegan a entregarnos los documentos que les hemos solicitado y a los que sólo les hemos podido arrancar una parte de la información. Tenemos varios recursos de queja que hemos presentado ante la CEGAIP, la que después de un año no ha querido resolver, en los que le solicitamos que ordene la liberación de la información porque ilegalmente la tienen clasificada como reservada sin considerar que cualquier persona puede acceder a la documentación e información relativas al uso de recursos públicos del Gobierno del Estado. A pesar de lo anterior obtuvimos una copia del oficio del 4 de junio de 2010 que contiene la respuesta del gobierno de Toranzo al auditor Héctor Mayorga, que niega categóricamente haber recibido los más de 562 millones de pesos que se le señalan, y precisa que el 25 de septiembre de 2009 los recursos disponibles en caja y bancos eran por 913 millones 413 mil pesos, de los cuales, 361 millones 841 mil pesos estaban etiquetados para pagar aguinaldos, fondos de ahorro y adeudos con los municipios, y que ese dinero era ajeno al préstamo bancario. Más otros 551 millones 441 mil pesos provenientes del gobierno federal que estaban etiquetados para cubrir diversas obras y acciones gubernamentales. Por su parte, el ex secretario de Finanzas Joel Azuara y el auditor Mayorga coinciden que esa administración dejó recursos disponibles para que los utilizara el gobierno de Toranzo por más de 562 millones de pesos, y cita, el primero, como fuente de consulta el Fideicomiso Maestro de Banorte en el que asegura que consta la “Aplicación de los Recursos del Crédito de 1500 MDP al 26 de septiembre de 2009”.
“FUEGO AMIGO”: CÁNDIDO OCHOA ROJAS, PRETENDE DESTITUIR AL GENERAL HELIODORO GUERRERO GUERRERO, COMO SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.
General Helidoro Guerrero VS. Cándido Ochoa Rojas.
CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- Una pugna por el control de la Secretaría de Seguridad Pública se ha desatado al interior del Gobierno del Estado, en donde se intenta destituir al actual titular de la dependencia, Heliodoro Guerrero Guerrero, para designar en su lugar al teniente coronel José Luis Urban Ocampo.
Al respecto el secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Guerrero ha calificado como“fuego amigo” las versiones de que será relevado de su cargo e indicó que “siempre hay alguien que trata de hacerse con el cargo de uno”.
Sin embargo, en algunas fuentes estatales se sigue manejando su destitución e incluso se han encargado de mencionar, de manera insistente, el nombre del teniente coronel José Luis Urban Ocampo como el nuevo secretario de Seguridad y que el cambio se realizará durante los primeros días de febrero.
En entrevista, Heliodoro Guerrero, justificó su permanencia en el puesto al señalar que recibió en días pasado instrucciones específicas del titular del Ejecutivo para que realice diversas acciones y ponga en marcha proyectos a mediano y corto plazo en materia de seguridad pública.
El pasado fin de semana circuló en algunos medios de comunicación impresos una “entrevista” con José Luis Urban Ocampo, en donde revela que tomará posesión del cargo a principio de febrero y afirma que “viene a San Luis Potosí a aplicar toda la experiencia que ha adquirido en su carrera militar para limpiar la casa, desde adentro porque la gente se lo merece".
Curiosamente dos medios de comunicación escritos, manejan en forma idéntica los últimos 4 párrafos de la nota de José Luis Urban Ocampo, lo que hace pensar que se trató de un comunicado o boletín de prensa que “alguien filtró” a la prensa.
Los párrafos en donde ambos medios coinciden textualmente y sólo cambian un par de palabras al inicio de cada uno dicen lo siguiente:
Señaló que basará su trabajo en una radiografía explícita y actualizada sobre el comportamiento del crimen organizado y de la incidencia delictiva en el estado, con lo que se harán más efectivas las medidas que se tomen para darle seguridad a la población y combatir a los grupos delictivos que intentan establecerse en territorio potosino; asimismo para evitar que delincuentes de otros estados intenten refugiarse en el estado, como se ha dado en algunos casos.
Fue claro al señalar en que centrará su trabajo es la depuración de los agentes que actúen fuera de la legalidad en las funciones que deben desempeñar dentro de la corporación y en la atención a la población.
El teniente coronel ha participado en acciones bélicas en distintas partes del país, principalmente en estados del norte y bajo condiciones de riesgo extremas, como Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Veracruz por mencionar algunos.
Aquí en el estado, más de un año fue el principal apoyo en la estrategia operativa militar del general Arturo Gutiérrez García, comandante de la 12 Zona Militar, en la lucha contra la delincuencia organizada.
