ESCÁNDALOS SEXUALES Y FRAUDES FINANCIEROS, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE.
Dr. Federico Ángel Badillo Anguiano.
RIOVERDE. SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO.- Trabajadores de la Jurisdicción número IV, adscrita al municipio potosino de Rioverde, hicieron llegar hasta nosotros sus demandas de irregularidades que se registran en la Secretaría de Salud de dicho municipio, que van desde escándalos sexuales hasta fraudes financieros.
Además demandan falta de atención por parte del departamento jurídico de dicho departamento, el cual, aseguran, no saben si su función es “desaparecer” o “encubrir” actos de corrupción.
Lejos de grilla política, el objetivo principal de las demandas de los trabajadores de la SSA, es proteger y salvaguardar el municipio, erradicando posibles enfermedades en la población rioverdense, todo esto con profesionalismo y verdadero interés laboral, lo que a últimas fechas se ha venido desgastando a causa de algunos empleados faltos de profesionalismo.
Desde hace algunos meses se ha sufrido en el departamento abuso de autoridad y nepotismo por parte del equipo de supervisores, Jesús Antonio Aguilar y Humberto Soto Portales. Contando éstos con el encubrimiento del jefe de departamento, Salvador Ramírez Flores y a su vez el jefe de Vectores Estatal, Jonás Reséndiz Olvera, este último cuñado y protector de Humberto Soto Portales.
Lamentan la falta de apoyo e indiferencia del ahora ex jefe de jurisdicción Dr. Federico Ángel Badillo Anguiano.
Por otro lado, las mujeres que laboran en dicho departamento deben soportar injusticias laborales y desigualdad de género, hasta machismo, y ya que algunas son el sostén de su hogar, deben callar para no perder su trabajo.
Algunos de los documentos que se le entregaron al Dr. Federico Ángel Badillo son quejas y denuncias por acoso sexual, vocabulario impropio y amenazas hacia las trabajadoras, por lo que a falta de atención por su propio departamento jurídico, hacen una denuncia pública por medio de Código San Luis.
Lamentablemente algunas compañeras ya no forman parte de esta jurisdicción por las mismas razones expuestas, despedidas por consentimiento de aquellos a los que no se les "CUMPLIO LO DEBIDO" para poder seguir en su trabajo.
Este problema llegó a tal grado que se denunció en medios informativos de este municipio para que reaccionara y tomara cartas en el asunto el ex jefe Dr. Federico Ángel Badillo Anguiano, por lo cual solo quedó de investigar estor rumores, pero solo así quedó, como rumores
Debido a que Badillo Anguiano contendió por una diputación, no le conviene por cuestiones de imagen que estas cosas salgan a la luz, por lo que se lanzó una campaña de mercadotecnia para esconder imperfectos durante su paso por dicha institución.
¡Que se Vaya Fernando Toranzo!
Por Consuelo Araiza/ San Luis Potosí.
LUNES 20, AGOSTO 2012.- La renuncia del gobernador Fernando Toranzo Fernández pidió el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en San Luis Potosí y Querétaro, doctor Pedro Zenteno Santaella, porque consideró que no tiene obras que lo resalten en el tercer informe de Gobierno y además, el Movimiento de Regeneración Nacional documentó ante las autoridades del Consejo General del Instituto Federal Electoral que el Sistema DIF Estatal cometió actos ilícitos donde el equipo de la institución comprometió obra pública y social a cambio del voto para el PRI.
Enumeró una serie de irregularidades, como el atraso del recurso del Fondo Nacional de Desastres Naturales a los afectados. Les llegó demasiado tarde, “todo lo tenemos documentado”, dijo.
“Los testimonios son por escrito, por parte de ciudadanos que no les pareció lo que operó el Sistema DIF en sus colonias, eran promesas de obra pública en sus calles, todas esas pruebas están en el TEPJF, esperamos que se resuelva conforme a derecho.
LA SEQUÍA, TALÓN DE AQUILES DE TORANZO.
Ante el ejemplar “Fraude 2012” de distribución gratuita que escribieron Paco Ignacio Taibo II, San Juana Martínez y Elena Poniatowska entre otros, se denuncia en la página 13, en el tema de San Luis Potosí, la sequía y la simulación torancista, de apoyar a los campesinos. “Los recursos fueron atrasándose en 14 municipios del Distrito I, lo mismo sucedió en la Huasteca con el Programa Oportunidades y el DIF”, cita la página.
De ello, Zenteno insistió en que el gobernador debe de renunciar por la falta de respuesta: “su tarea deja mucho qué desear, al menos en cuestiones de seguridad se ha limitado a dar condolencias y en el asunto del campo, no está a la altura de los problemas que enfrenta, aparte se prestó al robo electoral, de ellos tenemos elementos del atraso de la entrega de recursos por la sequía, los del FONDEN, Toranzo no está a la altura de las circunstancias”, aseveró.
FONDEN Y EL PRÉSTAMO DE LOS 570 MILLONES.
En noviembre del 2011, el Congreso del Estado le autorizó al Gobierno del Estado un préstamo de 571 millones 984 mil 780, recurso que fue del producto de la reforma a la Ley del Fondo Nacional de Desastres Naturales que utilizó como “caja chica”.
Era un fondo destinado para sequía, de algún modo se contrajo una deuda, porque fue registrado como tal aunque el ex Secretario General de Gobierno Marco Antonio Aranda insistió en negar que fuera deuda.
De ello el economista y ex titular de la Unidad de Coordinación de las Entidades Federativas de la SHCP, David Colmenares Páramo aseguró a éste medio que al mandatario Toranzo “lo han engañado con la idea de que las bursatilizaciones - es decir, los Pari passus y la deuda contraída con Banobras para esto - no son deuda pública, pero toda deuda se paga tarde o temprano”.
De los 571 millones 984 mil 780 de préstamo del Fonden se debieron seguir los lineamientos que exigían que la mitad de los gastos de reconstrucción se hiciera con la mitad de los recursos estatales.
En los hechos, se hablaba de un Pari passu hasta por el 50% y ahí fue cuando el gobierno lo atrasó notoriamente, pues en planas campañas, los productores negaron haber recibido el recurso.
Colmenares indicó que San Luis puede ser regañado como ya le ha pasado a los gobiernos de Coahuila, Nayarit o Sinaloa, “donde la Suprema Corte les dio un buen palo a estas entidades, cuando intentaron negar que las bursatilizaciones eran deuda pública, pues claro que lo son”.
ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ I QUEBRADERO.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO.- Hace apenas unas semanas, el secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas dijo que se había solicitado a la Federación la implementación del Operativo San Luis Seguro porque los meses de junio y julio, se habían significado como los más violentos por la suma de homicidios ligados con la delincuencia organizada durante los últimos años.
El secretario se ganó la de ocho columnas o por lo menos la portada de los periódicos con su dicho, que bien mirado, no deja de ser sólo eso, un dicho.
¿Quién desde el gobierno estatal informa realmente sobre la dimensión del problema de inseguridad?
La respuesta es nadie.
Seguramente el secretario tiene la información del cómo, cuándo y dónde se dieron los homicidios presuntamente ligados al crimen organizado como para hacer matemáticas y concluir que junio y julio han sido los más severos.
Lo sabe pero no lo dice. No hay voluntad para informar a la sociedad.
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal en su estadística mensual de delitos del fuero común, reporta cuarenta homicidios en junio y treinta en julio. No son los meses de más homicidios este año, están primero abril y mayo con 48 y 43, respectivamente.
Es posible conocer estos números porque los reporta públicamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues si dependiera de la autoridad local, ni eso se sabría.
La administración estatal ha cambiado la información por la palabrería inútil en tratándose de eventos de inseguridad.
Si se oculta la información de los delitos del fuero común, con mayor razón los de alto impacto.
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal reporta en cuanto a los delitos de alto impacto que para el período de enero a junio de 2012 en la entidad, se tiene una tasa de 53.5 robos con violencia por cada 100 mil habitantes.
Para ese delito, la media nacional al primer semestre es de 101.9, por lo que San Luis se ubica en el lugar veinte de incidencia de ese tipo de robos.
En el caso del homicidio doloso el estado tiene 4.7 por cada cien mil habitantes. La media nacional es de 9.4, por lo que San Luis se ubica en el lugar veintiuno.
En cuanto al delito de extorsión, la tasa de San Luis Potosí es de 3.09 y se coloca por encima de la media nacional que es de 2.60, con lo que la entidad se ubica en el lugar once, en el país con mayor incidencia.
De suyo, el delito de secuestro en el estado es de 0.39 por cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional es de 0.54, con lo que ocupa el lugar diecisiete.
Eso es lo que se reporta y es únicamente lo que se sabe. De la estela de muertes que deja la delincuencia organizada el gobierno estatal no dice nada.
Treinta ejecuciones en lo que va de agosto.
Eso se conoce porque se desprende de eventos violentos imposibles de matizar. Los secuestrados y ejecutados que dejaron abandonados en la carretera a Zacatecas, los presuntos delincuentes abatidos en las balaceras en la ciudad y en Cedral y los cuerpos encontrados en distintas zonas de la entidad, más los asesinatos aun no aclarados el edil electo de Matehuala y su asesor.
Estremecedora realidad de un estado marcado por la violencia.
De súbito, San Luis Potosí tomó posición en el mapa nacional de los delitos de alto impacto en donde ahora tiene destacada presencia.
Tras el asesinato de Edgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, el gobernador Fernando Toranzo anunció una reunión con los ediles electos para “diseñar” estrategias en materia de seguridad en los municipios. La reunión no se ha concretado. Han pasado diez días del crimen y el gobernador no les ha convocado.
Superada la conmoción del doble crimen, se decidió por una reunión a puerta cerrada con empresarios y directivos de instituciones de educación media y superior.
A los ciudadanos no se les informa nada. Se les da como paliativo a su incertidumbre boletines de prensa en donde se duelen y condenan hechos que, como autoridad no son capaces de aclarar ni de castigar.
Se desconoce si el gobernador o su procurador o su secretario de seguridad o su secretario general han ido a Cedral o a Tanquián para escuchar las demandas de una sociedad cansada de sangre y muertes.
¿Para qué hacer eso si ya nos reunimos con los empresarios?
La interrogante es saber cuando el gobernador se hará responsable de informar de lo que ha venido ocurriendo, pues es claro que a mayor desinformación mayor incertidumbre.
Hasta el mes de julio, ante de la llegada de este agosto turbulento, el estado había rebasado la cifra de los 20 mil delitos cometidos y del gobierno, ni sus luces.
Aquí, cabe recordar a los ex gobernadores Fonseca, Zapata, Unzueta y Silva que ante el clima de violencia en 2008, exigían al entonces gobernador Marcelo de los Santos: “Que tenga a bien informar a todos los potosinos, con amplitud y veracidad, la realidad, características y magnitud del problema que enfrentamos en materia de delincuencia organizada. Solamente el conocimiento puntual de lo que ocurre nos permitirá adoptar las medidas indispensables para nuestra protección colectiva”.
Como bien se sabe, Marcelo de los Santos no informó nunca de la gravedad de los hechos de inseguridad en su gobierno porque eran “hechos aislados”.
Ojalá y ahora sea diferente porque no hay razón para tanta desinformación.
LAS ESTADÍSTICAS DE INEGI NO CONCUERDAN CON LAS DE LA SNSP.
Los conteos de homicidios emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para San Luis Potosí presentan una discrepancia notoria en cuanto al número de víctimas de este delito.
Mientras que para el instituto, la cifra de homicidios ocurridos en San Luis Potosí entre 2005 y 2011 sumó mil 576 casos, el SNSP contabiliza tres mil 253 asesinatos en San Luis Potosí durante ese lapso, una diferencia del 48.4 por ciento.
Según el recuento del INEGI, dado a conocer ayer, durante 2011, en San Luis Potosí se tienen registrados hasta julio del año pasado, 362 asesinatos, el reporte del SNSP para el mismo mes de ese año, presenta 533 muertes intencionales.
Es decir, que el INEGI registra apenas el 32% de los homicidios que reconoce el SNSP.
Según el INEGI, “las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos, básicamente de defunciones accidentales y violentas”.
Agrega que las fuentes de los datos son más de cuatro mil oficialías del Registro Civil y poco más de mil agencias del Ministerio Público. En el caso de las cifras del SNSP, la dependencia las atribuye a las procuradurías estatales.
En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en San Luis Potosí, en 2011 se mantuvo el indicador de 14 casos, al igual que 2010. Un año antes, la tasa era de sólo 8 casos por cada 100 mil personas.
La Señora María del Socorro Corzo de Torres recibió el ultimo adiós. Descanse en paz.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO.- Con una emotiva misa en la iglesia de Tequisquiapan fue despedida la señora María del Socorro Corzo de Torres, quien falleció la tarde de este domingo rodeada de sus seres queridos.
Tenia 90 años de edad y era madre del senador electo del PRI, Teófilo Torres Corzo.
Doña Socorrito tuvo 15 hijos entre ellos Teófilo Torres; el empresario Carlos Torres Corzo; el médico Jaime Torres Corzo, entre otros mas.
A las 10 de la mañana de este lunes, se oficio una emotiva misa para despedirla, donde se dieron cita un sin número de amigos y familiares cercanos para dar el pésame a la familia Torres Corzo.
Código San Luis expresa su mas sentido pésimo a la familia Torres Corzo, especialmente a los hermanos Carlos y Teófilo.
Descanse en paz
