HAY 3,000 "DESAPARECIDOS", EN EL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ: MARTÍN FAZ MORA.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO
│ El representante en San Luis
Potosí de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Martín Faz Mora,
sostuvo que la cifra de desaparecidos en el estado asciende a tres mil, entre ellos, unos jóvenes activistas del PRI, que trabajaron en la campaña a la gubernatura de Fernando Toranzo Fernández.
Su estimación se basa en la premisa de que sólo el dos por ciento de los delitos a nivel nacional
son denunciados, y los que generan menor denuncia son las desapariciones de
personas, debido al temor a represalias u otras situaciones.
La fórmula utilizada para determinar esta cifra se basa en
el hecho de que sólo el dos por ciento de los delitos son denunciados, y de
acuerdo a los datos de desaparecidos con los que cuenta la organización, que
son 20, si estos se suman a los que ha mencionado la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, que son cerca de 30, y se añaden los que ha referido el
Centro de Atención a víctimas del Delito, que son una decena.
Acompañado de Alfredo Coronado, padre de Antonio Coronado y
abuelo de Julio César Coronado Noriega, jóvenes desaparecidos en 2009 mientras
regresaban a una fiesta, el activista refirió que ante este tipo de delitos la
autoridad parece no dar seguimiento, pues a años de que fuera abierta la
investigación no hay avances en la misma.
Alfredo Coronado describió que su hijo y nieto, acompañados
de Luis Francisco Medina Rodríguez y Moisés Gámez Almanza, salieron luego de
grabar un video que tenían planeado para un programa por Internet sobre lo que
sucede en un apartamento, al terminar de grabar fueron invitados a un baile, y
al regresar de esto fueron por una botella de alcohol animados por un amigo de
ellos.
El familiar de los desaparecidos supone que fue un grupo
armado el que se llevó a los jóvenes debido a que ellos conducían un vehículo
tipo Mazda blanco y un Atos blanco, y hasta la fecha no se tiene información
sobre su paradero.
Faz Mora indicó que este suceso presenta algunos aspectos
irregulares, como el hecho de que a los padres de familia se les pidiera una
cifra de dinero: “lo más curioso de esto es que la propia policía fue la que
los animó a que pagaran la extorción y no quisieron ni siquiera acompañar a los
familiares a pagar”, dejándolos vulnerables, denunció.
Asimismo, destaca el hecho de que luego de la entrega de la
extorción se realizó un retrato hablado del extorsionador, mismo que nunca se
dio a conocer y permaneció oculto durante tres años, hasta que los familiares
tuvieron acceso a la averiguación previa, por lo cual se solicitó a las
autoridades difundieran el retrato, sin embargo no ha sido así.
También es irregular el hecho de que tres años después de
ocurrido el hecho se obtengan huellas digitales, y que aún y cuando los
vehículos no aparecieron, los datos de estos no fueron “subidos” a Plataforma
México: “no se hizo nada hasta que empezamos a presionar, el expediente sólo
estuvo acumulando polvo”, sin embargo no hay avance en la investigación.
Por este motivo, y con el objetivo de solicitar a las
autoridades que atiendan estos casos, se invita a todas las víctimas,
familiares, defensores de derechos humanos, así como organizaciones civiles no
gubernamentales y abogados a participar en una marcha para conmemorar el Día
Internacional de las Personas Desaparecidas, este evento se llevará a cabo el
30 de agosto de 2013 en la plaza de armas a las 19:30 horas.
5 ASESINATOS DE POLICÍAS ESTATALES EN 10 MESES.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO
│ Después del asesinato del joven
Ángel Javier Rodríguez González, en manos de policías estatales por el uso
excesivo de fuerza, y con el fallecimiento de Leonel Ramos Villalobos, baleado
el sábado pasado por agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del
Estado (DGSPE), las corporaciones policíacas estatales sumaron su quinta
víctima mortal en sólo diez meses. En cuatro de los cinco casos, los ahora
occisos eran inocentes.
Ramos Villaronos, era un mecánico de 26 años de edad, no
sobrevivió a los seis balazos que le propinaron los elementos policíacos la
madrugada del sábado 24 de agosto, cuando intentaba defender ante la agresión
policial a uno de sus parientes.
En vista de la presión mediática, el Procurador General de
Justicia del Estado, anunció en rueda de prensa la detención de diez agentes de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, involucrados en el homicidio del
joven mecánico, horas más tarde, resuelven dejar en libertad a nueve de los
elementos y consignar solo a uno de ellos. El único detenido fue a quien se le
comprobó que disparó una escopeta.
CRÓNICA DE LOS ASESINATOS:
● 7 de octubre de
2012, una camioneta que circulaba por la colonia Jaime Torres Bodet de Soledad
de Graciano Sánchez, desobedeció una orden de altos de policías estatales,
entre los que se mencionó estaban escoltas del titular de la DGSPE, José Luis
Urban Ocampo. Los policías dispararon y mataron a José Guadalupe Martínez
Marín, de 24 años de edad y un niño, Gael Medina, de seis años de edad, quedó con
una mano destrozada.
● 16 de octubre de
2012, un enfrentamiento dentro del penal de La Pila concluyó con la muerte de
un interno. No fue sino hasta el fin de semana pasado que una investigación de
la CEDH reveló que cayó abatido por las balas disparadas por policías estatales
encargados de sofocar la riña.
● 8 de enero, agentes estatales que perseguían a presuntos
delincuentes dispararon contra el adolescente Daniel Zamorano Rocha.
● 10 de agosto, se
registró la muerte de Javier Rodríguez González, muerto en los separos del
Edificio de Seguridad Pública, tras recibir una golpiza de agentes que lo
habían detenido tras ser acusado, falsamente, de pertenecer a una banda
criminal. Cabe mencionar que las autoridades dieron versiones acerca de un
“resbalón”, historias que después se vieron obligadas a desmentir, aceptando
que habían sido los elementos policíacos quienes le habían arrebatado la vida
al joven.
● 28 de agosto,
Leonel Ramos Villalobos, mecánico de 26 años de edad no sobrevivió a los seis
balazos que le propinaron los elementos policíacos, cuando intentaba impedir la
agresión por parte de policías que sufría uno de sus parientes.
30 POLICÍAS ACREDITABLES, EXIGIEN LA DESTITUCIÓN DEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES, BENJAMÍN VÁSQUEZ.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO
│ 30 Policías Acreditables de la
Secretaría de Seguridad Pública, de la unidad de investigación, se manifestaron
a las afueras de las instalaciones de Protección Civil Estatal, exigiendo la
destitución del director de la unidad, Benjamín Vásquez.
Lo acusan de discriminación, acoso sexual y, sobre todo, por
no tener descansos suficientes que les permita visitar a sus familias.
Se trata de 52 efectivos de la Secretaría de Seguridad
Pública los que se encuentran asignados en las instalaciones de Protección
Civil del estado, de los cuales, al menos 30 son los que se encuentran
inconformes, pero sólo 12 protagonizaron la manifestación y pegaron pancartas a
las afueras de la dependencia.
Cabe destacar que dentro de estos 12 elementos, tres son
mujeres, y son las que denuncia acoso por parte de Benjamín Vásquez, además de
que no les permiten tomar descansos suficientes, aunado a que, según señalan,
hay discriminación, puesto que este hecho sólo se presenta con los agentes
originarios de Ciudad Valles, y no con los que son de la capital potosina.
Asimismo, precisaron que también en otras ocasiones les han
hecho firmar por el uso de cartuchos de balas para ser utilizados en las
prácticas de tiro, cuando en realidad no los utilizan.
Benjamín Vásquez, por su parte, aseveró que él no podría
solucionarles el problema, ya que él sólo recibe órdenes de más arriba, en la
Secretaría de Seguridad Pública: “se les aclaró que son disposiciones de los
altos mandos, por lo tanto no se les pueden dar más de cuatro días de descanso;
ellos tienen que entender que en cuanto se convierten en policías estatales,
son precisamente eso, policías de todo el estado, y ya no de sus municipios
originarios”, arguyó.
La manifestación sólo duró algunas horas, ya que después de
dialogar con las autoridades del sitio y no llegar a ningún acuerdo,
prefirieron levantar sus pancartas y retirarse luego de que les aseguraron que
se abriría una mesa de negociación con los altos mandos, pero en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
¡ESPIONAJE AÉREO DE USA EN MÉXICO!
Washington • El gobierno de Estados Unidos ha despachado
aviones tripulados para ayudar a la policía mexicana en la identificación,
captura y eliminación de algunos de los criminales más buscados de ese país,
afirmó hoy la cadena FOX de televisión.
La cadena, que describió la operación como encubierta,
sostuvo que bajo la dirección del Mando Conjunto de América del Norte, del
Pentágono, la Operación "Lowrider" comenzó en 2011 después del
asesinato en San Luis de Potosí del agente de Inmigración y Aduanas, Jaime
Zapata.
En los últimos siete años la guerra en México contra los
traficantes de drogas y los conflictos entre organizaciones criminales han
dejado más de 60 mil muertos y miles de personas desaparecidas.
Phil Jordán, un ex agente especial de la Dirección de
Control de Drogas y director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso,
Texas, dijo a FOX que la operación "ha sido exitosa en la identificación,
eliminación o procesamiento de quienes traen toneladas de drogas a Estados
Unidos".
A diferencia de los aviones no tripulados (drones) que opera
el Departamento de Seguridad Nacional en la vigilancia de la frontera, según
FOX los dos aviones a hélice en la Operación Lowrider son tripulados por
personal de un contratista, Sierra Nevada.
El portal Vocativ.com, que se especializa en alta
tecnología, indicó que "a medida que subió la cuenta de muertos el
Pentágono decidió lanzar una operación de inteligencia sin precedentes".
"Los militares (estadunidenses) iniciaron una serie de
misiones de vigilancia dentro del espacio aéreo mexicano usando técnicas y
equipos refinados en Irak y Afganistán", añadió Vocativ.
"Y al igual que tantas empresas militares desde los
ataques terroristas en Estados Unidos en 2001, el contrato se privatizó: sin un
proceso de licitación el Gobierno asignó la tarea a Sierra Nevada que
proporciona los aviones, los pilotos y el personal de apoyo para las misiones
secretas", continuó el informe.
El portal atribuyó a "un informante involucrado en el
programa" la versión de que los aviones tripulados despegan de Texas,
cruzan la frontera, penetran el espacio aéreo de México y llevan a cabo
misiones de reconocimiento sobre 'patrones de comportamiento'".
Esta es una técnica por la cual los pilotos observan desde
el aire y determinan los horarios e itinerarios de los adversarios. Los aviones
están equipados con avanzada tecnología de interceptación electrónica y cámaras
"capaces de seguir a un sospechoso desde diez kilómetros de
distancia".
FOX señaló que la operación no está libre de riesgos y
recordó que hace diez años dos aviones de observación estadunidenses se
estrellaron en misiones similares en Colombia.
"Los guerrilleros mataron a un piloto estadunidense y
mantuvieron a otros tres estadunidenses cautivos durante seis años",
agregó FOX. "Aquella operación, con un costo de 8,6 millones de dólares,
también estuvo a cargo de un contratista militar, Northrup-Grumman".
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