Lunes 1 de Septiembre de 2014, San Luis Potosí, SLP.
CARTA ABIERTA:
ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RAÚL PLASENCIA VILLANUEVA
PDTE. DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE SAN LUIS POTOSÍ
ÁLVARO EGUÍA ROMERO
PDTE. DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FERNANDO PÉREZ ESPINOSA
PDTE. DE LA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO
JESÚS ANTONIO CHALITA ÁVILA
PDTE. DEL COLEGIO DE NOTARIOS
OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL:
Resulta lamentable tener que acudir a este mecanismo para tratar de evitar un atropello por parte de quienes se supone están para velar por el interés de la ciudadanía, pero que al llegar al poder pierden de vista el objetivo para el cual fueron electos. Sin embargo tampoco estoy dispuesto a perder, sin defenderme, lo que es no sólo mi fuente de empleo sino también el legado de mi padre, Héctor Parra Espínola: la Notaría 21 del Distrito Judicial Primero en San Luis Potosí.
Soy gente de trabajo y cuento con un gran prestigio y clientela ante la sociedad potosina, esto lo he ganado a base de la labor que he realizado durante años, primero como notario adscrito a lado de mi padre, y luego como titular, tras el lamentable fallecimiento de mi señor padre hace algunos meses.
Pese a mi trayectoria, de unos meses a la fecha se ha emprendido un ataque en mi contra para despojarme de la Notaría y así dar lugar a personas que hoy viven del erario y que están por dejar la administración pública en virtud de la conclusión del actual sexenio.
Tengo conocimiento de que el Secretario General, Cándido Ochoa Rojas le solicitó al Gobernador del Estado una patente para ejercer la función notarial, el gobernador le hizo saber que no se otorgarían fiats adicionales en la Capital del estado, debido a la saturación que ya existe en el gremio.
Ante la negativa, Ochoa Rojas busca hacerse espacio para él y sus colaboradores, en las Notarías ya existentes, es así que inició una carrera de desprestigio, despojo y denostación en contra de los fedatarios, y más allá de eso inició una embestida jurídica sin fundamentos, que ya tuvo como primera víctima al titular de la Notaría 3.
En cuanto a mi persona, en complicidad con el director del Notariado del Estado, Carlos Fonseca Castañol, se inició un proceso legal sin fundamentos que aun así me tiene hoy en riesgo de perder mi libertad y el fruto de años de trabajo, mío y de mi padre.
En diciembre de 2012 di fe de un contrato de compra-venta entre Sergio Morales Cervantes como apoderado de la parte vendedora con certificación de la Notaría 35, y José Antonio Parra Rodríguez como la parte compradora. Al momento del trámite se verificaron los documentos presentados y la situación del inmueble, no encontrándose problema alguno. Luego de realizar el trámite, el comprador solicitó los documentos de la propiedad así como el poder legal de la parte vendedora, mismos que le fueron entregados.
Tiempo después, el comprador, Jorge Antonio Parra, se presentó a la Notaría para solicitar nuevamente el poder legal con el cual se realizó el contrato de compra-venta, ya que tenía dificultades para realizar el proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, situación que se revisó y dio como resultado dos anotaciones marginales: una de la Notaría 35, referente a usurpación de identidad de las propietarias del inmueble, y otra del Ministerio Público respecto a una demanda de fraude.
Con justa razón, la parte compradora presentó una queja en abril de este año ante el Director del Notariado en contra de la Notaría 35 por la falsificación del poder con que se realizó el contrato de compra-venta, y de la 21, por la supuesta omisión de informarle que tendría problemas para hacer el trámite ante el Registro Público de la Propiedad. De ello se valió el director del Notariado, Carlos Fonseca, para presentar una denuncia penal.
Al conocer la denuncia, fue aclarada la situación con el quejoso, Jorge Antonio Parra, quien oficialmente se desistió de su queja en junio de este año al comprender que el trámite realizado en la Notaría 21 a mi cargo, fue válido, ya que en su momento no había impedimento para llevarlo a cabo. No obstante, el Director del Notariado continuó con el proceso legal en el que se me acusó de delitos contra la fidelidad profesional y falsificación de documentos.
Cabe señalar que Carlos Fonseca llegó a la Dirección del Notariado del Estado con ayuda de su ex jefe, Cándido Ochoa Rojas, con quien laboró en su despacho particular antes de que asumiera el cargo público como Procurador General de Justicia del Estado y luego Secretario General. También es sabido que Carlos Fonseca tiene prometida la posesión de una Notaría al terminar su encargo en la administración pública gubernamental.
Ante ello me queda claro que más que defender un interés legítimo del ciudadano agraviado, este par de funcionarios buscan la forma de arrebatarme la Notaría a mi cargo para asegurarse un futuro económico. Con tristeza y preocupación veo concretarse estas oscuras intenciones, ya que pese a no existir ya queja en mi contra, la presión generada por el Secretario de Gobierno llevó a que la Juez Sexto del Ramo Penal, Olga Regina García López, me dictara auto de formal prisión.
Debido a la gravedad de los hechos que menciono, solicito al Colegio de Notarios y los fedatarios en general, una reunión urgente para pedir su apoyo y evitar con esto sufrir el despojo de la Notaría, hago un llamado a su solidaridad, puesto que esta embestida que hoy hacen en mi contra, pudiera aplicarse a cualquier otro miembro del gremio ante la ambición desmedida e inclemente que han mostrado los funcionarios ya señalados.
Desesperadamente suplico a todos los destinatarios su apoyo para evitar que se concrete esta bajeza y se use el poder del Estado para conseguir intereses personales de funcionarios de dudosa reputación, que se dedican a aplastar a ciudadanos que como yo, no han hecho más que trabajar de manera honesta y profesional ante la sociedad potosina.
Sinceramente
LIC. GERARDO PARRA DÁVALOS
NOTARIO NÚMERO 21
