SALE A LA LUZ, EL EXPEDIENTE NEGRO, DE ULISES VALENCIA GORDILLO: ACUMULA EN SAN LUIS POTOSÍ, UNA RIQUEZA ECONÓMICA, “DE MANERA INEXPLICABLE Y, EXTRAORDINARIAMENTE VELOZ”
San Luis Potosí, México. Domingo 11, agosto 2018 ● El subsecretario de Gobierno de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ulises Valencia Gordillo, fue exhibido por la prensa, de haber acumulado una riqueza económica, “de manera inexplicable y, extraordinariamente veloz”.
Sus escandalosos ingresos y, la adquisición, de contado, de una residencia que le costó 4 millones de pesos, y el empleo que consiguió para su esposa en el Tribunal de Justicia Administrativa, que le reporta un ingreso anual de 481 mil 861 pesos, sin contar bonos y gratificaciones, además de la compra de una camioneta KIA con valor de 465 mil pesos, a crédito, siendo que hace apenas tres años llegó a San Luis Potosí con una mano adelante y otra atrás.
La información fue desmentida horas después por el funcionario, asegurando que no sólo cobra como subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, sino que además litiga diversas actividades industriales, empresariales o comerciales, lo que le representa ingresos superiores a 1 millón 135 mil pesos, incurriendo en un posible conflicto de interés, toda vez que existen antecedentes en el Poder Judicial de la Federación que establecen, en diversas sentencias, que “el carácter de servidor público debe considerarse un trabajo de tiempo completo, por lo que prestar servicios profesionales a una institución diversa, empresa, comercio o industria, hace indudable el riesgo inmerso en el encargo, por encontrarse vinculado a cumplir con cada una de las facultades, atribuciones, responsabilidades y obligaciones con forme a las diversas disposiciones que contiene la Constitución local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y otras disposiciones”.
Ante tal situación, el funcionario Valencia Gordillo no deja claro si litiga al mismo tiempo que es funcionario público, pues si es subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, materialmente sería imposible para él, atender otros asuntos ante instancias que incluso él mismo representa.
De acuerdo a su declaración patrimonial, publicada en la página web de la Contraloría General del Estado, Valencia reporta que por actividades industrial, empresarial o comercial, gana 1 millón 135 mil 530 pesos y que su ingreso anual es de 2 millones 171 mil 530 pesos.
Lo que se conoce de su vida pública, reporta su gusto por vestir ropa de marca, comidas en restaurantes exclusivos y actividades recreativas de alto nivel, así como constantes viajes a la Ciudad de México. Dice Valencia en su aclaración, publicada por el periódico Pulso, que no es cierto que pagó de contado la casa que le costó 4 millones, que eso es mentira, que el inmueble se adquirió a finales de 2017 y los recursos provinieron de la venta de un departamento en la Ciudad de México, que hizo su esposa. Asegura también que el origen y destino de esos recursos están plenamente acreditados, pero no aporta pruebas.
En cambio, Ulises Valencia, en una especie de amago por la nota del periódico Pulso, comparte un video que posteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde aparece la fotografía de un bebé y expresa que una foto no puede ser usada sin el permiso o consentimiento de la persona que aparece en ella, le sigue una imagen en donde se lee que la Suprema Corte ordenó a la revista que publicó la foto del bebé, a indemnizar a los padres, porque se violó el derecho a la imagen, olvidando que el señor es un funcionario público, que la información la reportó él mismo en su declaración patrimonial y que la fotografía donde aparece recostado en un love seat fue tomada de su perfil de Facebook, cuyo acceso es público y de acuerdo a las reglas de la red social, toda la información posteada, pierde derechos de propiedad y privacidad.
El abogado, que llegó a San Luis Potosí en un carrito Mazda 2014, este año estrenó un KIA Sportage con valor de 465 mil pesos, mismo que, de acuerdo a su declaración patrimonial, adquirió a crédito.
Las facultades que tiene un subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, implica su atención de tiempo completo, le impedirían litigar asuntos de particulares sin caer en la probable comisión de diversos delitos, entre ellos tráfico de influencias, uso indebido de la función pública, conflicto de intereses y otros.
La influencia del funcionario radica en la protección que le da el abogado Germán González Martí, a quien le debe el empleo y con quien ingresó a Gobierno del Estado en 2015, como parte del equipo de la Subsecretaría Jurídica.
El poderoso abogado del despacho KNP, es socio del alcalde electo Xavier Nava y lleva asuntos de trascendencia fundamental para el gobierno.
Pero Ulises Valencia en tres años ha construido enemigos y malquerientes en Palacio de Gobierno, donde los empleados se duelen de sus malos modos y aires de superioridad, de su indolencia ante diversos asuntos y de sus ausencias, pero si algo lastima a la burocracia potosina es la inclusión de su esposa de nombre Adriana, en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde recibe un salario superior a los 30 mil pesos mensuales más bonos y otros incentivos, sin que el personal de esta instancia reconozca su habilidad o capacidad para desempeñar el cargo, cuando existen abogados con capacidad, además potosinos, que presentaron proyectos y curriculums y no tuvieron oportunidad porque carecen de influencia o de un padrino.
La repentina solvencia económica de Ulises Valencia, que él atribuye a 21 años de trabajo cimbró a la burocracia carrerista, justo en la coyuntura en la que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está exigiendo la reducción de los salarios de los funcionarios públicos.
Según el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2015 Ulises Valencia ganó como empleado de gobierno de octubre a diciembre 219 mil pesos, y reporta como ingreso anual 271 mil; en 2016 reporta como ingreso anual 1 millón 192 mil 191 pesos, si cobró honorarios profesionales en este año, no están registrados en Hacienda, por lo que podría ser que no expidió facturas; en 2017 aún no se localiza el reporte.
La conclusión, en Palacio de Gobierno, fue muy sencilla, el licenciado Ulises Valencia llegó a San Luis como un lic chilango y en tan sólo tres años ya es un funcionario fifí.
La bonanza del funcionario no extrañó, pues el propio vocero de Gobierno, Juan Adrián Vázquez, gusta de publicar en su perfil de facebook cómo sus compañeros de gabinete, él incluido, repentinamente cambian de domicilios de colonias populares a zonas residenciales.
MIGUEL COVIÁN Y HUGO ULISES VALENCIA GORDILLO, FUERON DESPEDIOS EN EL AÑO 2010 DEL TEDF, Y PROCESADOS POR CORRUPCIÓN Y DELITOS ELECTOARLES
Ciudad de México, 17 de abril, 2010 ● En la víspera de que se determine quién será la sucesora del cargo que desempeñó Miguel Covián en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), este órgano jurisdiccional terminó su relación laboral con integrantes de esa ponencia (equipo jurídico).
Luego de que la Contraloría General del TEDF destituyó del cargo e inhabilitó a este funcionario público, su área de trabajo quedó acéfala y sin asuntos por resolver.
Por ello, el Tribunal Electoral capitalino determinó prescindir de los servicios de las 17 personas adscritas a dicha ponencia a partir de los primeros días de este mes, como parte de la reestructuración del Tribunal Electoral capitalino con la cual busca recuperar la confianza de la ciudadanía tras revelarse que dentro de sus filas se realizaron diversos actos de corrupción encabezados por Miguel Covián.
Con dichas medidas, la próxima magistrada podrá disponer de estos puestos sin tener que incorporar o correr a quienes laboraron con el acusado de vender y rentar plazas.
Hasta el momento, separaron del cargo a 10 colaboradores de esa ponencia.
Entre ellos está la asesora “A” Lizette González Porras, quien es investigada por la Procuraduría General de Justicia y por la Contraloría General del TEDF por su probable responsabilidad en la extorsión de empleados.
Entre ellos está la asesora “A” Lizette González Porras, quien es investigada por la Procuraduría General de Justicia y por la Contraloría General del TEDF por su probable responsabilidad en la extorsión de empleados.
Otro de los cesados es Hugo Ulises Valencia Gordillo, quien fungió como secretario de Estudio y Cuenta, quien sigue sujeto a proceso de investigación, por la presunta violación del Código Electoral.
Taide Michel Zendejas Villanueva, Karla Berenice de la Cruz Hermida y Carlos Nuñez Jiménez también concluyeron su contrato laboral con el órgano autónomo, debido a que presentan inconsistencias dentro de la ponencia.
Pese a que Covián Andrade mantenía relegado de su labor al coordinador de la ponencia, Fausto Razo, éste ya fue retirado del cargo.
En tanto, y de acuerdo con información del propio Tribunal, cinco mecanógrafas que laboraron para Covián sólo serán reubicadas en otro departamento, ya que su nivel es operativo.
Es necesario precisar que otro de los secretarios de Estudio y Cuenta, que responde al nombre de José Juan Torres Tlahuizo, presentó una incapacidad, por lo cual no ha podido ser separado del cargo.
Este sujeto también es investigado por la Contraloría Interna debido a que presuntamente desempeñaba funciones de abogacía a la par de su labor jurisdiccional, lo cual es violatorio a las disposiciones legales.
La madre de Lizette González Porras es Patricia Cecilia Porras Mascareñas, cuyo cargo de secretaria auxiliar sigue desempeñando por incapacidad, ya que argumentó haberse lastimado un tobillo.
Yahweh era el dios nacional de los reinos de la Edad del Hierro de Israel, (Samaria), y Judá . En su quinto mandamiento ordenó: “No matarás”, (Libro del Éxodo capítulo 20,versículo 13).
