● SE ROBA LA FAMILIA ABUD DIP, UN TERRENO DE 23,000 METROS CUADRADOS, PARA EDIFICAR EL LUJOSO COMPLEJO HABITACIONAL “LA VISTA, RESIDENCIAL”.
● Hace días el Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí anunció que se requieren 8 millones de pesos para poder limpiar de lirio acuático La Presa de San José. ¿Por qué mejor no mejor sujetar a la ley a todos los desarrolladores de la zona?
● La proliferación del lirio acuático es producto de descargas provocadas por fraccionamientos de la zona que contaminan de esta forma el agua de la Presa de San José.
● Son 15 años sin regularizar el pago del agua potable y de tirar parte de sus desechos clandestinamente. ¿Por qué a las autoridades les ha temblado la mano para aplicar sanciones?
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO ● El miércoles 15 de julio del año 2015, el portal de noticias San Luis Voy, publica en su nota principal de este día que el proyecto es propiedad de Grupo Constructor La Vista S. A. de C. V. del hermano del Secretario de Turismo del Gobierno Estatal, Jorge Abud Dip, y a pesar de no contar con permisos de agua, de uso de suelo o certeza de propiedad, actualmente sigue adelante gracias a las influencias de Enrique Abud Dip.
La Vista, Residencial, está proyectado como un lujoso complejo residencial ubicado en el exclusivo sector de La Lomas y tendrá como plus su cercanía al Club Deportivo La loma, el Tecnológico de Monterrey, la Plaza Comercial San Luis y el Club de Golf La Loma.
Su slogan, “Un nuevo concepto de vida” anuncia privacidad y plusvalía, además de presumir accesos controlados y excelentes vías de comunicación, según se puede observar en un video publicado en YouTube.
El medio digital considera en su publicación que el proyecto no tiene límites definidos legalmente, ya que a través de contratos de compra-venta realizados entre distintas constructoras y diversas razones sociales de los mismos propietarios, los límites de los predios han sido movidos y crecidos tramposamente. Es decir, le han dado poca certeza jurídica al terreno donde se construye La Vista Residencial.
La legalidad del proyecto está en el aire, pues existen conflictos legales entre las constructoras y los supuestos dueños de los terrenos.
Cita como ejemplo de las irregularidades, una denuncia de abril de este año, interpuesta en la Procuraduría General de la República por la constructora La Potosina S. A. de C. V. contra funcionarios del Ayuntamiento capitalino, el juez tercero del Poder Judicial del Estado, Felipe de Jesús Martínez Castillo y los encargados de la Notaría Pública 14.
La denuncia señala el encubrimiento de un despojo de un predio en la zona donde se construye “La Vista Residencial”, por parte de una constructora local, propiedad de Jorge Abud Dip, a quien también le habrían ayudado a evadir el pago de impuestos estatales y federales por unos de 500 millones de pesos.
San Luis Voy aseguró que el dueño de “La Potosina” lleva 12 años tratando de recuperar su predio y acusa a funcionarios municipales y del Poder Judicial de encubrir un millonario fraude que se hizo posible gracias a la falsificación y alteración de documentos, donde también habrían participado funcionarios del Registro Público de la Propiedad.
FUENTE: INVESTIGACIÓN: “POR DEBAJO DEL AGUA”
SAN LUIS POTOSÍ ● La organización Ciudadanos Observando dio a conocer una investigación que qué le llevó tres meses en recopilar y obtener documentos y pruebas para concluirla.
Este trabajo de investigación titulado “por debajo del agua” mostró como voraces desarrolladores terminan la venta de viviendas y tardan años sin municipalizar los fraccionamientos dejando a los habitantes sin agua. El no municipalizar los servicios provoca que, ante la falta de contratos, proliferen las tomas de agua clandestina por años.
Grandes y lujosos fraccionamientos durante años nunca regularizaron sus contratos de agua, esto provocó que fueran millones de pesos que se dejaron de pagar al Interapas.
Después de años, verificamos que por fin se instalaron 350 medidores que tenían cuota fija de los casi 500 usuarios del fraccionamiento Villa Antigua. Lo que no se ha solucionado son las aguas negras que contaminan el riachuelo que se encuentra en el área verde del fraccionamiento.
El caso más emblemático del actuar permanentemente con impunidad y de un desprecio a la ley lo detectamos en el Fraccionamiento residencial La Vista. Nuestra investigación nos llevó a obtener información que muestra como el Grupo Desarrollador La Vista en este fraccionamiento, por más de 15 años se ha negado a pagar el agua y a regularizar su situación.
Existen 1,182 tomas de agua potable las cuales nunca han pagado un peso al Interapas. Diversos documentos oficiales obtenidos vía transparencia revelaron que, por incumplimientos de La Vista con trámites de factibilidad de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, el Ayuntamiento de la capital de SLP debió aplicar sanciones desde septiembre del 2008.
El 20 de septiembre del 2011 el director de Interapas Francisco Muñiz Pereyra solicitó al Cabido del Ayuntamiento de la capital suspender cualquier autorización para la construcción del fraccionamiento por no cumplir con ordenamientos legales.
Como ha sucedido siempre: La Vista no respeto la ley y siguió construyendo ante una mayoría del Cabido que sospechosamente se hizo de la vista gorda.
Detectamos también cómo por años el Fraccionamiento La Vista ha estado descargando parte de sus desechos de manera clandestina los cuales terminan en el medio ambiente. Al no contar con la infraestructura de drenaje sanitario, de forma irresponsable han contaminado con sus desechos a la Colonia Insurgentes. Localizamos un canal clandestino de aguas negras que pasa por atrás del Fraccionamiento frente a la carretera a Guadalajara y que pasa por la colonia antes señalada.
Por la parte posterior del fraccionamiento pasa una tubería, pero sólo con una parte de los deshechos que llegan a una planta tratadora de agua, ya que en época de lluvia el pozo de visita se desborda provocando que las aguas negras se mezclen con el cauce de agua natural que pasa por la zona contaminándola.
Hace días el Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí anunció que se requieren 8 millones de pesos para poder limpiar de lirio acuático La Presa de San José. ¿Por qué mejor no mejor sujetar a la ley a todos los desarrolladores de la zona?
La proliferación del lirio acuático es producto de descargas provocadas por fraccionamientos de la zona que contaminan de esta forma el agua de la Presa de San José.
Son 15 años sin regularizar el pago del agua potable y de tirar parte de sus desechos clandestinamente. ¿Por qué a las autoridades les ha temblado la mano para aplicar sanciones?
Se tiene que revertir de inmediato ese preocupante porcentaje de personas que no pagan el agua. Basta de tolerancia a estos voraces desarrolladores que sistemáticamente violan la ley y operan impunemente por “debajo del agua”.
El vital líquido debe pagarse y no se debe permitir que nadie esté fuera de la ley.
Las soluciones son ahora antes de que el problema se agudice y sea demasiado tarde….
SE ROBA LA FAMILIA ABUD DIP, UN TERRENO DE 23,000 METROS CUADRADOS, PARA EDIFICAR EL LUJOSO COMPLEJO HABITACIONAL “LA VISTA, RESIDENCIAL”
Escribe │ Consuelo Araiza Dávila.
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. JUEVES 22 DE MARZO DEL AÑO 2013 ● Un día en la mañana, don Enrique Ortuño Díaz Infante leía el periódico con normalidad, como cualquier día en San Luis Potosí, sin embargo, su suerte hizo que se percatara de un anuncio anormal: un ser abusivo estaba comercializando el terreno de su esposa que ella adquirió en 1991.
Ya no fue un día normal, un día como cualquier ciudadano que se dedica a leer las noticias de política o de sociales o de deportes, sino que ya no durmió esa noche: se trataba de localizar a los estafadores que anunciaban un terreno con documentos apócrifos y, obviamente, con el visto bueno de autoridades que ejercen con la mano en la cintura el delito de despojo y falsificación para obtener un lucro indebido con escrituras apócrifas.
Así inicio una batalla legal y para Ripley, pues es increíble el cómo se comportan las autoridades en casos semejantes. La corrupción es el principal problema de este país.
UN TERRENO AMBICIONADO POR MUCHOS.
El terreno robado se ubica frente al libramiento Sur de la capital potosina y posee una superficie de 23 mil metros cuadrados con colindancias al noroeste con 237 metros, al sureste con, con la primera de oriente a poniente de 130 metros y periférico sur y la segunda de sureste al noroeste, cien metros y la tercera de oriente a poniente con cien metros, colindando con propiedades particulares. Son 125 metros .54, con propiedad de los vendedores y al suroeste 68.00 metros con Camino al Aguaje.
Ante el Registro Único de la Propiedad y del Comercio está registrado, bajo el número de 4 mil 326 a fojas 261, tomo sesenta y seis “bis”, escritura pública y la propietaria es Guadalupe Petra Martina Vázquez López de Ortuño.
Son 23 mil metros cuadrados de superficie de terreno que son de la esposa del empresario Díaz Infante mismos que fueron notariados con Agustín Castillo Toro, el 29 de agosto de 1991, hoy están en peligro a causa de una complicidad entre notarios, constructoras y hasta parientes de funcionarios.
Don Enrique Ortuño, oriundo de Ocampo Guanajuato, de familias de origen español que se difundieron en el Bajío y en el centro del país no puede creer que en San Luis se den ese tipo de corrupciones.
“Una propiedad ante la fe pública, el predio ubicado en el periférico Sur, cercano a la zona industrial, una zona muy ambicionada por propios y extraños, pretende ser robada de mala fe ya que los delincuentes se han atrevido a poner una malla y hasta existen dos enormes anuncios de publicidad”, señaló.
MODUS OPERANDI DE DELINCUENTES.
Isabel Ramos Zarazúa, un vecino de la región que fue utilizado para hacerse pasar como legítimo dueño y quien tras ser descubierto por Díaz Infante y sus abogados, invadido por el miedo escribió una confesión y luego se retractó, nuevamente por miedo. Agobiado por la pobreza, la necesidad económica, la ambición y hasta la ignorancia, el “lavado de cerebro” funcionó para los delincuentes que necesitaban a un “dueño que diera sus generales y su estupidez en estos asuntos”.
DOS ESCRITURAS FALSAS.
Enterado del anuncio del terreno de su mujer, Díaz Infante llamó por teléfono para pedir informes del mismo y le aseguran tener escrituras privadas, (obviamente apócrifas), una de ellas según del año 1942 y en la cual contiene la rúbrica del notario público Ignacio Torres Guzmán.
Aquí el documento señala que el terreo original era del agricultor Francisco Meléndez Fraga y de su esposa María Robledo quienes se lo vendieron a Gerónimo Ramos Herrera para su hijo J. Isabel Ramos Zarazúa, también jornalero.
Una falacia es que en la misma se señala que el terreno colinda con la rúa Antonio Rocha Cordero y no es verdad., según quedó inscrito en la foja 780, – 246 tomo 31 bis de escrituras del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
La resulta es cómo de manera demagógica elevan escrituras privadas a públicas ante la complacencia y corrupción de los notarios públicos, “acto ilegal porque para efecto de hacer eso se tiene que promover un juicio ante lo civil y aquí eso no se da”, indicó el abogado Antonio Ramírez Alfaro.
En la segunda escritura falsa, se corrigen dos cosas, el año de 1942, lo cambian a 1962 y eliminan la rúa Antonio Rocha Cordero, para ponerle en la supuesta escritura “camino vecinal”. Aquí se prestó en tal maniobra el notario público Héctor Parra Espínola, notario número 21 de San Luis Potosí.
UNA RED CON PARIENTES DE FUNCIONARIOS.
El 19 de febrero del 2010 Ortuño Díaz Infante pasó por el terreno de su mujer y vio cómo los delincuentes le tumbaron una malla protectora que tenía: “Enseguida un señor de nombre Jorge Arturo Cantú Pérez me dice primero que me vaya de “su” terreno y después me dice que su representada es la constructora “Cañada Real”, ubicada en Cordillera Himalaya 535, en las Lomas, es más hasta me llevaron detenido tras ser amenazado, me llevaron a la Procuraduría por medio de un agente ministerial, le llamé a mi esposa y ella llevó las escrituras, cuando salí, fui de nueva cuenta al terreno y ya estaba en posesión del mismo Cantú Pérez, un abogado defraudador”, dijo airado.
El asunto se llevó en material judicial por ministerios públicos y se integró una averiguación previa “manipulada en el segundo juzgado de lo penal , raro, porque desde un inicio Cantú Pérez nunca acreditó ser dueño del terreno y no se lo exigieron tampoco, sólo lo decía oralmente aun así se giró orden de aprehensión el 24 de mayo del 2011 en contra de Jorge Arturo Cantú Pérez, de J. Isabel Ramos Zarazúa, Juan Martín Cantú Rocha y José Antonio Martínez Estrada bajo la orden judicial 62/2011-2 por el delito de despojo, pero sólo encarcelan a Cantú Pérez y para colmo sale libré el 26 de mayo, sólo dos días estuvo preso.
“La actitud corrupta del Juez Segundo al aplicar una fianza de 200 mil pesos, le dictó auto de libertad, porque según él no existen elementos suficientes para comprobar el delito, el mismo juez con fecha del 26 de abril de 2011, él mismo consideró que sí había delito de despojo y nuevamente gira orden de aprehensión, o sea que el mismo juez de nombre Luis Fernando Gerardo González, contraviene sus disposiciones”, externó el litigante entrevistado.
El 20 de junio del año pasado se dieron alegatos y los demás culpables señalados se ampararon, pero curiosamente es el mismo Jorge Arturo Cantú Pérez quien les elabora el amparo para protegerse: “presentamos nuestros alegatos donde manifestamos las contradicciones del juez y resulta que el mismo ex procesado es el que les hace los amparos”.
LA FAMILIA ABUD DIP, INVOLUCRADA COMO VENDEDORES DE TIERRAS.
La escritura pública de 1942 de manera inverosímil y absurda la cambian al año de 1962 y es que un día antes de que saliera de la cárcel Cantú Pérez, el abogado de J. Isabel Ramos Zarazúa, presenta un nuevo contrato de compra-venta con fecha del 7 de mayo del 2010 ante la fe notarial de José Luis Bravo Mendoza, notario número 29.
“Me da vergüenza decirlo, porque cuando empezábamos a litigar yo recomendé a este notario Bravo Mendoza para que fuera apoderado del ya desaparecido Banco Unión y mire ahora a lo que se presta”, dijo el abogado defensor de Díaz Infante.
Quien vende es Antonio Trejo y es representado por Guillermo Abud, el comprador es José Zúñiga del grupo constructor “Cañada Real” y aquí se comportan como la parte vendedora de terrenos, en la parte compradora aparece un señor José Zúñiga Sánchez, quien es representante de “Cañada Real”.
GUILLERMO ABUD DIP CON ESCRITURA FALSA.
Guillermo Abud Dip es el hermano del actual secretario del Turismo y aparece inmiscuido en esta red de corrupción a notarios debido a que se presta en una escritura falsa que documentó del terreno el notario público José Luis Bravo Mendoza, fueron tres escrituras falsas que en totalidad se han dado a conocer.
Aquí lo interesante es que el supuesto dueño que vendió, el supuesto heredero del mismo, el jornalero J. Isabel Ramos Zarazúa ha manifestado que ni es, ni ha sido dueño nunca, que lo usaron en una notaría más ubicada en Soledad de Graciano Sánchez en donde lo hicieron firmar documentos.
Dentro de la averiguación previa se observa un mal comportamiento municipal, porque la licenciada María de los Ángeles Cárdenas Leija se pone en el cargo como Directora de Catastro Municipal, cuando no lo es.
Hoy en día el asunto se sigue litigando, pues son muchas las influencias que Jorge Arturo Cantú tiene con notarios y abogados del poder judicial al grado que luego de ser aprehendido por despojo, salió de la cárcel a los dos días y en San Luis Potosí no existe autoridad que defienda a un legítimo dueño pues los empresarios poderosos de apellido como Abud Dip pesan mucho en San Luis Potosí.
