● Este texto fue publicado originalmente en inglés por la Ethical Journalism Network (EJN). Fue retomado aquí con autorización.
ESCRIBE │ ELVA NARCIA CANCINO
(*.- Elva Narcia es la fundadora de Glifos Comunicaciones. Elva trabajó durante 15 años en la BBC de Londres como productora, editora, corresponsal y capacitadora de periodistas. Su trabajo más reciente fue para Internews en Afganistán, Pakistán y Sudán del Sur. Se ha especializado en el diseño y manejo de proyectos de comunicación para el desarrollo y para el cambio social).
A fines del mes de enero el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, aseguró que la violencia en México es peor que en Afganistán.
En su cuenta de Twitter el mandatario detalló que los casos de homicidio en México aumentaron 33% en 2018 en comparación con el año anterior y alcanzaron los 33.341. “Esto es un factor que contribuye a la crisis humanitaria que tiene lugar a través de nuestra frontera sur y se extiende a lo largo de nuestro país”.
Los datos duros parecen respaldar las afirmaciones de Trump, pues según organismos nacionales e internacionales, de enero a septiembre de 2018 México registró 90% más muertes violentas de civiles que Afganistán.
A ese contexto de violencia en México se suma el número de personas desaparecidas, las cuales ascienden a 40.180, según dio a conocer Roberto Cabrera Alfaro, Ex comisionado Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.
Para la doctora Carolina Robledo, coordinadora del grupo de investigaciones en Antropología Social y Forense, México vive múltiples violencias, no solamente las relacionadas con el crimen organizado, ella habla de una crisis de derechos humanos y una crisis del estado de derecho.
“Tenemos un contexto de graves violaciones a derechos humanos, que implica que las fuerzas públicas de seguridad, desde las municipales hasta las estatales, han ejercido el control de la seguridad a través del abuso y del uso de la violencia como una forma de controlar territorios y poblaciones, pero también como una forma de administrar negocios y de beneficiar a intereses privados con este uso ilegítimo de la fuerza”, dice Robledo.
México, asegura Robledo, vive en un contexto de violencias institucionales, económicas, patrimoniales, de género. La violencia también se ejerce en el ámbito de la información: “hay un sistema intencionado que busca ocultar la verdad, ocultar los crímenes, borrar las evidencias”.
En ese contexto de múltiples violencias ¿cuál es el papel de la prensa? ¿Pueden los medios de comunicación contribuir a propiciar un ambiente de paz, pueden contribuir en el combate al crimen y la violencia? Para buscar respuestas, consultamos a veinte especialistas entre abogados, académicos, activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
En el caso específico de las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas, la prensa ha cumplido un papel muy importante al hacer visible el problema y colocarlo en la agenda pública. Familiares de las víctimas, como Mirna Nereyda Medina Quiñones, quien encabeza la organización Las Rastreadoras de El Fuerte, un grupo de madres que busca a sus hijos desaparecidos en el estado de Sinaloa, asegura que el acompañamiento de la prensa ha sido fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia, “nos ha ayudado con la difusión y alzando la voz junto con nosotras”.
Nereyda fundó Las Rastreadoras tras la desaparición de su hijo Roberto Corrales Medina, – quien fue privado de su libertad el 14 de julio de 2014 y sus restos hallados en una fosa clandestina tres años después -, y asegura que el trabajo que hacen los medios de comunicación les empuja a llegar a gobiernos y a instituciones y a documentar las respuestas que obtienen de ellos para que queden como antecedente y puedan retomarlas cuando sea necesario.
Aquí Cristina Ávila Cesati, fundadora de Corresponsales de Paz, advierte sobre la importancia del ejercicio de un periodismo ético pues en ocasiones los periodistas pueden entorpecer las investigaciones, incurrir en la re victimización, tergiversar o publicar información sin autorización.
Otra de las formas a través de la cual la prensa ha contribuido al combate al crimen y la violencia es mediante la documentación de testimonios, la captura de imágenes, grabaciones, entrevistas, notas periodísticas que han servido para resolver casos y llevar a los perpetradores ante la justicia, así lo considera María del Carmen Alanís, exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hizo uso de ese tipo de pruebas en casos de violencia política en razón de género.
Varios de los periodistas consultados aseguran que la prensa no es ni policía ni Ministerio Público para combatir la violencia y el crimen. Sin embargo coinciden en que dando seguimiento a las averiguaciones previas para que los casos no se pierdan en la impunidad, además de insistiendo a las autoridades transparencia, acceso a la información y una justicia pronta, expedita y eficiente, es una manera de contribuir desde el ejercicio ético de la profesión.
Para Adela Navarro, directora general del semanario Zeta con sede en la fronteriza ciudad de Tijuana en Baja California, el trabajo de la prensa es revelar la información que el gobierno está ocultando, “hacemos un periodismo de análisis, de investigación, contestatario, intentamos decirle a la población quiénes son los que nos están haciendo daño como sociedad”.
“El compromiso debe ser hacer llegar la información y contribuir a la madurez de una sociedad informada para que al momento de tomar decisiones consideren esos posicionamientos, entonces creo que en ese sentido podemos ser parte de esa sociedad que está exigiendo los cambios, que está exigiendo que los gobiernos se comporten a la altura, investiguen y hagan su trabajo para que salgamos de esa inseguridad y de esta violencia en la que hemos vivido en los últimos años”, dijo.
Pero esa labor tiene sus consecuencias y para el semanario Zeta no ha sido fácil. En sus 38 años de historia desde su fundación, tres periodistas le han sido asesinados y uno más, su fundador, Jesús Blancornelas, salvó la vida en 1997 tras recibir cuatro disparos, no así su chofer quien también era su guardaespaldas.
Con 144 periodistas asesinados desde el año 2000, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América. La directora regional de Artículo 19 para México y Centro América, Ana Cristina Ruelas, asegura que “es el país sin guerra declarada en el que el trabajo periodístico se enfrenta constantemente a las agresiones, a los asesinatos, a las desapariciones, al fuego”.
Aun así hay esfuerzos para ejercer un periodismo de investigación, de denuncia, de esperanza y soluciones. La prensa en México ha encontrado mecanismos para protegerse en el ejercicio de la profesión, algunas veces optando abiertamente por “zonas de silencio”, es decir, autocensura para proteger su seguridad y su vida.
En algunos medios se opta por firmar en colectivo, las notas se firman a nombre de la redacción del medio y se quita así de los reflectores y del riesgo al reportero, también se han articulado redes, se hacen trabajos colaborativos de investigación para generar una resistencia y vencer el miedo.
Por decisión editorial se ha optado también por no reproducir los mensajes del crimen organizado, los cuales son plasmados en notas colocadas sobre cuerpos mutilados, o en lo que en México se conoce como “narco mantas”, las cuales son colgadas de puentes y en muchas ocasiones van acompañadas de un cuerpo sin vida.
Pero el narcotráfico ha encontrado el camino para hacer llegar su mensaje. El crimen organizado se ha apropiado de los medios, hacen sus propios comunicados, mandan mensajes y videos en grupos de WhatsApp. “Las redes sociales se han convertido en el carril de alta velocidad sin seguridad para el crimen organizado,” explica el periodista Urbano Barrera quien lleva 25 años cubriendo temas de seguridad.
Barrera cuenta que el crimen organizado se ha infiltrado en distintas esferas del poder, son peritos, son policías, están al frente de las Instituciones y cuando un periodista comienza a indagar se le identifica de inmediato, “los medios nacionales nos perdemos un poquito, nos vamos mimetizando, camuflando entre los centros urbanos, pero en provincia, donde todos los compañeros están perfectamente identificados, que saben dónde viven, a qué familia pertenecen no tienen opción de publicar”.
Pero hacer pública la información, abrir espacios para el esclarecimiento de la verdad en torno a graves violaciones a los derechos humanos, desde un periodismo que implique investigación a profundidad, análisis de contexto, análisis de actores, consolidando bases de datos, estableciendo la agenda de la discusión pública y haciendo los primeros borradores de la historia, parece ser según los especialistas consultados, de las principales funciones de la prensa particularmente en el contexto de violencia referido.
“Hay formas inteligentes, conciliadoras, responsables en las que podemos quizá no propiciar más confrontación,” comenta Marcela Turati, fundadora de la Red de Periodistas de a Pie y del proyecto Quinto Elemento Lab, una organización que impulsa el periodismo de investigación.
“De las cosas que sí puede hacer la prensa y de las que se puede responsabilizar es que la información tenga contexto, que le explique a la gente por qué está pasando lo que está pasando, en la medida de lo posible porque en la violencia todo se vuelve niebla”, aseguró.
Turati habla también de la importancia de ponerle lógica a la violencia y comenzar a hacer no solamente las crónicas del horror sino también encontrar patrones, cosas que puedan ayudar a la gente. Otra cosa que se puede hacer, dice, son notas espejo de experiencias similares a las que estamos viviendo y que ocurren en otros municipios, en otros estados, en otros países.
“Que nuestras investigaciones sean acerca de lo posible, de lo que podemos aspirar para no dejarnos caer en la desolación y que no todo lo que veamos en las noticias sea horrible y que paralicen a la gente sino que ayuden a reflexionar cuáles podrían ser las maneras de intervención posible y que la gente pueda exigirle al gobierno un cambio de estrategia o pueda tomar decisiones informadas”, dijo Turati.
Por su parte, Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, columnista, promotor de los derechos humanos y de la democracia, coincide en la necesidad de contener a los violentos, explicándolos, porque en la medida que entendemos la lógica de los violentos podemos dar información a quienes formulan políticas públicas o las víctimas que están buscando a los suyos. También es importante empoderar a los pacíficos, dándoles información.
Aguayo considera que hay historias que tienen que ser contadas y por ahora no están lo suficientemente representadas en los medios de comunicación. “Un déficit que hemos tenido en los medios de comunicación tiene que ver con que no hemos informado lo suficiente sobre esos procesos de paz”.
Agrega que debe reportarse más sobre las experiencias concretas, sobre lo que ya se está haciendo.
“En mi experiencia, la sociedad mexicana no se ha quedado con los brazos cruzados, no es pasiva, ha hecho lo que ha podido para defenderse, a veces con éxito, a veces sin él y ha pagado un costo en vidas enorme, esas son las historias que debemos contar también”, dijo Aguayo.
