INFORMA LA SEDENA SOBRE EL ENFRENTAMIENTO A BALAZOS EN LA CIUDAD DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ.
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Se logró la detención de Iván Ramírez Hernández, de 38 años de edad; Raúl Carrizales Morales, de 27 años; Mario Enrique Paniagua Espinoza, de 19; Juan de León Hernández también de 19 años, Carla Luna Loredo de 25 años, Laura Sifuentes Bocanegra de 25 años y Shantal Munguía Rico, de 20 años de edad.
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Así mismo, se decomisaron diez armas largas, tres cortas, diez cañones calibre .223, un cañón calibre.45, tres receptores, un carro para pistola, ocho culatas para fusil, cinco silenciadoras, diez fusiles de gas para juego de gotcha, dos mil 479 cartuchos de diferentes calibres, 103 cargadores, tres miras telescópicas, dos granadas calibre .40 milímetros y una granada de mano de fragmentación.
CIUDAD DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO. MARTES, 29 DE JUNIO DEL AÑO 2010.- Mediante comunicado de prensa, la Secretaria de la Defensa Nacional informó sobre el enfrentamiento que se sostuvo el pasado domingo en el municipio de Rioverde, donde se capturó a siete presuntos delincuentes a los que se les aseguraron armas, droga, vehículos y equipo diverso.
La Doceava Zona Militar informó que, en el marco de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el pasado domingo se atendió una denuncia ciudadana sobre la presencia de individuos armados en un inmueble ubicado en la calle prolongación de Escandón de la colonia La Victoria.
La refriega inició alrededor de las 04:20 de la madrugada, en la casa marcada con el número 202 de la calle Escandón de la colonia Prolongación Escandón, en el municipio de Rioverde. Elementos del Ejército arribaron al inmueble en varias unidades, al parecer el operativo obedeció a llamadas anónimas que reportaron sujetos armados en el domicilio. A su llegada, los soldados fueron recibidos por ráfagas de grueso calibre y granadas de fragmentación, iniciándose así la balacera.
Durante más de cuatro horas, habitantes de esta demarcación escucharon las detonaciones en la zona comprendida de las colonias Cruz Verde, La Huerta, Insurgentes y Prolongación Escandón.
Participaron más de 300 elementos del 65 Batallón de Infantería apoyados por un helicóptero, hasta entrada la tarde de ayer los vecinos de estas colonias no podían salir de sus domicilios y el Ejército acordonó el área, ayudados por elementos de la Policía Federal, que al mediodía llegaron en más de 20 patrullas. Las corporaciones municipales y estatales fueron excluidas del operativo.
Al arribar los soldados, fueron recibidos a balazos desde el domicilio, por lo que se repelió dicha agresión, falleciendo en el lugar de los hechos dos presuntos delincuentes que trataron de darse a la fuga por la parte posterior del inmueble.
Se logró la detención de Iván Ramírez Hernández, de 38 años de edad; Raúl Carrizales Morales, de 27 años; Mario Enrique Paniagua Espinoza, de 19; Juan de León Hernández también de 19 años, Carla Luna Loredo de 25 años, Laura Sifuentes Bocanegra de 25 años y Shantal Munguía Rico, de 20 años de edad.
Así mismo, se decomisaron diez armas largas, tres cortas, diez cañones calibre .223, un cañón calibre.45, tres receptores, un carro para pistola, ocho culatas para fusil, cinco silenciadoras, diez fusiles de gas para juego de gotcha, dos mil 479 cartuchos de diferentes calibres, 103 cargadores, tres miras telescópicas, dos granadas calibre .40 milímetros y una granada de mano de fragmentación.
La droga decomisada corresponde a una bolsa con semilla de marihuana con un peso de 2.5 kilogramos, así como un paquete de la misma droga de unos 400 gramos.
De los cuatro vehículos incautados dos, tienen reporte de robo y se trata de una camioneta MAZDA con placas VCV-1423 de esta entidad y un Volkswagen GTI, con placas VBK-7005 también del estado.
Los otros son una camioneta Ford tipo Súper Duty, sin placas de circulación y otra Ford tipo Ranger, también sin placas, y dos mil 505 pesos en efectivo.
En lo que respecta al equipo táctico diverso, se incautaron seis fornituras negras, diez componentes para fornituras, tres uniformes tipo policial, 25 uniformes tipo militar y 30 piezas también correspondientes a uniformes tipo militar y policía federal.
Mencionan las fuerzas castrenses que durante la agresión a las tropas, también perdió la vida uno de sus elementos, arribando al lugar personal de la subprocuraduría General de Justicia en la Zona Media para dar fe de los hechos.
Los detenidos y lo asegurado de puso a disposición del Ministerio Público Federal en la Capital del Estado.
Para finalizar, menciona la Sedena en su boletín que se continúa invitando a la ciudadanía a que acuda personalmente a las instalaciones militares más cercanas, con el fin de que denuncie hechos relacionados con delitos federales. Puso a disposición los teléfonos (444) 815914, 8154987, 8206442 y 8158336.
QUEBRADERO
Escribe Antonio González Vázquez
Hace escasamente un mes, en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, a donde el doctor Toranzo había acudido a votar por Fernando Pérez Espinosa en el proceso interno del tricolor, le pregunté al gobernador ¿Cuántas ejecuciones van en su administración?
Seco, contestó con un lacónico y simplista “no llevo la cuenta”.
Y quién sabe si él y su gobierno llevan o no esa cuenta, pero suman más que los meses que lleva en el poder.
Los sucesos violentos ocurridos los días sábado y domingo pasados han llevado al pánico a los habitantes de Ciudad Valles y Ríoverde, pero el historial de muertes ya provenía de semanas y meses anteriores.
Cinco, diez, quince o veinte; los que fueran, conforman una estadística ofensiva para una sociedad a la que se le ofreció algo muy distinto a lo que se está presenciando.
De no ser por la presencia del ejército mexicano, quién sabe que sería de San Luis Potosí.
La efeméride puede resultar harto latosa, pero allá por junio de 2009, el entonces candidato Toranzo Fernández, presentaba su propuesta de gobierno.
En un cuadernillo en color rojo a 32 páginas, el otrora abanderado del PRI exponía en la página nueve lo que denominó “El Reto Político: Primero la seguridad pública”.
“La seguridad pública es una condición fundamental para la paz comunitaria y republicana, para garantizar la libertad y promover la justicia social. Sin seguridad pública los potosinos nos sentimos inermes ante el avance de los enemigos de la sociedad”, planteaba ese documento electorero.
A la distancia, esas palabras se revierten a quien las expresó y lo ponen en evidencia ante la ciudadanía. Ofreció recuperar la tranquilidad y la paz perdidas y lo que ha habido es una escalada de violencia inédita.
A eso se le llama fracaso.
“Las instituciones responsables de atender y proporcionar de manera directa a la población este servicio, se han visto rebasadas de manera brutal por una organización criminal que no reconoce fronteras, niveles socioeconómicos ni edades. Nuestros seres más queridos, nuestras familias y nuestros hijos están expuestos constantemente al acecho y peligros que significan la falta de seguridad y el incremento de la criminalidad en nuestro estado”.
Si ahora, al paso de un año, Toranzo Fernández volviera a repetir esas palabras, nadie le contradeciría. La situación no solo es similar sino que ha empeorado.
Y si el Toranzo gobernador revisara en su memoria lo que dijo como candidato, tal vez se daría cuenta de que no ha cumplido, que no ha funcionado.
“Los potosinos demandan plena seguridad”, decía. Para su conocimiento, esa demanda es más que vigente e incluso más exigente.
Si bien se trata de un problema de carácter nacional y que ninguna entidad federativa escapa a la violencia, también es cierto que el “Reto” que asumió le ha quedado muy grande.
También es cierto que estamos ante un problema sistémico que en muchos sentidos ha rebasado a las instituciones públicas a nivel federal, estatal y municipal, sin embargo, la inseguridad se ha acrecentado tanto en San Luis Potosí que la confianza en las autoridades locales ha ido decreciendo por aquello que se ha dejado de hacer.
El primero de los “Retos” a los que se propuso el actual gobernador, es el que a la letra dice (o deberíamos decir, dijo, porque parece que ya no son palabras que correspondan al presente): “Mejorar sustancialmente la cobertura y calidad del servicio de seguridad pública, mediante la operación coordinada, racional y honesta, profesional y eficaz de los cuerpos de seguridad pública…a fin de garantizar el orden social y la sana convivencia de la comunidad”.
Los padres, familiares y amigos de los jóvenes estudiantes muertos en un fuego cruzado entre delincuentes hace unas semanas en Ciudad Valles, tendrían mucho que reclamar de ese “Reto” incumplido. Salían de una fiesta de graduación y ya no regresaron a casa. Apenas tenían 17 años.
Los ejecutados y cuyos cuerpos fueron encontrados en un basurero o los que fueron localizados en un paraje cercano al ingenio Plan de San Luis, reducidos a la vana explicación de que fue un ajuste de cuentas, eran narcomenudistas.
Aquel “Reto” electorero de “Primero la Seguridad Pública” es ahora a diez meses de gobierno una prueba no superada. Las muertes, el pánico, la psicosis, así lo acreditan.
“Como lo revelan las recurrentes denuncias y demandas de la población, en los años recientes, el número de crímenes ha observado un acelerado incremento”, decía el doctor candidato en campaña y en consulta médica gratuita a quien se pusiera enfrente.
De ese “Reto” lo único que queda es la pretensa disculpa de “la seguridad no se logra por decreto”.
Lastimosa realidad la de un gobierno de escasa factura que no ha devuelto la tranquilidad perdida.
Si el doctor Toranzo no lleva la cuenta de las muertes violentas ocurridas en su temprano sexenio, bien haría en al menos sacar del baúl del recuerdo sus compromisos de campaña, aunque con ello pueda ser que se trague cual aspirina sus propias palabras.
No es consuelo el que en otros estados la fatídica estadística diaria de violencia supere por mucho a la potosina, las muertes sin importar su cuantía valen por igual.
San Luis Potosí no la viene pasando bien y eso es responsabilidad de las instituciones públicas y de quienes las encabezan.
La segunda parte del sexenio de Marcelo de los Santos se significó a su vez por los hechos violentos de toda índole y los primeros diez meses del torancismo van por el mismo derrotero. Tan ineficiente el uno como el otro, con la agravante de que el priísta ofreció hacer lo que no logró su antecesor.
Al menos para Ciudad Valles y Ríoverde, el cambio de gobierno estatal no ha traído como resultado una mejoría en el tema de la seguridad, por eso, en esas ciudades, sus habitantes viven en la incertidumbre y la desolación.
Mejorar la seguridad no pasa por el signo y el color del partido, sino por la capacidad de quienes gobiernan, por eso, da lo mismo si son panistas o priístas, no hay poder que se anteponga con éxito a lo que el secretario de Seguridad Pública, Enrique Galindo Caballos llama “quienes desequilibrar a la sociedad con acciones delincuenciales…quienes atentan contra la paz y la tranquilidad de la población”.
Vale recordarle al secretario, que esos “quienes” son a los que el candidato Toranzo dirigía su “Reto”, aquel el de “Primero la Seguridad Pública”, del que no se tienen sino pobres, magros resultados.
Para enderezar el actual estado de cosas, habría que empezar por lo menos en poner atención a la crítica, especialmente la que ha ventilado ayer Acción Nacional que gobierna Ciudad Valles y Ríoverde.
Se acusa que ante la violencia, el Gobierno del Estado ha dejado solos a los alcaldes, lo cual no deja de ser grave y preocupante, sobre todo, si se refresca la memoria acerca de los llamados de auxilio de la alcaldesa vallense, Socorro Herrera Orta, quien desde las primeras ejecuciones de inicio de año, había solicitado apoyo para enfrentar la situación.
Apoyo que no ha llegado por la sencilla razón de que el “Reto” torancista a favor de la seguridad, ante la ausencia de respuestas locales. lo ha tomado el ejército y la federación.
A ver si el gobernador renueva sus votos de campaña. Está visto que en seguridad, no ha cumplido.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO. JUEVES, 08 DE JULIO DEL AÑO 2010.- Diversos fiscales de la Procuraduría General de Justicia manifestaron su inconformidad ante los recientes movimientos realizados en el organismo, se reunieron con el representante del Procurador General, Cándido Ochoa Rojas, para exponer sus quejas.
