¡Pánico Financiero!
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En México, HSBC cerró sucursales por “lavado” de dinero. Usaron al banco narcotraficantes y terroristas. Según la investigación del Comité, la filial mexicana de HSBC expuso al sistema financiero de Estados Unidos a alto riesgo de “lavado” de dinero al exportar hasta 4 mil millones de dólares en efectivo desde México.
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Al comparecer ante el Comité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos, Thurston explicó que además de cerrar sucursales en México, se cancelaron al menos 50 mil cuentas en las Islas Caimán para tener control de la situación.
WASHINGTON. — Una investigación del Senado de Estados Unidos puso al descubierto la vulnerabilidad de los controles anti lavado de dinero del sistema bancario mexicano, y acusó al banco británico HSBC, de haber permitido que los cárteles mexicanos de las drogas se hicieran “más poderosos” al tolerar que blanquearan grandes cantidades de recursos.
Ayer, durante una audiencia en el Senado, HSBC anunció el cierre de un indeterminado número de sucursales en “zonas de alto riesgo” para el blanqueo de activos en México, y la cancelación de casi 20 mil cuentas bancarias en las Islas Caimán.
Además, el principal responsable de las labores de auditoría del banco, David Bagley, anunció su dimisión ante el subcomité de investigación del Senado a cargo de Carl Levin, el legislador que acusó a HSBC de haber permitido que los cárteles se hicieran “más poderosos” al haber dado la espalda al lavado de dinero y al financiamiento de actividades terroristas a través de su extensa red de filiales internacionales.
“He recomendado al grupo que ahora es el momento adecuado para mí y para el banco de que alguien nuevo sirva como jefe de control del grupo”, dijo Bagley.
En una audiencia que contó con la nutrida presencia de funcionarios de HSBC, legisladores y periodistas, Bagley contó con la ayuda de su colaborador y ex presidente ejecutivo de HSBC en México entre 2007 y 2008, Paul Thurston, quien refirió los muchos problemas que enfrentó la institución para operar en el problemático “ambiente de México”.
En un tono que desplegó en busca de comprensión y, quizá, de la absolución por adelantado de una investigación que conduce el Departamento de Justicia, Thurston reconoció que el modelo antiguo de HSBC en México sólo exacerbó los problemas en las filiales, los que fueron aprovechados por el crimen organizado para lavar ingentes cantidades de dinero.
“El ambiente de México resultó más desafiante de lo que yo jamás había experimentado”, dijo Thurston. “Los gerentes de sucursal operaban como dueños de una franquicia, con un elevado grado de autonomía... Además, los empleados del banco se convirtieron en blanco de sobornos, extorsión y hasta secuestro”, dijo el ex funcionario de HSBC en México al asegurar que, tras lecciones aprendidas, se han tomado nuevas políticas y una nueva cultura de tolerancia cero hacia procesos de revisión y certificación de los recursos que hoy son objeto de una investigación criminal en Estados Unidos.
Apenas ayer, el senador Carl Levin, quien preside el subcomité de investigación en el Senado, difundió un informe de más de 300 páginas en el que se acusa a la filial de HSBC en México de haberse convertido en uno de los principales centros de lavado de dinero al servicio de los cárteles de la droga y de haber expuesto al sistema financiero estadounidense a un amplio espectro de riesgos de blanqueo de activos procedentes del narcotráfico y financiación terrorista.
“Entre 2007 y 2008, la filial de HSBC en México fue el más importante exportador de dólares a la filial de HSBC en Estados Unidos, enviando 7 mil millones de dólares en efectivo, con lo que se supera a los más grandes bancos de México y otras filiales de HSBC en el mundo”, se señala en el documento que fue elaborado por el subcomité.
El informe destaca que algunos de los miles de millones de dólares en efectivo fueron enviados por avión o carretera desde México hacia Estados Unidos.
Además, la filial mexicana tiene 50 mil cuentas y fondos por 2 mil 100 millones de dólares en las islas Caimán, a pesar de que no tiene ni oficinas ni empleados en ese lugar.
En una muestra de su disposición para cooperar con la investigación que conduce el Departamento de Justicia, los funcionarios de HSBC dieron a conocer las nuevas directivas para impedir el lavado de dinero y confirmaron el cierre de las cuentas de dólares de cientos de clientes en las islas Caimán.
El informe del Senado también acusa al banco de hacer negocios con la principal institución financiera de Arabia Saudita, Al Rajhi Bank, a la que Washington vincula con diversos grupos terroristas islámicos, en especial con Al Qaeda.
Mientras los altos ejecutivos de HSBC comparecían ayer ante el subcomité de investigación del Senado, las conversaciones para llegar a un acuerdo negociado con el Departamento de Justicia avanzaban de forma obligada para sortear una investigación criminal contra varios ejecutivos de esta institución que habrían sido cómplices de los cárteles de la droga al ocultar grandes flujos de dinero entre México y EU.
“Desaparece” el escolta del comandante de la policía estatal, José Julián Rojas Hernández. Esconden a los abogados de los 3 policías arraigados, el expediente penal en la PGJE.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO.- “Desapareció” el escolta del comandante de la policía estatal, José Julián Roja Hernández.
Los familiares de los 3 policías arraigados revelaron que el día del crimen, el comandante Rojas Hernández “iba acompañado de su guardaespaldas personal”.
Dicen que no lo han presentado a declarar, ni se encuentra arraigado, ni lo han llamado como testigo principal de los hechos.
Denuncian también que la Procuraduría de Justicia del Estado, no le ha dado acceso a los abogados de los policías detenidos, al expediente penal, en relación al asesinato del elemento de Seguridad Pública del Estado, José Julián Roja Hernández.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, tampoco había analizado las declaraciones por la misma situación, “les han escondido el expediente”.
Familiares de los agentes estatales José de Jesús Niño Ordaz e Ismael Eduardo Ávila Hernández, indicaron que el Ministerio Público Especializado en Delitos de Alto Impacto, no les había dado oportunidad de presentar sus argumentos de defensa.
Actualmente los policías, incluyendo al agente municipal Armando Tovar García, se encuentran bajo arraigo en tanto la Fiscalía continúa recopilando elementos para la integración de la averiguación previa.
Explican sus familiares que Tovar García llegó a la escena del crimen, porque a 3 cuadras hay un módulo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
Los familiares de los policías estatales señalaron que tras la ejecución el pasado viernes por la tarde, los compañeros de la DGSPE los detuvieron en sus domicilios con lujo de violencia aún frente a sus menores hijos.
Indicaron que Ismael Eduardo Ávila estaba con sus hijos en su vivienda, cuando llegaron los policías y a golpes lo subieron a una patrulla y luego ya no supieron de él.
Por su parte, a José de Jesús Niño lo detuvieron frente a su casa y lo golpearon en presencia de su hija; en este caso, indicaron que durante el día, el agente estuvo haciendo unos trámites en el Seguro Social.
Tras el arresto no supieron su paradero, hasta el sábado al mediodía que les avisaron que los tenían en el edificio de Seguridad.
Asimismo, dicen los parientes que el Ministerio Público no les permite visitarlos, sólo a la esposa de uno le concedieron cinco minutos pero a la otra le han negado la visita bajo distintos argumentos.
Sin embargo, aseguran que pudieron enterarse que luego de la detención de los llevaron a una base de la Policía Federal, en donde los interrogaron a base de tortura e incluso con los ojos vendados los hicieron firmar unas hojas de su supuesta confesión, que sospechan estaban en blanco.
Ahora, los familiares dicen temer por su integridad física ya que consideran que los policías estatales que llevaron a cabo la detención, regresen a sus domicilios a sembrarles pruebas o a hacerles daño físico.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que inició formalmente las investigaciones y ya pudieron entrevistarse con los detenidos, quienes narraron las condiciones en que los arrestaron y el posterior interrogatorio.
El director de quejas del organismo, Pablo Loredo, dijo que también se ha atendido a los familiares pero indicó que la investigación apenas empieza y no se pueden adelantar resultados.
Aclaró que la Comisión no tiene ninguna injerencia sobre las investigaciones de la Procuraduría, pero de encontrar violación a los derechos humanos en cuanto a la forma que se dieron los hechos, se habrá de actuar de acuerdo a sus facultades.
Martha Elena Meade Espinosa: “la cuñada dorada”.
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La dependencia a cargo de Martha Elena Meade Espinosa, ha sido fuertemente criticada por los pobres logros en promoción económica durante los casi tres años de gestión, en que el estado ha perdido la pelea ante la llegada de empresas como Volkswagen, Pirelli, Mazda, Honda y Nissan.
SAN LUIS POTOSÍ. MÉXICO.- A pesar de su gris desempeño y nulos resultados en materia de atracción de inversiones, la Secretaría de Desarrollo Económico ejerce una nómina mensual de 528 mil 279 pesos para pagar a una secretaria de estado, nueve direcciones y 90 empleados como plantilla base.
La dependencia a cargo de Martha Elena Meade Espinosa, ha sido fuertemente criticada por los pobres logros en promoción económica durante los casi tres años de gestión, en que el estado ha perdido la pelea ante la llegada de empresas como Volkswagen, Pirelli, Mazda, Honda y Nissan.
La dependencia más gris de la administración estatal por sus pobres resultados, paga a su titular aguinaldo de 70 días y bonos de hasta 20 días al año. Meade Espinosa es cuñada de Miguel Valladares García, el dueño del periódico PULSO y del SAN LUIS HOY.
La Sedeco agrupa nueve direcciones en su organigrama en las áreas de Mejora Regulatoria, Desarrollo Artesanal, Planeación Económica y Competitividad, Desarrollo y Promoción Industrial, Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo, Desarrollo y Promoción Minera, Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Dirección Técnica de Minería así como la Dirección Administrativa.
De igual forma, la dependencia paga una Contraloría Interna, una Unidad Jurídica, la Secretaría Particular de la funcionaria y una Representación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí en la Ciudad de México donde laboran la titular de la oficina, cinco auxiliares y un chofer de primera.