LA DIRECCIÓN DE PENSIONES, PERDIÓ 1 MILLÓN 300 MIL DÓLARES, EN LA BOLSA DE VALORES DE PLATINUM TRADE BANCORP L. P.
Conferencia de prensa del SITTGE. Miércoles 13, febrero 2013.
La Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, perdió 1 millón 300 mil dólares, en la bolsa de valores, de una institución financiera ubicada en Auckland, Nueva Zelanda, denominada Platinum Trade Bancorp L. P.
En conferencia de prensa, Francisca Reséndiz Lara, Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), reveló que el 15 de julio del año 2010, en sesión ordinaria de la junta directiva, la Dirección General de Pensiones (DGP), aprobó la primera de las dos inversiones que ha realizado en una institución financiera, ubicada en Auckland, Nueva Zelanda, denominada Platinum Trade Bancorp L. P. El SITTGE exige una auditoría externa a Pensiones, y que la Auditoría Superior Revise las guanacias y las pérdidas, de estas inversiones en el extranjero.
Esa fecha, según el acta correspondiente a la sesión ordinaria de la junta celebrada ese día, Pensiones destinó 250 millones de pesos a la inversión. El sector burócrata aportó 200 millones de pesos, la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), destinó otros 20 millones de pesos, y del Fondo Contingente se aportaron otros 30 millones de pesos.
Dos meses y medio después, el 30 de septiembre, la junta aprobó otra inversión, que sumó 120 millones de pesos más a Platinum Trade Bancorp L. P., esta vez, del fondo de burócratas se tomaron 100 millones de pesos, y otros 20 millones provenientes de la Sección 52 del SNTE. En ambos casos, según las actas, las inversiones fueron respaldadas con pólizas de seguro, aunque sólo en la inversión de septiembre, se identifica a la empresa responsable de la fianza: Provident Capital Indemnity Limited.
SE AMPARA SITTGE CONRA LEY DE EGRESOS 2013.
En rueda de prensa, la lideresa del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz Lara dio a conocer el amparo que interpuso contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto de Egresos 2013 ya que se contrapone a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí cuyo artículo 39 dispone que “Las instituciones públicas de gobierno y los sindicatos, conjuntamente, revisarán los salarios y las prestaciones que disfrutarán los trabajadores. Los salarios nunca podrán ser inferiores al mínimo general y profesional para el área económica donde se preste el servicio.
Por lo cual, el Presupuesto de Egresos ilegalmente se contrapone a la ley burocrática, en su artículo 30, el Gobernador dice expresamente que por ningún motivo y en ningún caso el salario será superior al incremento al salario mínimo, un abuso, un comportamiento de discriminación que afecta a todos los trabajadores sindicalizados o no.
BERNARDINA: PURA FARAMALLA.
A su vez, denunció que Bernardina Lara Arguelles, se amparó sólo con 152 de sus allegados cuando es una típica falacia muy de su comportamiento tradicional con el gobierno, pasivamente dice que impugna “y en el fondo negocia en lo oscurito”.
Se supone que Bernardina ya fue hasta diputada, un regalo del mismo gobierno, ella se pondrá a favor de Toranzo y no de los trabajadores de su sindicato: “lo que hizo es una comparsa con gobierno pues la fuerza sindical es la Asamblea y ella no lo hizo”, dijo.
Agregó que el Circo de Lara Arguelles fue igual al del robo a Pensiones, donde “jugaron” en las bolsas europeas 3 millones de dólares y perdieron más de un millón 300 mil dólares y nadie hizo nada, y nadie salió afectado porque el Gobierno calló ante los abusos de los directivos en la Dirección de Pensiones, el mismo Oziel Yudiche Lara, tuvo un comportamiento cómplice.
Dijo que el SITTGE presentó su amparo ante el juzgado sexto federal el 12 de febrero a las 11 de la noche para impugnar el Decreto de la Ley de Egresos pues el Gobernador no tiene derecho de afectar a sus propios trabajadores ni tiene derecho de violar la ley burocrática a su antojo.
TENTACIÓN FINANCIERA.
Sobre la pérdida de 1 millón 300 mil dólares, explicó que la razón por la cual la DGP, decidió invertir en la institución de Oceanía fue el atractivo interés. Las tasas anuales ofrecidas fluctuaban entre 10.68% y 12.88%, muy por encima del rendimiento ofrecido por cualquier institución financiera nacional.
El otro atractivo de Bancorp era que con ellos, la inversión no pagaría impuestos o serían muy reducidos, pues se trataba de una empresa que se autodefinía en su página de internet como un “centro financiero offshore”.
En la jerga financiera, una institución “offshore” es aquella que ofrece a sus clientes no residentes en el domicilio de ésta altos rendimientos y una exención o reducción de las obligaciones tributarias. También se les conoce como “paraísos fiscales”, muy atractivos para inversionistas que pretenden evadir impuestos o esconder el origen de los recursos.
Además, en su página web (www.platinumbancorp.com), la institución ofrece absoluta discreción. “Sus asuntos financieros permanecerán en privado entre usted y Platinum Bancorp”, presume y explica que se eligió Nueva Zelanda como sede porque se trataba del país que tiene una de las leyes más drásticas sobre secreto bancario.
Y aunque en las actas de Pensiones se menciona al Platinum Trade Bancorp como un banco, la misma empresa, en su página de internet, advierte que “ofrece servicios como un centro financiero privado offshore y no como un banco registrado”, además, señala que no está sujeto a la regulación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
El director de Platinum Trade Bancorp es un mexicano: Salvador Lavalle Guizar. De acuerdo a su perfil en la red social orientada a los negocios Linked in, Lavalle Guizar es director ejecutivo de la institución desde octubre de 2009. Titulado en la Universidad Iberoamericana en el DF, se autodefinió como especialista en el desarrollo de negocios internacionales, con experiencia en finanzas, seguros, minería, energía y bienes raíces.
Pese a que las autorizaciones de las inversiones se registraron en 2010, en al menos un caso, en el de la segunda inversión, la de los 120 millones de pesos, el depósito no se realizó sino hasta julio de 2011.
Así lo prueba el reporte de orden de pago internacional emitido por Banorte que certifica que el 29 de julio de 2011, de la cuenta 0840016447 se destinaron 10 millones de dólares, equivalentes a 124.6 millones de pesos, según la cotización de ese día, a la cuenta 809-789522-838 del banco HSBC de Hong Kong, cuyo beneficiario era Platinum Trade Bancorp L. P.
El documento, no menciona a la DGP, sino que muestra a Oziel Yudiche Lara, titular de la dependencia estatal, como quien capturó y ejecutó la transacción. Pero desde meses antes, los nombres de Yudiche Lara y de la DGP fueron involucrados en el complejo entramado de un caso de fraude a nivel internacional.
El 21 de marzo de 2011, la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida, una especie de registro público de la propiedad y el comercio, emitió el documento de registro P11000027925, en el cual declaraba inscrita a la empresa Scanamerica Holding Corp, con domicilio en 11953 W Colonial Drive, en Ocoee, Florida. El documento define el propósito de la empresa como “cualquiera y todos los negocios legales”, y muestra que nacía con la emisión de mil acciones.
Como agente registrador, accionario único, presidente y vicepresidente de la empresa, aparecía el nombre de Yudiche Lara y a través de una “firma electrónica” afirmaba que los hechos plasmados en el documento eran ciertos y que sabía que proporcionar datos falsos constituía el delito de felonía.
Evidencias del cargo de Yudiche Lara como directivo de la empresa son los ciberdirectorios de negocios estadunidenses www.manta.com y www.corporationwiki.com, que lo ubicaban como director de la empresa.
Pero el paso de Yudiche Lara como dueño de una empresa estadunidense duró apenas poco más de tres meses, pues el 29 de junio de 2011, la misma dependencia inscribió un nuevo documento en el que se le removía de sus cargos, quedando en su lugar como presidente, vicepresidente y accionista único una persona de nombre Jaime Jiménez. Jiménez, sin embargo, no realizó el trámite. De quien aparece el nombre y firma, bajo el mecanismo de un poder legal, es de Salvador Lavalle Guizar, el director ejecutivo de Platinum Trade Bancorp.
Igual de efímero resultó ser el sucesor de Yudiche Lara en Scanamerica Holding Corp. De hecho, tan sólo en julio de 2011, la empresa tuvo otros dos cambios de propietario, hasta llegar al actual propietario Jack Morris Jr. En los cambios está involucrado, en un cargo identificado como “agente de hecho”, Daniel Fernández Rojo Filho.
Rojo Filho es un empresario brasileño que enfrenta diversos procesos penales en Estados Unidos por manejar un esquema financiero fraudulento denominado pirámide de Ponzi, que consiste en hacer creer a inversionistas que están entrando en un redituable negocio, que paga más dividendos si consiguen la entrada de nuevos socios. El esquema funciona durante cierto tiempo, pero colapsa a la hora de que los socios piden el retorno de sus inversiones.
Enfrenta diversos procesos penales en Estados Unidos, en uno de los cuales, el 6:09-cv-1852-Orl-28GJK, iniciado el 20 de enero de 2010 por el gobierno de Estados Unidos en su contra ante una corte judicial asentada en Florida, se le embargaron diversos bienes, que incluyen inmuebles, dinero en cuentas bancarias, autos lujosos y casi 400 barras de oro puro.
El documento procesal, menciona que entre las propiedades a decomisar están una lujosa casa rodante, y dos autos exclusivos, un Audi R8 y un Lamborghini Diablo. El domicilio ofrecido por la corte estadunidense como posible ubicación de estos tres bienes es 119653 W Colonial Drive, Ocoee, Florida. Es decir, la misma ubicación de Scanamerica Holding Corporation, la empresa fundada por Oziel Yudiche Lara.
La misma dirección aparece en el registro ante el Departamento de Estado de Florida, fechado el 18 de abril de 2011, de una empresa denominada Platinum Trade Group L. P. La semejanza con el nombre de la institución financiera que recibió los fondos de la DGP potosina no es casual. Quien la registró fue Salvador Lavalle Guízar.
Oziel Yudiche y la DGP también han sido involucrados, indirectamente, en otra controversia legal. Un empresario latinoamericano asentado en Miami mantiene una demanda penal contra Salvador Lavalle, Rojo Filho y un empresario de origen portugués, Pedro Benavides. El inversionista, ofreció información y documentos, con la condición de mantener su identidad bajo reserva. Relató que desde 2010, los tres acusados lo contactaron para pedirle que invirtiera en el financiamiento de un proyecto minero a Brasil.
Para generar su confianza, los promotores le aseguraron que estaba respaldada por fondos de la Dirección General de Pensiones de San Luis Potosí, que, presuntamente, también tenía invertidos recursos en ese proyecto. El afectado aceptó participar y les confió una cantidad no precisada, pero definida por el inversor como “considerable”.
A cambio, como garantía, recibió un documento conocido como “Pro forma Invoice”, emitida por la empresa financiera South Atlantic Investments Corporation, asentada en las Islas Vírgenes Británicas, otro paraíso fiscal, que amparaba el traspaso de 750 mil dólares a favor de “Platinum Trade Bancorp LP, representada por Salvador Lavalle Guizar y la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí”.
Sin embargo, el tiempo pasó y los rendimientos prometidos no llegaron, por lo que empezó a reclamar. Primero recibió peticiones de que esperara más tiempo, pero ante el incumplimiento, le fueron entregados, como pagos, ciertos bienes. Empero se inconformó pues algunos inmuebles como una fábrica estaban en malas condiciones. Incluso también le fue entregada la propiedad de Scanamerica Holding Corp, solo para ser despojado de ella en julio del año pasado.
Por esa razón, demandó penalmente a Lavalle Guizar, Rojo Filho y a Pedro Benavides. En este proceso, no están incluidos ni Yudiche Lara ni la DGP, pero el afectado insiste en que, si la dependencia potosina tiene sus fondos que invirtió, que se los devuelva.
Otra dificultad que enfrenta la inversión de Pensiones tiene que ver con la póliza que contrató para respaldar al menos una de sus inversiones en Platinum Trade Bancorp. Se trata de la de septiembre de 2010, por 120 millones de pesos.
Y es apenas el 23 de octubre pasado, el Departamento de Justicia de EUA comunicó que el ciudadano costarricense Minor Vargas Calvo, presidente y principal accionista de la empresa contratada por la DGP para proteger su inversión, había sido condenado a 60 años de cárcel por defraudar 500 mil millones de dólares a tres mil 500 clientes en todo el mundo, además de lavado de dinero.
La investigación de la demanda, que databa desde enero de 2011, encontró que Provident Capital Indemnity Limited era una empresa que operaba en la isla caribeña de Dominica, considerada también un “paraíso fiscal”.
REVELA LA PGJE, QUE USAN TELÉFONO DE LA PERIODISTA SECUESTRADA EN RIOVERDE. “NO HAY CAPETAZOS”, SE SIGUEN BUSCANDO A LOS 2 COMUNICADORES DESAPARECIDOS.
El procurador de Justicia en el Estado Miguel Ángel García Covarrubias revelo que en el caso de la periodista originaria de Rioverde sigue activo, no ha habido "carpetazo".
El abogado del estado menciono que luego de tres meses desaparecidos, el teléfono celular de la periodista sigue en uso y es una evidencia que tiene en su poder la Procuraduría de Justicia.
A pesar de que no se ha sabido nada de los periodistas desaparecidos en nuestro estado el procurador Miguel Ángel García Covarrubias, rechazó que exista carpetazo en torno a las investigaciones de los dos periodistas que se encuentran calidad de desaparecidos desde el año anterior.
Desde el pasado 26 de octubre del 2012 se registró la desaparición de la conductora de canal 12 en Rioverde Adela Jazmín Alcaraz López, mientras que el 19 de junio del mismo año se reportó la desaparición del reportero gráfico Federico Manuel García Contreras, en el municipio de Tanquián.
Sobre estos casos el procurador del estado dijo se están investigando: "Pero de ahí se sigue una serie de líneas de investigación, aunque hay veces que nos paramos porque no tenemos otras pruebas que recibir” concluyó.
“FABRICA”, JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ SIERRA, “CONFLICTOS PREMEDITADOS”, AL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ.
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PREVIO ACUERDO CON ANTORCHA, ORGANIZA PLANTONES PARA LUEGO "RESOLVER CONFLICTOS".
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YA LO HACIA EN EL GOBIERNO DE FERNANDO SILVA, PERO ÉSTE LO DESENMASCARÓ.
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SE ATIENE A UNA PRESUNTA AMISTAD CON LA EX SENADORA YOLANDA EUGENIA GONZALEZ A QUIEN TAMBIEN TRAICIONÓ.
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EL OBJETIVO AHORA ES "TUMBAR" AL SECRETARIO GENERAL MARCO ANTONIO ARANDA.
De acuerdo con la confesión de un integrante del movimiento antorchista, el subsecretario de gobierno, Eduardo González Sierra los obliga a hacer marchas y plantones para poder liberar los paquetes de ayuda, siempre con un interés político en lo que significa la creación de conflictos artificiales para desestabilizar a funcionarios de mayor rango, en este caso al Secretario General de Gobierno Marco Antonio Aranda y aumentar sus bonos con el gobernador en turno, la carta confesión incluye la descripción puntual del manejo del funcionario que se ampara en una presunta protección de la ex senadora Yolanda Eugenia González Hernández, amiga cercana a los jerarcas del PRI nacional con quien rompió desde hace tiempo por prestarse a este tipo de prácticas y por otras acciones que la también ex funcionaria consideró inmorales e impropias de alguien que se precie de hacer buena política.
Eduardo González, creador de conflictos artificiales.
Transcribimos la carta de un antorchista del cual nos reservamos el nombre por temor a represalias pero que debe servir para reflexionar y para que las autoridades tomen cartas en el asunto y restablezcan el orden dentro de la administración y en el apoyo a los grupos sociales.
CARTA DE UN ANTORCHISTA DESESPERADO:
Escribí esta carta porque considero que no debemos desgastar a la gente que cree en nosotros para aspirar a una mejor vida pero debo decirles que en un acuerdo de beneficio mutuo el Lic. González Sierra y nuestro líder Lenin campos traman “plantones y movilizaciones” en los que debemos traer gente para las marchas y bloqueos, sin importar si son niños o mujeres de la tercera edad.
El antorchista lucra con los recursos que obtiene de los programas de atención a grupos sociales; el funcionario se vuelve “indispensable”. Todo a espaldas del secretario general y nuestra gente sigue en las mismas, le llega la ayuda, es un hecho, pero tiene que pagarla.
Al principio de la administración de Toranzo, Yolanda Eugenia González Hernández, entonces en el cargo de subsecretaria, estableció requisitos para la entrega de paquetes de materiales a los llamados “grupos sociales” (nosotros estuvimos de acuerdo) entre otros distribuir los recursos de acuerdo al número de sus miembros o agremiados. Además, condicionó la entrega de los paquetes de ayuda a que los beneficiarios los recogieran personalmente con identificación en mano y firma de “Recibido” para evitar que los líderes luego cobraran “cuotas de recuperación”.
Al llegar Eduardo González Sierra al lugar que dejó González Hernández éstas regulaciones se hicieron “muy flexibles”; los paquetes se entregan a los líderes antorchistas para que ellos los entreguen a los beneficiarios, regresando al viejo vicio de que los dirigentes al momento de entregarlos “cobran” 500 pesos de “cuota voluntaria”. Los paquetes son de tres niveles: de 2, 3 y 10 mil pesos. Contienen bloq, cemento y “armex” (varilla).
González Sierrra sabe que presupuesto está previsto para cada grupo, pero para “protagonizar” el papel de “apagafuegos” estrella, le filtra a Lenin Campos los montos que hay para otros grupos, se ponen de acuerdo en “instalar” plantones – que atiende en principio Jesús Zarzosa - y luego de intercambiar telefonazos González Sierra “aparece” y rápidamente se “pactan” acuerdos” y la manifestación es levantada.
González Sierra gana: presume al secretario general su eficiencia. Se pone “medallas”. Lenin Campos, líder antorchista gana porque del presupuesto de otras organizaciones que no tienen capacidad de movilización reciben recursos adicionales. Todo previamente orquestado, pero en ese afan de mutuo apoyo, nuestra gente sufre las consecuencias del cansancio, el sol y el hambre, la pasan muy mal después de cada plantón.
Por ejemplo: el movimiento antorchista protege a los taxistas piratas de Escalerillas y Pozos. El gobierno les da tolerancia para trabajar hasta ciertos límites de la ciudad. Los de Escalerillas pueden llegar hasta Himalaya. Pero es frecuente que den el servicio hasta dentro de la mancha urbana. Luego son detenidos por los inspectores de la Secretaría de Transportes y en ese momento el dirigente Lenin Campos convoca a estudiantes, choferes, ambulantes, etc, y bloquean la calle de Guerrero, donde está la dependencia de SCT. Ahí el “asesor jurídico” de Antorcha maltrata y gritonea al titular, Octavio Arredondo Mata, por horas sin moverse de su intransigencia.
Pasadas las horas de presión convenidas entre los ya citados, los “manifestantes” se niegan sistemáticamente a negociar con el titular de la dependencia y exigen “otro interlocutor”. Ahí aparece González Sierra, ya con el acuerdo de Aranda, de resolver de inmediato: regresar las unidades requisadas y eliminar las multas correspondientes. Todos contentos a sus casas. El vapuleado secretario, Arredondo Mata es obligado a aguantar en silencio. El secretario general de gobierno es informado por González Sierra de que “el problema ha sido resuelto”.Los taxis piratas protegidos de antorcha siguen “trabajando” al margen de la ley.
El mismo esquema siguen con los estudiantes de antorcha: el presupuesto está negociado desde el principio, (viajes de los estudiantes con fines escolares), y pese a ello es frecuente que se hagan “plantones” de los muchachos para “protestar”. Estas protestas son incitadas por González Sierra a efecto de mantener presionado al secretario general, Aranda, y el negocio de antorcha y el subsecretario siga firme. Los dos siguen ganando.
Este recurso de González Sierra lo ha practicado desde antes, cuando fue funcionario en la misma oficina con Fernando Silva. Uno de los casos mas recordados es el del abogado huasteco Matilde Hernández, líder de Valles que amenazó con “suicidarse” si sus demandas no eran atendidas. Mantuvieron al gobernador de entonces “sumamente preocupado” por ese tema, claro, que el encargado de evitar que ocurriera el suicidio (¿?) del “luchador social” era el mismo González Sierra. Fue una charada hasta que el gobernador (Silva Nieto) advirtió el montaje.
Lo mismo hizo en ese periodo con la UCD que lideraba Guadalupe Castro. “Pactaron un mega “plantón” de vehículos” chocolates en las calles Uresti y Carranza. Al final –como estaba en el guión- todo se arregló en beneficio de Castro Almanza y el propio González Sierra. Posteriormente Silva Nieto fue informado de cómo lo “chamaquearon”.
Desafortunadamente no se puede hacer nada, sólo escribirlo y compartirlo con la gente porque no podemos seguir así, de todos modos nuestra organización es la mas grande y no hay necesidad de recurrir a este tipo de movimientos cuando tenemos la capacidad de dialogar y discutir nuestros proyectos y nuestras propuestas con los funcionarios como se ha hecho durante años.
atte.
UN ANTORCHISTA FIEL A LA CAUSA.
