EL DIPUTADO PLURINOMIAL GERARDO SERRANO GAVIÑO, “ES LA MASCOTA FAVORITA”, DEL EMPRESARIO CARLOS LÓPEZ MEDINA
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 ● El viernes 13 de noviembre del año 2015, durante la reunión de la Comisión primera de Hacienda Municipal, el diputado plurinominal “por un pelín”, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Serrano Gaviño, preguntó durante el debate: ¿Cuánto le debe Carlos López Medina, al INTERPAS, y al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí?
Más tarde, en conferencia de prensa, el diputado presidente de la Comisión Primera de Hacienda Municipal, Gerardo Serrano Gaviño, comentó que se rechazó del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo cual los valores catastrales vigentes, son los que se aplicarán el próximo año, “no hay ningún aumento ni de uno ni de dos, tres o cuatro por ciento, los valores catastrales de San Luis Potosí quedan iguales al año anterior, todo se paga igual”, dijo.
Con esta declaración Serrano Gaviño confirmó lo que en los tenebrosos laberintos del Congreso es un secreto a voces: “que es la mascota favorita del ZAR de los terratenientes potosinos”, Carlos López Medina.
El 12 de febrero del año 2015, el dirigente juvenil del PRI de la Red Jóvenes por México, Gerardo “El Chile” Serrano Gaviño, se registró como candidato a diputado local por el V Distrito, pero no por el PRI, sino por el Partido Verde Ecologista de México, que fue en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Nueva Alianza (PANAL).
A su registro lo acompañaron Manuel Lozano Nieto, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Marianela Villanueva Ponce, Paulina Castelo Campos, Fernando Pérez Espinosa, Edgar Durón Puente, el dirigente del Partido Verde Manuel Barrera Guillen y el empresario Carlos López Medina.
CARLOS LÓPEZ MEDINA LE DEBE COMO 75 MILLONES DE PESOS AL INTERAPAS, Y POR LO MENOS, 100 MILLONES DE PESOS AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO ● El empresario Carlos López medina, mejor conocido por su alias como “El Chato López”, le debe como 75 millones de pesos al INTERPAS, y por lo menos, 100 millones de pesos al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Sin pudor alguno declaró que le pagó su campaña a la presidencia municipal de San Luis Potosí, a Marcelo de los Santos Fraga. Y a todos, antes y después que él. Menos a Ricardo Gallardo Juárez. Así que el PRD no le debe el ascenso al poder.
Las autoridades revisan sus 2 empresas: AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO, Y EL CONDOMINIO RESIDENCIAL “LA LOMA CLUB DE GOLF”.
El martes 12 de abril del año 2012, la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable resolvió en contra de la autorización de la concesión, ese dictamen junto con los resolutivos negativos de las comisiones de Gobernación y de Agua, deben ser puestos a la consideración del Pleno en la sesión ordinaria programada para el próximo jueves.
En las condiciones que opera esa compañía, sostuvo, es de manera irregular, porque sin autorización les cobran a los vecinos cuotas por el servicio de conexión y dotación de agua potable. Incluso “les niega el acceso al club La Loma por no tener cubierto el pago de cuotas”, agregó.
Con la derogación de la adjudicación directa de concesiones, explicó, los legisladores pretenden “dejar más claros los requisitos para otorgarlas y que no se favorezca de manera tan absurda y burda, como se hizo con Aguas de Poniente por parte de Jorge Lozano”. Lozano Armengol omitió informar al Congreso del Estado del perjuicio económico y social que causaría concesionar el servicio de agua potable a Aguas del Poniente.
El documento de 45 cuartillas enviado al Poder Legislativo para su análisis y valoración, considera inválida la concesión de Aguas del Poniente, ya que los documentos presentados al Congreso por el Ayuntamiento son sólo un acto unilateral entre particulares que puede revertirse legalmente.
Bajo las condiciones de operación y reglamentación de Interapas, un fraccionador tiene la obligación de construir e instalar la infraestructura hidráulica a fin de ser conectado a la red pública. Los usuarios con mayor consumo pagan más que los pequeños, lo que permite subsidiar al consumidor menor.
Con la concesión, el Interapas deja de cobrar derechos y pierde una tarifa que se encuentra por arriba de la media de equilibrio, la cual permitiría subsidiar a usuarios de menor consumo así como financiar el crecimiento de la infraestructura hidráulica metropolitana.
¡Aguas con el agua de San Luis!
Primera parte. Eduardo Martínez Benavente. Mayo 4, 2008. A la regidora Beatriz Benavente, por su resuelta oposición al proyecto privatizador.
El ayuntamiento panista que preside Jorge Lozano Armengol está a punto de aprobar la concesión solicitada por la empresa Aguas del Poniente Potosino, en la que participan como principal accionista el fraccionador Carlos Gerardo López Medina, como socios minoritarios los hermanos José y Oscar de Jesús Cabrera Cabrero, como comisario el contador Marcelo de los Santos Anaya, y como apoderados Ángel Candia Pardo y Héctor Galán Espinosa, para convertirse en la prestadora de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado de una extensa zona del poniente de la ciudad, que abarca los fraccionamientos Lomas del Tecnológico Ampliación y Segunda Sección, y Residencial La Loma Club de Golf, en los que se levantan o se proyectan construir más de 2,168 residencias.
Se trata de un proyecto privatizador de injustificable mercantilismo en el que sus promotores utilizan el chantaje y sus relaciones con el poder para lograr sus objetivos, y que los potosinos debemos detener. La presión que ejerce López Medina sobre el Ayuntamiento para obligarlo a obrar en el sentido que le interesa consiste en que si no le dan la concesión que solicita seguirá adelante con la demanda que a favor de sus empresas falló un Juez de lo Civil por el pago de varios millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, porque durante la administración municipal de Octavio Pedroza se planteó un juicio de nulidad en su contra, reclamándole los vicios de forma por el incumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y el perjuicio patrimonial por la autorización del condominio residencial “La Loma Club de Golf”, lo que según el fraccionador, trajo como consecuencia que al hacerse pública la demanda se afectaran los intereses económicos de Urbanizadora Peña Blanca y Residencial La Tenería, así como su crédito comercial y prestigio personal. Si le conceden la autorización para operar su proyecto hidráulico retirará la demanda.
Sería incongruente e insensato otorgar una concesión para prestar servicios públicos a una empresa vinculada con López Medina, cuando sus inmobiliarias, que asegura que son las propietarias de los lotes de terreno en los que se prestaría el servicio de agua, cuentan con un negro historial: durante los últimos días de la nefasta administración del presidente concejal Jacobo Payán, se autorizó en “forma condicionada” el fraccionamiento “Condominio Residencial La Loma Club de Golf”, propiedad de Urbanizadora Peña Blanca, el que resultó de una escisión de un predio, que de acuerdo a los registros municipales no existía la autorización para su división, y menos la constancia de la entrega material y jurídica del área de donación que le correspondía al Ayuntamiento, en este caso 73 hectáreas del predio original. De igual manera no existía la constancia de pago por el cambio de uso de suelo que se había solicitado y obtenido varios años atrás, y sobre el que se autorizó el club de golf, motivo por el cual, de nueva cuenta la administración de Payán, condicionó contrario a toda norma jurídica la autorización de este fraccionamiento al otorgamiento de una fianza que garantizara el pago de dicho concepto; fianza que nunca fue otorgada y que no está considerada por nuestras leyes como un instrumento liberatorio de obligación de pago. En esos mismos días, la dirección a cargo del arquitecto Alejandro Mata Macías, autorizó el plano de dicho fraccionamiento, sin que para ello se hubiese determinado la superficie correspondiente al área de donación del Ayuntamiento, eximiendo con su irregular actuación al fraccionador de la obligación de otorgar el 15% del total de la superficie vendible, la cual al cuantificarse representaba otro menoscabo patrimonial para los potosinos de más de 10 hectáreas de las tierras más cotizadas de la ciudad. Ante los lectores de “Pulso” quedó exhibido el plano oficial del club de golf con la pedacería de los lotecitos que aparecían esparcidos sobre la superficie, lo que de ninguna manera podía aceptarse como superficie vendible.
El otorgamiento de esta concesión es un ejercicio para medir la reacción de la opinión pública, de tal manera que si la oposición y argumentos en contra son débiles podrían irse sobre otros conjuntos habitacionales. El borrador del dictamen de las Comisiones de Agua y de Servicios Públicos del Ayuntamiento está hecho a la medida de las ambiciones de la solicitante, probablemente elaborado por Candia Pardo, abogado de la empresa que pretende la concesión, el que también se desempeña como asesor y abogado de algunos asuntos jurídicos del Municipio. La Ley de Aguas del Estado permite que los servicios públicos de agua potable puedan ser prestados por particulares mediante una concesión hasta por 15 años que puede prorrogarse por otro período de igual duración, en el caso que nos ocupa procede la adjudicación directa sin necesidad de que se licite la concesión en virtud de que el desarrollador aportó las inversiones para el equipamiento urbano y otras construcciones anexas a este servicio. Todavía más, esta Ley es tan obsequiosa como inconstitucional porque autoriza al Ayuntamiento a otorgar dicha concesión sin la aprobación del Congreso del Estado, pues sólo para la prórroga, dice la Ley, se requiere tal consentimiento, no obstante que el artículo 115 de la Constitución del Estado establece que los Ayuntamientos no podrán celebrar acto o contrato alguno que grave o comprometa los bienes y servicios públicos de los municipios sin contar con dicha autorización, los cuales en su defecto serán nulos de pleno derecho. Con todo y esta advertencia, el proyecto del dictamen va para adelante y en el proyecto del dictamen se indica que no se requiere de dicha anuencia. Ante el incumplimiento de tal obligación, los usuarios del servicio podrían recurrir con todo éxito al amparo para evitar el pago de las cuotas que cobraría la concesionaria.
¡Aguas con el agua de San Luis!
Segunda y última parte. Eduardo Martínez Benavente. Mayo 11, 2008.
El argumento más contundente para evitar que el servicio público de agua potable pase a convertirse en San Luis Potosí en un bien privado es que el INTERAPAS dejaría de percibir los ingresos de las zonas residenciales de la capital del Estado que están por encima de su costo promedio, y que le permiten subsidiar a los usuarios de menores niveles de consumo que pagan tarifas más baratas, por eso, no resulta atractivo para la inversión privada la concesión del servicio en las zonas habitacionales de interés social o popular, pues tendrían que respetar las cuotas subsidiadas. Este sólo razonamiento debería ser suficiente para que el cabildo, controlado por la mayoría panista, niegue la privatización, que en este caso deberá ser aprobada por la mayoría calificada de los miembros que asistan a la sesión, esto es, por 12 de sus 18 integrantes, si es que se presentan todos los convocados. Hasta el momento han manifestado su rechazo 2 panistas, los dos frenteciviquistas, el del PRD y el príista Ángel Castillo Torres, falta por convencer a su compañero de partido, Fernando Díaz de León Pedroza para que no pase la solicitud.
No se nos puede olvidar que dentro de las 100 acciones prioritarias del gobierno de Felipe Calderón -en la 48 de su listado- se comprometió a iniciar en los primeros 100 días de su administración la infraestructura hidráulica de la presa El Realito, que nos garantizaría a los potosinos la disponibilidad del suministro de agua potable para los próximos 20 años. Compromiso fallido que cumple dos años el próximo 4 de septiembre. Si esta promesa fuera cierta, que caso tendría entonces concesionar el servicio a un particular, y seguir autorizando la extracción de agua del subsuelo en volúmenes desmesurados.
Las experiencias privatizadoras del servicio de agua potable en distintas ciudades del país nos han demostrado incrementos inmoderados en las tarifas, cortes del servicio e incumplimiento de las inversiones prometidas. No podemos perder de vista que el objetivo de los concesionarios es ganar dinero, no vienen a hacer obras de caridad, por lo que se renunciaría en cierta medida a los derechos que consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ratificado por México en 1981, que establece el derecho de todos a disponer del agua para el uso personal y doméstico en cantidad suficiente, en buenas condiciones de calidad, con facilidad y cercanía para obtenerla, así como económicamente accesible; esto último quiere decir que el agua hay que subsidiarla a todas aquellas personas que no tienen capacidad económica para pagar su precio real.
Es falso, como manifiesta en su solicitud la concesionaria, que los fraccionamientos del señor Carlos Gerardo López Medina sean actualmente propietarios de los 2,168 lotes de terreno sobre los que se pretende aplicar la privatización, pues hasta esta fecha han pasado a terceras personas varios cientos de esas propiedades, por lo que en todo caso se tendría que consultar a los nuevos dueños si están de acuerdo en que el servicio se los proporcione y cobre una compañía privada.
No encuentro ningún beneficio social o económico para los potosinos que justifique concesionar el servicio público de agua potable a un particular, pues de cualquier manera el fraccionador tiene la obligación de aportar la infraestructura hidráulica que se requiere para la prestación del servicio si quiere que le autoricen su proyecto inmobiliario; la que finalmente quedará conectada a la red pública; en el entendido de que todas estas obras pasarán a ser propiedad del organismo operador de agua cuando se reciba el fraccionamiento. Si un grupo de empresarios invirtiera el capital que se necesita para reponer las tuberías viejas y rotas de la ciudad, por las que se desperdicia más del 40 por ciento del agua que circula, tendríamos pocos argumentos para negarles que se hicieran cargo del servicio y cobraran por éste, porque entendemos que INTERAPAS no cuenta con recursos para su reposición, y a ninguna autoridad le conviene políticamente realizar inversiones tan cuantiosas que no se vean y menos que no luzcan.
Con una inversión de más de 100 millones de pesos, Aguas del Poniente Potosino construye las obras de infraestructura hidráulica que contribuyen a darle valor a las inmobiliarias del promotor del deporte López Medina, lo que le permite vender en más de 4 mil pesos cada metro cuadrado de terreno. Ahora bien, si dividimos los 100 millones que asegura haber invertido, entre los 2,168 lotes que forman los fraccionamientos en los que se solicita la concesión para prestar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado; resulta que a cada lote de terreno habría que agregarle por este sólo concepto un costo aproximado de 46 mil pesos, más los otros gastos relacionados con la urbanización y administración de los fraccionamientos. Si cada lote de terreno tiene una superficie de más o menos 400 metros cuadrados, su precio promedio de venta alcanza el millón 600 mil pesos por unidad, que es la cantidad que están pagando los adquirentes para hacerse de un inmueble en esa exclusiva zona de la capital. La verdad es que lo que menos me interesa es conocer cuánto gana o deja de ganar el fraccionador en este negocio, lo que pretendo demostrar con esta observación es que la inversión de más 100 millones de pesos no debe impresionar a ninguno de los miembros del cabildo para votar a favor de la concesión, porque si analizamos con atención este gasto nos vamos a dar cuenta que es muy poco cosa, si lo comparamos con la suma de la venta de todos estos inmuebles que puede ascender a más de 3 mil 468 millones de pesos.
Ni el 3% del dinero que va a recaudar. Ofende el cinismo del titular de la Comisión Estatal de Agua, Urbano Díaz de León, que ante la evidencia de los hechos, y una vez que emitió su opinión favorable que consta en el expediente, niegue que se esté privatizando o concesionado el servicio de agua potable.
Lo que ahora comienza a saberse. J. Victoriano Martínez G. / Diciembre 23, 2008.
La historia comenzó el 11 de marzo de 2005, cuando la empresa Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V. "presentó la Solicitud de Concesión de Servicios Públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, disposición y tratamiento de aguas residuales".
La administración municipal que entonces encabezaba Octavio Pedroza Gaytán no dio trámite a la petición y, de acuerdo con el dictamen del Cabildo aprobado hoy, la administración de Lozano Armengol, de manera oficiosa, decidió satisfacer al empresario, en perjuicio del resto de los habitantes de la ciudad: "Este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, para el ejercicio 2007-2009 determinó dar seguimiento a la solicitud de Aguas del Poniente Potosino S.A. de C.V., no obstante que la solicitud fue recibida bajo la disposición de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, solicitud que fue actualizada a la legislación vigente en materia de agua", señala el documento en la página 2.
El documento nunca menciona que Aguas del Poniente haya actualizado su solicitud y sí, en cambio, menciona que a partir del 6 de mayo de este año comenzaron el análisis del pedimento, que concluyó con la opinión por parte de la dirección de Asuntos Jurídicos, el pasado 24 de julio:
"...determinando que no existía ningún inconveniente jurídico para otorgar dicha Concesión a través de la adjudicación directa hasta por un periodo de 15 años, con opción de renovación a un periodo similar de tiempo".
El 21 de agosto, el destino del servicio público de agua potable ya se negociaba en privado. La Comisión de Agua Potable del Ayuntamiento reunió a personal de la Comisión Estatal del Agua y de Interapas con personal de Aguas del Poniente para darles la noticia: la concesión es viable y sólo les quedaba un detalle, negociar la contraprestación.
Tres meses y medio después, el 3 de diciembre, sin que los 297 mil 432 usuarios del servicio de agua potable hubiesen recibido información por parte del Ayuntamiento sobre la forma en que se modificaría ese servicio público, el empresario y el alcalde alcanzaron un acuerdo: "Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V. pagará como contraprestación por el total de los servicios que contiene esta concesión al Municipio de San Luis Potosí, la cantidad derivada de la siguiente fórmula: "El volumen de extracción de agua que la empresa denominada: Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., pague a la Comisión Nacional del Agua se multiplicará por el 14% y el resultado se multiplicará por el costo de la tarifa para uso doméstico que autorice el Congreso del Estado al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, este importe deberá cubrirse al H. Ayuntamiento en forma bimestral".
Es decir, del volumen de agua que consuman los habitantes de los fraccionamientos de López Medina el Ayuntamiento cobrarán sólo el 14 por ciento, y dejará de ingresarle el restante 86 por ciento. De acuerdo con el cálculo del Frente Cívico Potosino, por esta vía dejarán de ingresar a Interapas 20 millones de pesos que buscarán recuperar por la vía del alza a las tarifas.
Esa merma en el ingreso del Ayuntamiento puede ser aún mayor, pues para determinar los metros cúbicos que se consuman por parte de la empresa de López Medina, el Ayuntamiento nombrará a un supervisor, "quien tendrá las facultades de realizar la supervisión, análisis y compulsa de los datos en mención para seguridad y certeza de la determinación y pago de la contraprestación".
"En caso de que el supervisor encuentre diferencia o datos que no correspondan a los otorgados por la concesionaria, lo hará saber detalladamente al tesorero municipal, y este último deberá citar a la concesionaria, para que otorgue una explicación de dichos actos o diferencias", señala el dictamen.
De esta manera, queda en manos de una sola persona la definición de cuánto pagará como contraprestación López Medina, a quien se señala como patrocinador de la campaña por la alcaldía de Lozano Armengol y capaz de comprar voluntades. Logró que el Cabildo le otorgara la concesión, puede decidir pagar lo que desee como contraprestación, pues para hacerlo sólo tendrá que "convencer" a una sola persona.
Aguas del Poniente prestará el servicio de agua potable con pozos propios que le dan además la ventaja de cumplir con la obligación de un servicio que "asegure su continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que se busque la satisfacción de las necesidades de los usuarios".
Así, la ciudad se dividió en dos en materia de servicio de agua potable: * La zona en la que, por concesión, tienen garantizada en casas habitación "una dotación de 350 litros diarios por habitante por día, y 250 litros por habitante diarios para el Fraccionamiento La Loma Club de Golf, en el supuesto hacinamiento de 6 habitantes por lote". * Y la otra... sin garantías, pero con tarifas suficientes para cubrir lo que la otra aprovecha.
